Luego que el Consejo Nacional Ejecutivo de la American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) se uniera a la convocatoria para la marcha del 2 de octubre en Washington, DC, para exigir que el gobierno federal invierta parte de sus enormes recursos en la creación de millones de empleos, el movimiento laboral y sectores de la izquierda de Estados Unidos esperan que cientos de miles participen en ella.
Desde el 12 de junio pasado, el pueblo panameño enfrenta uno de los mayores retos de su historia. En esa fecha la Asamblea Nacional aprobó en sólo tres días, a puertas cerradas y por descargue, y en un ambiente de intimidación policial —¿algún parecido con acontecimientos recientes en Puerto Rico?— una ley inconstitucional que reforma tres códigos y seis leyes de la República, entre ellas la ambiental, para legalizar los proyectos depredadores de la naturaleza. Esa Ley 30 o Ley Chorizo, del presidente Ricardo Martinelli, busca suprimir el derecho de los trabajadores a la huelga y criminalizar la resistencia de las masas empobrecidas ante la feroz embestida de los dueños del capital.
La propuesta del Movimiento Independiente de Trabajadores (MIT) para celebrar una Asamblea de Pueblo ha sido calurosamente recibida por diversas organizaciones y activistas por los derechos laborales, de los inmigrantes y los derechos humanos. El Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) se une en solidaridad fraternal con el proletariado hermano en Estados Unidos, y con todos los sectores oprimidos dentro de la sociedad norteamericana.
Uno de los países europeos en que la crisis del capitalismo se manifiesta de manera más cruda es Grecia. Tanto la burguesía de ese país como las burguesías imperialistas de la Unión Europea (y en particular la alemana) pretenden a toda costa hacerles pagar un tributo draconiano a las masas trabajadoras y desposeídas para que les saquen de la crisis creada por esos mismos intereses explotadores.
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