Por Mao:
El anuncio del aumento de la factura de la energía eléctrica a principios del mes de febrero ha provocado indignación en el pueblo. Esto tras la privatización de las generadoras eléctricas por el monopolio trasnacional de New Fortress Energy. Los administradores coloniales no encuentran como ocultar la imposición del cargo al consumo de la energía eléctrica. Por lo que han solicitado posponer la discusión en la legislatura para el mes de abril sobre el llamado “cargo legacy charge” y en español, cargo heredado”
En la legislatura han citado a una ronda de cuestionamientos a representantes de la nueva privatizadora y a miembros del Negociado de Energía Eléctrica. Mientras que la Junta de Wall Street sigue con paso firme en que el aumento es inevitable y hasta el momento tienen convencida a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para llevarlo a cabo.
Entre una discusión y la otra, diversos sectores de la clase trabajadora anticipábamos desde el principio que el rescate que los representantes de Wall Street buscaban para salvar a la burguesía financiera conllevarían privatización, impuestos y aumentos de precios de los servicios esenciales. Todas hoy son una realidad en Puerto Rico.
Para las masas trabajadoras este cargo en el consumo de energía eléctrica representa un mayor empobrecimiento. Una reducción de servicios esenciales para nuestro sustento.
Ya ha sido inminente, con Luma Energy van siete. A estos siete se les sumará este “cargo fijo” que aumenta a 26 centavos el kvh. Esto es 18 por ciento más que los niveles del 2018 y 35 por ciento más que la meta de 20 centavos/kWh.
Ante este nuevo ataque para nuestra clase el Negociado de Energía Eléctrica dice: “debemos consumir menos en nuestras casas”.
Este ente político que sirve al capital privado pretende que reduzcamos aún más nuestros medios esenciales para vivir con el propósito de inflar los bolsillos de New Fortress Energy.
Solo es posible ver como se alinean los polos del estado capitalista contra la mayoría de la población en un sistema donde la minoría vive del trabajo ajeno. No hay una fórmula que puedan inventar en el modo de producción capitalistas donde la empresa privada no se apropie de nuestro trabajo. Es una ley de hierro del capital. Ya sea aumentando impuestos, en un cargo directo en el consumo de energía eléctrica o en una reducción en mano de obra en las plantas energéticas, lo cual provoca un servicio ineficiente, el efecto será el mismo, la minoría capitalista a través de su régimen de propiedad privada, apoderarse de la masa del trabajo de nuestra clase y darnos las migajas restantes para sobrevivir.
Tras años buscando completar la privatización de la AEE lo han logrado y con todo el control mediático nos hicieron creer que nos convendría cuando en realidad la inversión saldrá de nuestro bolsillo.
Los $14 mil millones de dólares en fondos federales que recibirá la AEE, que son fondos públicos, extraídos del trabajo de las masas obreras de Estados Unidos y de Puerto Rico, no son suficientes para reparar la red eléctrica. Se estima que hacen falta $20 mil millones de dólares. Por lo que el resto del dinero para poder reconstruir la red eléctrica lo conseguirán con el aumento en la tarifa de la energía eléctrica.
La privatización de la AEE busca meterse en un nuevo mercado de la energía renovable
Las limitaciones cada vez más presentes de la costura desgarrada de la democracia burguesa demuestran su debilidad tras el escudo jurídico que tienen los bonistas con la Junta de Wall Street.
El plan de los bonistas contempla diferentes escenarios. En el que una parte es cobrar lo más rápido posible la deuda de la AEE. Sin embargo, dentro de lo que se contempla en el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), su verdadero enfoque es la reestructuración de esa deuda. Lograr atraer nuevos inversionistas del capital financiero para reincorporar nuevas líneas de crédito que le permitan competir en el nuevo mercado global de energía renovable. Un mercado atractivo para los capitalistas en Puerto Rico ya que nuestras condiciones naturales podrían generar una capacidad de producción energética solar rentable.
Esas inversiones de las empresas privadas en la energía solar en el 2022 se dispararon en alrededor de $308 millones de dólares. Colocando a China como el primer lugar entre estas inversiones. Con el ojo bien puesto los capitalistas que se apoderaron por completo de la AEE están mirando la posibilidad de nuevas inversiones en este mercado.
Producción energética como proyecto de país, proyecto de la clase trabajadora
Transformar un sistema energético renovable no lo conseguiremos creando nichos pequeños privados en cada rincón del país. De esto se beneficiará el capital, abriendo su mercado a los pulpos de las matrices capitalistas que han monopolizado la producción de energía eléctrica en el mundo. Una producción pequeña de energía renovable, como la presentada por la organización Casa Pueblo en Adjuntas semanas atrás, requerirá efectividad real si como clase trabajadora nos insertarnos en la dirección administrativa de la AEE.
Estos nichos de producción energética comunitaria pueden ser servidores energéticos descentralizados en la medida en que estén organizados por la dirección de consejos obreros de barrios, donde estos tengan representación y participación directa en los asuntos administrativos de la AEE.
Para lograrlo hace falta que los trabajadores energéticos del país den un primer paso y consoliden sus esfuerzos en organismos políticos a través de consejos de trabajadores. Impulsen redes organizativas en las comunidades para establecer consejos de trabajadores y desde los mismos, luchar para que la AEE sea administrada por la participación directa de la clase obrera.
La producción energética es un proyecto de país de gran importancia que puede escalar hacia la cima de la práctica democrática mirándonos cara a cara como clase trabajadora para alcanzar la más alta calidad y capacidad del debate en la toma de decisiones colectivas en base a las necesidades del pueblo y no del capital.
Ese paso nos dará la oportunidad de arrancarle de las manos del capital uno de los más importantes medios de producción y avanzar en la nacionalización sin indemnización de toda empresa identificada como esencial para las necesidades de la sociedad y su reorganización bajo la administración de sus obreros según un plan económico nacional.