Residentes de Guánica viven entre las ruinas a 10 meses de los terremotos

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Por Ciba Amankaya

Las familias de Gúanica cumplieron 10 meses de vivir a la intemperie. Alrededor de 2mil casas quedaron comprometidas o inhabilitadas y 3mil guaniqueñxs permanecen desplazades. Las escuelas —que debieran servir como refugio ante emergencias— quedaron inservibles y las que no colapsaron están comprometidas estructuralmente. Como hemos denunciado anteriormente, muchas familias fueron expulsadas forzosamente de los refugios comunales por la policía municipal, obligándoles a regresar a las ruinas de sus casas. El municipio de Guánica, bajo el mando del infame alcalde Santos «Papichy» Seda, cerró todos los albergues comunitarios y oficiales para las personas desplazadas. Mientras tanto, el alcalde se mudó a lujosa urbanización con control de acceso en Guánica. Papichy ni Wanda ni FEMA han movido un pelo por habilitar espacios municipales que sirvan de refugio temporero. Asimismo, a la gran mayoría de estas familias no le han brindado una opción viable ni digna de resguardarse en una estructura segura, mientras «se resuelve» el dilema de la demolición y la reconstrucción. A la merced de sí mismas, comenzaron a improvisar campamentos a las orillas de las ruinas que por mucho tiempo le llamaron hogar.

Cocina improvisada por familia de 9 integrantes en Guánica frente a la estructura que les sirvió de casa. Foto por Abayarde Rojo. 

El costo de las ayudas de FEMA

Cuando FEMA afirma haber «asistido» a lxs residentes del sur por los terremotos, se refiere más bien al endeudamiento de cerca de $37.4 millones al que han sometido a alrededor de 1,315 sureñxs desplazadxs desde diciembre de 2019. Estos fondos están disponibles solo para las familias que cualifican con liquidez para repagar los préstamos. Estos préstamos son acogidos por la gente para sufragar los costos de demolición y construcción de estructuras nuevas. El costo de una demolición en Guánica es alrededor de $27mil. Sin embargo, FEMA solo ofrece $35mil a las familias que cualifican para asistencia. Esto obliga a las familias a endeudarse para lograr cubrir los gastos de reconstrucción que incluyen materiales y mano de obra. Abayarde Rojo recibió acceso a la factura que dejó FEMA a una de las familias en Guánica. Como pueden observar, ingenieros de FEMA estimaron que la reconstrucción de su hogar sumaría a $92,318.37. ¿De qué le sirve a una familia demoler si no cuentan con el dinero para reconstruir y para realojarse mientras acontecen los trabajos? La opción que ofrece la agencia federal para el manejo de emergencias es endeudar a familias empobrecidas mediante los préstamos que ofrecen. Esto representa más un problema que una solución. Muchas de las personas desplazadas son mayores, con condiciones debilitantes de salud, retiradas por el seguro social y no cuentan con un empleo. FEMA no autoriza la emisión de deuda para prestar servicios a estas familias si no cuentan con suficiente dinero de sus ingresos para pagar esa deuda. 

Estimado de FEMA le costó $500 a las familias guaniqueñas.

Luego de llegar a la vejez y retirarse, ¿quién puede darse el lujo de endeudarse de nuevo con una hipoteca? Las personas trabajadoras del sur no cuentan con la liquidez para asumir nueva deuda. Según datos recolectados entre 2013-2017 por el Centro de Información Censal (CIC, UPR-Cayey), publicados en enero 2020, la tasa de desempleo en Guánica es de 31.2% (casi el doble del resto de la Isla). Mientras tanto, se calculó que 65.1% de la población vive en pobreza (20 puntos porcentuales por encima del resto de los municipios). Esto hace de Guánica el municipio más empobrecido de Puerto Rico y Estados Unidos. Asimismo, el informe reveló que la taza de pobreza infantil en dicho municipio es de 82.8%, lo cual se contrasta con el 57.3% de pobreza infantil que sufre el resto del país. Los datos reflejan la precariedad que las familias obreras de Guánica han soportado incluso antes de los terremotos. Ahora con la pandemia, ante el saqueo del gobierno capitalista, el desempleo y el empobrecimiento se agudizan. 

Además de esto, muchas familias se han visto obligadas a continuar pagando hipoteca a pesar de que esas estructuras se encuentran destruidas o inhabitables luego de los terremotos. Algunas de estas familias habían acabado de culminar la construcción de sus casas cuando el terremoto las dejó en ruinas. Por otro lado, FEMA ofrece $500 a las familias desplazadas como asistencia individual para obtener refugio temporero. Según los testimonios de varias familias en Guánica, los costos de renta en el municipio se han disparado a más de $600 mensuales. Una vecina entrevistada relató que muchos propietarios de casas están recibiendo fondos de FEMA ($46.3 millones aprobados) para hacer arreglos mínimos a las estructuras y luego rentarlas a través del programa de FEMA para refugio temporero. Es decir, están recibiendo dinero para reparar sus propiedades, para luego rentarlas a familias que perdieron sus casas a través de la agencia. En lugar de hacer las rehabilitaciones estructurales pertinentes, muchxs propietarios apenas empañetan las grietas, disfrazan la estructura para que parezca segura, y se embolsillan el resto del dinero que les puso FEMA en las manos.

Es evidente que cuando el gobierno marioneta habla de recuperación ante de los desastres, se refiere a la recuperación de lxs capitalistas y pequeño-bugueses, no de la clase trabajadora empobrecida. Asimismo, la fuente nos confirmó que FEMA le ofreció un apartamento con un solo cuarto tamaño cajita de fósforos para su familia de 3, sin contar sus mascotas. Le querían cobrar $475 de renta mensual a la familia —que actualmente no cuenta con ingresos— sin incluir el gasto por consumo de agua ni de luz. Según nos dieron a conocer algunas vecinas por medio de sus experiencias, si FEMA asiste para los daños causados por terremoto, no ofrece asistencia para los daños provocados por otros. Esto es peligroso, ya que desde el 28 de diciembre de 2019 hasta el momento, continúan reproduciéndose réplicas de temblores que siguen socavando la estabilidad de las estructuras afectadas por el primer terremoto. 

El oportunismo político y el abandono a la clase trabajadora, empobrecida y desplazada

Al sol de hoy, ninguna de las familias entrevistadas ha tenido una respuesta contundente por parte de las agencias gubernamentales para atender sus necesidades con la urgencia que amerita. No existe un plan de trabajo, una cronología ni justificación del uso de los fondos federales para asistir a las familias desplazadas desde los terremotos. Frente a las cámaras, Papichy y Wanda se llenan la boca hablando de «plan de recuperación agresivo y ambicioso» y de los «5 pilares del nuevo Guánica«. Sin embargo, todas las familias que hemos visitado y entrevistado han atestiguado el oportunismo político del gobierno municipal, estatal y federal. Ni lxs vecinxs de Guánica ni Abayarde Rojo hemos tenido acceso a ningún plan de recuperación concreto publicado por ninguna de las capas del gobierno bugués.

Las agencias gubernamentales no tienen objetivos establecidos en tiempo ni espacio. Las apariciones del alcalde y la gobernadora no son más que un circo mediático inescrupuloso para disimular las trastadas a las que llevan sometiendo a les guaniqueñxs por 10 meses. El 23 de septiembre de este año, 9 meses después del primer terremoto experimentado en el suroeste y poco antes de las elecciones, Fortaleza y el municipio de Guánica lanzaron una conferencia de prensa donde informaron el comienzo de los trabajos de recuperación a través de la demolición de estructuras afectadas, limpieza de las áreas y procesamiento de los materiales. Sin embargo, a través de una entrevista reciente con una familia guaniqueña, este medio supo que luego del operativo mediático de Fortaleza en Guánica, los restos de la casa que demolieron en el pueblo no fueron inmediatamente removidos. La limpieza de la zona no ocurrió hasta que Papichy salió a pasear en su caravana política para promover su reelección como alcalde de Guánica. Que todo se viera «photo-finish» para las cámaras.

Circo mediático planificado por Fortaleza y el municipio de Guánica el 23 de septiembre de 2020. Foto obtenida de WIPR.

El plan de Papichy no tiene pilares, sino fachada. Las promesas vacuas son: demolición de estructuras inhabitables, construcción de nuevas estructuras, comprar vagones que sirvan de aula para la niñez guaniqueña, el establecimiento de refugios y control de inundaciones para el casco urbano. Ninguno de estos puntos ha sido abordado a la fecha de hoy. Como expusimos, la niñez estudia desde sus campamentos improvisados, las familias carecen de refugio digno y seguro, y el gobierno burgués no ha subvencionado las demoliciones necesarias para comenzar la reconstrucción de hogares. La fachada de Papichy pretende esconder el traqueteo y malversación de fondos federales. De las alrededor de 2mil casas afectadas por los terremotos, apenas mencionaron 120 unidades para ser demolidas. Sin embargo, ningún guaniqueñx tiene acceso al dichoso plan, ni saben cuáles serán esas 120 unidades por las que el municipio se comprometió, ni conocen los criterios para elegir apenas 120 unidades de las 2mil que quedaron inhabitables. Muchxs vecinxs temen que el determinante para escoger las 120 unidades que demolerá el municipio sea el panismo característico de la administración de Papichy.

Los medios de comuncación de Fortaleza notificaron al pueblo sobre una asignación de $14.4 millones al municipio de Guánica para poner en acción el supuesto plan de recuperación del municipio. De esta asignación de fondos, se aclaró que el alcalde ya cuenta con $5.4 millones en sus arcas. Sin embargo, hemos recibido incontables testimonios de cómo la dejadez por parte del municipio, el estado y FEMA ha obligado a lxs guaniqueñxs a pagar las demoliciones de sus propios bolsillos, dejando hasta el último centavo de sus ahorros o endeudándose para obtener el dinero. Esto, sin ninguna garantía de que FEMA les reembolsaría los gastos asumidos por las familias para los trabajos de demolición, limpieza y procesamiento que debió asumir el gobierno.

Las agencias gubernamentales les han hecho esperar por una respuesta 10 meses, llevándoles al desgaste emocional y físico del desplazamiento, para que la gente se canse de esperar y encuentren los recursos por su cuenta. Apenas unos días, una vecina de un barrio de Guánica compartió con nuestro medio que un agente de FEMA se apareció por su casa preguntando si la estructura todavía estaba ahí o si ya la familia la había logrado demoler por sus propios medios. En una de las visitas que hicimos en Guánica, observamos la primera demolición del barrio, costeada por la propia familia que perdió su hogar. La escena fue tétrica. Algunxs vecinxs dialogaban lo último sobre «dónde están las ayudas». La familia estaba sentada en una fila, observando con asombro a su esposo-padre rocear las ruinas con agua para asentar todo el polvillo que desataron las paredes al recibir el azote del digger. Esta familia, como muchas otras, se ha visto obligada a tomar el asunto en sus propias manos, ante la falta de una respuesta eficaz e inmediata por parte del gobierno capitalista.

Desplazades en temporada de huracanes

Lxs vecinxs nos explicaron lo abrumador que es vivir en medio de una pandemia con distanciamiento físico, entre réplicas constantes de temblores y época de temporales. Cientos de familias han pasado la temporada de huracanes dentro de las estructuras comprometidas por los terremotos, o bajo casetas y carpas donadas por grupos y familias solidarias de otros pueblos. Con mucho sacrificio, algunas familias pudieron costear la construcción de módulos de refugio temporero o han pedido apoyo a organizaciones privadas. Una de las jefas de familia entrevistadas reconoce que estos módulos hechos de paneles de madera, zinc y clavitos no aguantarían un huracán o una tormenta fuerte. «Aquí va a pasar lo mismo que con María», nos comentó indignada una vecina, reconociendo la ineptitud y lentitud de respuesta por parte de todas las agencias gubernamentales, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Sabemos que al sol de hoy —3 años después de los huracanes Irma y María— quedan alrededor de 27,900 familias en todas partes de la isla viviendo en condiciones precarias luego de la destrucción que dejó el huracán y que el gobierno bugués falló en atender responsablemente.

Estas circunstancias tienen paralelos y un origen común: el sistema socioeconómico basado en el lucro y la explotación, el oportunismo, la corrupción y malversación de fondos y recursos públicos. Tanto a raíz de los huracanes como de los temblores, supimos de vagones con suministros que fueron escondidos para aprovechar la oportunidad mediática para sus fines politiqueros. Cuando el gobierno de la burguesía obstaculiza el acceso a recursos básicos de supervivencia, ¿acaso el efecto concreto no es genocidio? Cuando nos embarga la educación, ¿acaso no nos condena al alfabetismo? Estas preguntas deben abordarse desde el reconocimiento de que la clase trabajadora somos quienes sufrimos las condiciones precarias impuestas por las medidas de austeridad tomadas por la Junta de Wall Street y avaladas por el gobierno boricua. Debemos reconocer que el empobrecimiento y la precariedad es el resultado de la falta de distribución justa de recursos y bienes materiales. Las poblaciones más afectadas son las mujeres, personas con identidades diversas, la niñez, vejez, y las personas negras de la clase trabajadora

Casa de hormigón colapsada en Guánica. Foto por Abayarde Rojo.

Desastre político: Junta de Control Fiscal, austeridad y la falta de acceso a servicios esenciales

Es verdad que la colonia mata, lo hemos vivido en carne propia todxs les puertorriqueñxs. El actual modelo económico de fundamento neoliberal, capitalista y colonial provoca que nuestra supervivencia y bienestar dependan de los intereses económicos y políticos del imperio estadounidense. Desde el inicio del desastre provocado por los terremotos, la administración de Trump impuso restricciones para acceder a los fondos destinados a la recuperación de los municipios sureños. De esta manera, el gobierno colonial de Puerto Rico deberá ceder autoridad a la Junta de Wall Street para controlar y administrar los fondos federales destinados a atender las consecuencias sociales del terremoto y sus réplicas. Una vez más, esta imposición afecta directamente a la clase trabajadora. Lxs obrerxs de construcción encargades de la recuperación estructural sufrieron una disminución de su salario a menos de $15 por hora.

Otra medida para obstaculizar la asistencia es imponer el requisito de tener registradas las propiedades y escrituras. Muchas familias en Puerto Rico no cuentan con dicho registro, lo cual les excluirá automáticamente de la posibilidad de acceder a asistencia económica, necesaria para la supervivencia. La administración del imperio estadounidense se jacta del escándalo de corrupción y malversación de fondos, atestiguadas bajo la administración del despedido ex-gobernador Ricardo Roselló, para frenar las subvenciones luego de los terremotos. Lo cual es insólito, dada la realidad de que Tricky Roselló no fue elegido para gobernar por las mayorías, de que fuimos las mayorías quienes lo destituimos, y que Roselló sigue en libertad, de vacaciones familiares, sin enfrentar las consecuencias de su ineptitud como jefe de estado. Una vez más, vemos cómo el pueblo trabajador sufre las consecuencias de la «democracia» burguesa, al experimentar directamente los estragos de la retención ilegal y criminal de fondos hacia Puerto Rico. 

La austeridad y la corrupción se manifiestan en Guánica de maneras muy concretas y detrimentales para la clase trabajadora guaniqueña. Según testimonios recibidos a partir de entrevistas, este medio supo que hospital de Guánica ni siquiera opera las 24 horas del día. Una vecina relató cómo querían cobrarle porque una ambulancia la transfiriera a un municipio circundante por una quemadura leve porque en Guánica no tenían los recursos. Esto, a pesar de que Wanda supuestamente identificó unos fondos para que el hospital pudiera operar las 24 horas, en lugar de las 12 horas en las que funge actualmente. Por otro lado, en el municipio de Guánica no hay suficientes farmacias o supermercados operando. Tampoco existen refugios ni centros de alimentación como ostenta la oficina de COR3.

Estudiar sin casa

Durante una visita supimos de dos familias de 9 personas con niñez, jóvenes y personas de edades y funcionalidades diversas que viven hacinadas en módulos provisionales. Las familias entrevistadas expresaron las dificultades que enfrenta la niñez al estudiar en el contexto del desplazamiento, la pandemia y temporada de huracanes. Actualmente, jóvenes, adolescentes y niñez continúan sus estudios tanto escolares como universitarios desde campamentos improvisados, carpas y módulos diminutos. En muchas de estas áreas no hay acceso a conexión de internet. A finales del año 2019, el CIC de UPR-Cayey reveló que alrededor de 92,127 menores de edad no contaban con acceso a recursos tecnológicos como computadoras ni conexión al internet. En el contexto actual, las familias guaniqueñas nos revelaron que muchos de los núcleos familiares apenas cuentan con un solo dispositivo, y conexión pobre o nula a la red, para atender a las clases virtuales. 

No hay escuelas en Guánica. De las que habían, unas fueron cerradas por el esfuerzo de privatización del Departamento de Educación previo a los terremotos, y otras quedaron destruidas o afectadas por los terremotos. Ante este escenario, el gobierno central decidió otorgar $28 millones a la Autoridad para el Financiamiento de la Estructura para comprar vagones que sustituirán el aula una vez se reanuden las clases presenciales en el suroeste, incluyendo Guánica. ¿Qué panas del gobierno burgués están guisando con la compra de vagones? Sin duda, será Dueñas Trailers, a quienes el estado ha pagado $352,168 en lo que va de año, según los datos disponibles en el website de la Oficina del Contralor. En el contexto reciente, el gobierno ha utilizado estos vagones como escondite para suministros, y ahora pretenden usarlos para sustituir escuelas. 

Casa de madera colapsada en barrio de Guánica. Foto por Abayarde Rojo.

Encierro y desplazamiento aumentan prevalencia de condiciones de salud mental y violencia de género

Según han atestiguado las personas entrevistadas en Guánica, el encierro y las condiciones precarizadas de vida ha aumentado la incidencia de violencia de género. Asimismo, vivir desplazadxs bajo carpas y casetas en sus patios ha agudizado los problemas de salud mental y bienestar emocional. Absolutamente todas las personas entrevistadas nos revelaron que están sobreviviendo niveles de ansiedad, insomnio y depresión crónicos. No han recibido apoyo psicológico ni emocional de calidad ni de manera consistente. Según nos explicaron, empleadxs de ASSMCA visitaron las comunidades de Guánica luego de los terremotos. Sin embargo, les vecines quedaron insatisfechxs ya que el acercamiento a sus necesidades de salud mental y bienestar se limitó a al aspecto farmacológico, dejándoles potes de pastillas a las participantes para lidiar con la ansiedad y el insomnio. Ninguna de estas personas fue atendida de manera consistente ni fueron asistidas con terapia psicológica. Además, lxs residentes de Guánica no cuentan con ningún tipo de recreación ni medio de entretenimiento, necesarios para abordar holísticamente las necesidades de salud mental y bienestar emocional.

Suroeste ¿zona de desastre o zona turística?

Nos comentaron que al principio los desastres del suroeste llamaron mucho la atención mediática, la del pueblo y organizaciones solidarias. Al recordar esos días donde el apoyo se desbordaba, resintieron el abandono y el olvido actual. Algunxs vecinxs rememoraron los tiempos en que las ayudas por parte del pueblo llegaban, cuando el desastre por los terremotos estaba «de moda». Coincidieron en que no tuvieron la malicia de identificar un pote donde la gente curiosa y la prensa les dejaran un donativo por foto: «Ya tendría una casa nueva yo, si hubiera cobrado po cada foto que vinieron a tomar.» Sin embargo, reconocen que el gobierno estatal y municipal no han dado la talla. Cuando preguntamos por el rol del alcalde en todo este proceso, les vecines coincidieron en que su figura brilla por su ausencia: «A ese no le hemos visto la cara en más de cuatro años», «Papichy no ha venido acá ni a dar una botella de agua». Una vez más, todas las capas de gobierno han fracasado criminalmente en cumplir su responsabilidad y proveer un techo seguro, educación, salud y alimentos nutritivos para las familias obreras en la Isla. 

Autogestión, solidaridad y organización de la clase obrera

Actualmente, el poder social, económico y político está en las manos de la clase capitalista. La clase capitalista minoritaria que nos saquea y roba a la clase trabajadora. Considerando el hecho de que nos han desposeído de las riquezas y no controlamos los medios de producción, ¿cuánta autogestión y solidaridad podemos practicar? ¿Cuánto podemos hacer de buena voluntad y apoyo mutuo si el dinero y el poder lo tienen secuestrados el estado de la burguesía? El trabajo de solidaridad, sin el trabajo de organización política proletaria, tendrá límites materiales dolorosos. Por tanto, extendemos una invitación a que todas las comunidades se organicen contra la corrupción, la falta de transparencia y la malversación de fondos públicos. A que exijan a las figuras responsables, como Papichy, Wanda y les demás representantes del estado burgués a responder de manera inmediata a sus necesidades y reclamos. 

Necesidades y reclamos de lxs residentes de Guánica

1) Los fondos públicos deben activarse y distribuirse inmediatamente, de manera estructurada y justa. 

2) Acceso a techo seguro y digno para todas las familias viviendo en estructuras comprometidas o casetas y carpas. Acceso a refugios y vivienda permanente segura contra huracanes y terremotos. 

3) Moratoria de hipoteca, renta y préstamos personales aplicables a todas las personas desplazadas en el suroeste a raíz de los terremotos. 

4) Publicación inmediata del plan de recuperación para cada municipio, con metas a cada plazo de tiempo.

5) Participación de las comunidades afectadas en el diseño y aplicación del plan de recuperación.

6) Entrega de cantidades razonables de recursos tecnológicos (computadoras portátiles, «hotspots» de internet) por familia, necesarios para que les estudiantes puedan continuar sus estudios en medio de la pandemia. 

7) Acceso a recursos adecuados y holísticos para satisfacer las necesidades crónicas de salud mental y bienestar. 

8) Facilitar recursos de entretenimiento y recreación para las familias desplazadas. 

Hacemos un llamado a organizarse desde todas las esferas posibles para lograr que estas exigencias sean satisfechas cuanto antes. Además, les invitamos a unirse a la construcción del único partido político que operará bajo los intereses de la clase proletaria. De manera organizada y planificada, podremos luchar juntes hasta tomar las riendas del futuro de la mayoría trabajadora.  ​

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