¿Quién pagará el desastre de la privatización de la AEE?

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Por: LFMcPartland

Sigue asomándose una oleada de privatizaciones de las empresas de servicios públicos en el archipiélago puertorriqueño. Se desata nuevamente la demagogia neoliberal de las inexorables bondades de las empresas bajo el control del capital financiero. La energía eléctrica es considerada una mera mercancía sometida a la suerte del mercado y los negocios, donde impera la socialización de las pérdidas entre los usuarios y la protección de las exorbitantes ganancias del capital extranjero. El gobierno colonial, con el propósito de cubrir el desastre financiero y social generado por sus acciones, intenta con esta venta lavarse las manos mientras sirve de intermediario para asegurarle ganancias privadas que genera la clase obrera con su trabajo.

Una sola empresa asumirá el control del sistema más importante del archipiélago, el que más relacionado esta con la producción y las condiciones de vida del pueblo. Un contrato ilegal que crea un monopolio privado a espaldas del pueblo, finalizado durante la pandemia sin la participación del pueblo. Las Alianza Publico Privadas-APP, sirven como el mecanismo que pone a la luz el carácter intermediario del estado con la burguesía. Ambos partidos, el oficialista Partido Nuevo Progresista-PNP y el Partido Popular Democrático-PPD, actúan como agentes del capital apoyando la privatización por medio de las leyes capitalistas de las APP. Alianzas que ponen a Eduardo Bhatia, candidato opositor a la gobernación, como el principal cabildero de los monopolios estadounidenses del gas natural. Las inversiones en infraestructura eléctrica que vendrán por fondos federales (EE.UU.), colocan a Puerto Rico como una base de negocios para asegurar sus ganancias a expensas del pueblo puertorriqueño.

Una APP donde la parte privada garantiza cero inversión y se presenta a manejar una millonaria suma para la supuesta renovación del sistema eléctrico. Estados Unidos ha determinado asignar una inversión de alrededor de $18 mil millones durante los próximos años.  ¿Y cuál es la empresa elegida? Pues LUMA Energy, un consorcio recién nacido entre los únicos dos licitadores, avalados por políticos(as) del gobierno oficialista y algunos(as) de partidos opositores. Según la misma empresa LUMA Energy, la APP le generarán ganancias de 100 y 150 millones de dólares anuales. Esta empresa no es más que un lobo disfrazado de “inversionista”, prometiendo lo mismo que “cacarean” siempre: inyección de capital, eficiencia, calidad y transparencia. Con lo que sí van a cumplir es con el robo de bienes del pueblo y la precarización de servicios. La puerta giratoria va a quedar instalada como un mecanismo de recuperar, cuál efecto búmeran, los fondos económicos que se designen a Puerto Rico.

La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pretende que el pueblo pague las consecuencias para que sus actos queden impunes. La AEE se mantuvo intocable como corporación pública por su capacidad de endeudamiento, de donde han sacado suficiente dinero para intereses ajenos a la fuerza trabajadora. Ahora instalado el monopolio favorecido por la Junta de Wall Street, pierden el control de la alcancía los administradores coloniales y ven reducidos sus beneficios. Para justificar la privatización, descartan inmediatamente la posibilidad de constituir una empresa pública eficiente y con capacidad de superar el desastre. Aceleran el proceso recurriendo al sabotaje premeditado, creando las condiciones para facilitar la privatización. Los despilfarros en la compra de combustibles por William Clark, los contratos con el republicano Chris Christie, los contratos de poda y los de reparaciones, son una parte de ese botón de muestra. Mientras ellos saquean, le dicen al pueblo que hay que bajarle los salarios a la clase trabajadora cuando en la AEE la nómina representa un 13% de los gastos de la corporación. Sin embargo, están dispuestos a despilfarrar fondos en contratos y representaciones. Más de $4 mil millones en contratos a compañías para reparar el daño extenso a la antigua red eléctrica de la isla justo después del huracán, lo cual resultó en un trabajo costoso y de mala calidad.

Se han dedicado a la precarización de las condiciones de la fuerza trabajadora al congelar plazas, eliminar bonos, reducir salarios, eliminar aumentos, plan médico. Inclusive, aceleran la fuga de empleomanía adiestrada por los salarios poco competitivos. Esto nos deja en una condición crítica de recursos humanos para enfrentar futuras emergencias. Si se consuma este atraco de los servicios públicos el panorama es desolador. La fuerza trabajadora perdería sus años de antigüedad y tendría que solicitar nuevo empleo a LUMA Energy, según establece el nuevo contrato a través de la APP. Los derechos laborales quedarán anulados al no reconocer el convenio colectivo. Alrededor de 6,000 empleados activos y 12,000 en retiro se verán afectados.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER), ha denunciado los hechos constantemente, así como la falta de un plan de respuesta rápida para desastres. Ha colocado ante los ojos de muchos cada pobre desempeño administrativo, mostrando que los capitalistas juegan en contra del desarrollo racional de la sociedad. La UTIER está dando una batalla por el patrimonio del pueblo que requiere una impostergable solidaridad. La combatividad contra esta privatización no debe ser solamente jurídica. Durante largos años, ambos partidos se han sembrado empleados de confianza política y no por sus méritos técnicos. Esto ha resultado en el reclutamiento de una fuerza laboral que no apoya ningún sindicato. Se benefician de los logros de las luchas de UTIER mientras entorpecen las actividades sindicales, facilitando el sabotaje interno-externo para enemigos(as) de AEE. El capital financiero gira su rueda utilizando administradores coloniales para recibir el apoyo de la clase trabajadora. Esos mismos partidos que fomentan la división entre la fuerza trabajadora y luego les dan la espalda. Ante la debilidad de los partidos tradicionales, la UTIER tiene la oportunidad de generar conciencia obrera entre la matrícula. Hay que empoderar a la clase trabajadora fortaleciéndonos ideológicamente para adelantar nuestras luchas y sumarnos a la defensa de nuestros intereses como clase obrera.

¿Cómo se protege al consumidor en atraso de cortes de servicio? ¿Cómo manejará la nueva empresa el cargo de transición impuesto por la JCF? ¿Cuánto de la deuda de la AEE con los bonistas asumirá LUMA Energy? Hablamos de una deuda cercana a los $9,000,000,000. Con alzas futuras veremos que tendremos menos dinero para otras necesidades básicas, aumentos al que ya nos condenaron por el acuerdo a puertas cerradas entre la gerencia de la AEE y la JFC. A esto se suma el alza en costos a otros mercados que se reflejan en un aumento indirecto de la vida de la población. Terminamos, como clase trabajadora, haciendo malabares para pagar una utilidad y prescindir de otras. Además, dentro del código civil recién aprobado se flexibilizan herramientas en ley de las APP. El código dispone que bienes públicos pueden ser utilizados por entes privados sin mediar una autorización de ley. La AEE es reserva de muchos patrimonios del pueblo, como lo son los sistemas de riego agrícola entre tantos otros.

Este contrato a 15 años está lleno de vicios y conflictos de interés. El ingeniero Edison Avilés, fue parte del comité que seleccionó a la empresa. Luego como presidente del Negociado de Energía emitió un voto determinante en la aprobación del contrato. ¿Cuánto costó la gestoría? No se cuestionó la violación a sus cánones de “ética”, ni la falta de elementos para determinar el impacto tarifario al pueblo. Tampoco hay un estudio para justificar el costo-beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Sobre esto, la empresa descansa en un acuerdo que, de ser despedida, se le indemnizará con 140 millones, y si desea retirarse pagaría esta sólo 20 millones. Negocio redondo.

Esta medida terminará destruyendo la economía ya precaria del pueblo y afianza la política de privatización y mercantilización de los servicios públicos domiciliarios en el archipiélago. Generará un deterioro progresivo en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Esta irresponsable decisión arriesga las condiciones de desarrollo productivo en todo el archipiélago y pone en riesgo la prestación continua y la calidad del mismo. Un pueblo sin el poder de exigir un servicio eficiente de energía eléctrica que se agrava por las experiencias de desastres naturales que nos han afectado.

Ante el obsoleto cuerpo de dirección de la AEE como la Junta de Gobierno, quien canaliza el robó de la AEE por medio de LUMA Energy, el revés que alcanzaría una democracia verdadera, está en luchar por la eliminación de este organismo.  Revertirlo para formar un consejo de obrerxs que sean quienes administren la corporación pública junto con ingenieros y científicos de la electricidad a un salario promedio al de un trabajador/a de la AEE. Como por ejemplo un salario similar al de un/a celador/a. Una solución beneficiosa para la AEE es colocarla en control democrático directo de la clase trabajadora y lograr que esta tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad. Lograr crear un modelo de gestión adecuado e imponer los más estrictos controles que garanticen al ciudadano que va disfrutar de un buen servicio de energía y que los recursos se van a manejar de manera transparente. De la mano de la fuerza trabajadora de la industria eléctrica, los diversos sectores de la clase obrera, debemos organizarnos para fortalecer la oposición a la privatización con esta y cualquier otra empresa privada.

En ese sentido, la UTIER no solo presenta su lucha por sus trabajadores, sino que se pone en el juego serio de salvar el derecho a la energía eléctrica. Derecho que corresponde a las masas trabajadoras y al pueblo en general. Es la clase obrera quien puede trasformar la AEE en una corporación autosustentable con un cambio gradual a energía renovable. La UTIER tiene en sus manos la oportunidad de dar el primer paso en la lucha por la defensa de la energía eléctrica mas allá de lo jurídico y en la calle, sino posicionando directamente a sus trabajadores en parte esencial por la transformación de la política pública de país.

¿Cómo se salvará la AEE?

Toda la clase trabajadora y la población en general, involucrándose desde todos los espacios apoyando la defensa de nuestro principal interés colectivo, en contra la privatización y la preservación de la energía eléctrica como derecho humano.

 

 

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