Por: Jefo Flaco
El estado de emergencia debido a la sequía continúa. Wanda Vázquez decretó una orden a priorizar atención a las regiones más afectadas: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Río Grande, Canóvanas, Loíza y San Lorenzo, donde 2 de los 11 embalses están bajo ajustes operacionales. Este plan de racionamiento de agua comenzó el pasado 2 de julio a impactar dichas regiones, donde ya 140,000 clientes se les ha limitado el acceso al agua por 24 horas. La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), Doriel Pagán, anunció que a partir del 16 de julio se estará impartiendo una orden administrativa con la intención de imponer regulaciones para el uso del agua. Estas restricciones prevalecerán en los municipios antes mencionados e incluirá multas a las residencias que se identifiquen haciendo uso inadecuado del agua.
Desde el punto de vista agrícola esto representa una gran amenaza y vulnerabilidad para pequeños productores y productoras, ya que racionar el agua equivale a limitar la producción de alimentos. Muchas fincas utilizan agua de fuentes naturales como un manantial o un pozo, pero las que dependen del sistema de AAA se verán más afectadas. Las personas trabajadoras de la tierra que necesitan el agua para sus usos cotidianos dentro del hogar y para el uso externo en las labores agrícolas recibirán un impacto desproporcionado del racionamiento. El agua es imprescindible para la producción de hortalizas y frutos menores como la berenjena, tomate, pepinillo, lechuga, repollo, pimiento, etc. Asimismo, el agua es el recurso fundamental para la producción de hidropónicos, la cual requieren de dos a tres riegos al día para poder crecer eficientemente en estos tiempos de altas temperaturas. La agricultura es la producción esencial para el sustento económico de lxs trabajadorxs de la tierra. De la misma manera, esta producción sostiene el régimen alimentario de la clase trabajadora y el pueblo en general.
Es evidente el abandono de toda la infraestructura que compone la producción, distribución y consumo del agua en el país por parte del gobierno y las instituciones oficiales. Por tanto, no es justo que se nos racione el agua o se nos sancione por el uso a los diversos sectores agrícolas y a las comunidades obreras. Estas medidas añadirán un peso adicional para los sectores vulnerables de la clase trabajadora que siempre son los más afectados con los acontecimientos de la naturaleza. Hay que reconocer que esto no es culpa de lxs trabajadorxs, por lo que no debemos pagar por la negligencia y falta de planificación estratégica del Estado. Más aún, en momentos como este, sabiendo que vivimos en un archipiélago tropical con un clima variado. Además, estamos enfrentando los fuertes efectos del cambio climático a causa del calentamiento global provocado por la explotación humana y natural, especialmente de las grandes empresas capitalistas.
Se tiene conocimiento de que hay épocas de sequía, también hay épocas de constante lluvia donde se pudieran crear sistemas de recogido de agua y otros métodos sostenibles que se ajusten a las tecnologías y necesidades del presente y del futuro. El persistente abandono de infraestructuras no es una sorpresa en la colonia corrupta en la que vivimos, donde sus administradores/as calientan las sillas de poder para su lucro personal y viabilizan el robo del capital llenándose los bolsillos con el dinero y bienes que producimos lxs trabajadorxs. Su función radica en trazar las rutas para que los capitalistas puedan saquear hasta el más mínimo recurso que pertenece al pueblo. Por este motivo, cada cuatro años buscan alcanzar las riendas del poder sin ninguna prioridad por crear política pública para mejorar las infraestructuras del sistema público de acueductos y desarrollar planes sostenibles a largo plazo para asegurar agua accesible para la clase trabajadora. En cambio, el gobierno trabaja para mantener el sistema capitalista de explotación que solo beneficia a la clase burguesa local y extranjera.
Mientras las restricciones del uso del agua que impone el Estado recaen en los hombros de las personas que producimos las riquezas, las grandes empresas capitalistas no se ven afectadas con ningún tipo de regulación. Un ejemplo son las semilleras foráneas que ocupan gran parte del valle del sur, cuyo uso del agua se dirige a la producción de semillas transgénicas que venden en el extranjero. Asimismo, las grandes farmacéuticas que consumen millones de galones de agua diarios para uso industrial no cuentan con ninguna restricción. Una vez más, con el gobierno colonial a su disposición facilitándoles el acceso al agua, estas corporaciones extraen grandes tajadas de ganancias privadas que no aportan en lo absoluto a la estabilidad de lxs trabajadorxs en Borikén. Con esto vemos de qué lado está el gobierno colonial-capitalista, quienes han dejado precarizar los servicios públicos como la AAA y AEE para justificar su ineficiencia y dar excusa para su privatización, siempre engañando al pueblo con supuestas opciones de mejoramiento de calidad en el servicio. De lo que se trata verdaderamente es de capitalizar el uso de nuestras facilidades y recursos naturales al precio que las empresas privadas decidan. Quien quiera tener agua que la pague y el que no pueda pagarla a su precio que se resuelva.
Lxs trabajadorxs agrícolas no podemos permitir que nos quiten nuestros servicios públicos o que los usen para favorecer intereses privados. El agua es un servicio esencial y un derecho para todos y todas. Debemos reclamar una distribución de los recursos acuáticos acorde con las necesidades de la clase trabajadora y un plan de producción agrícola, dirigido por la clase trabajadora, que garantice la seguridad alimentaria de esta. Esto requiere un llamado a la organización de lxs trabajadorxs para defendernos y solucionar colectivamente las crisis causadas por lxs capitalistxs y sus agendas neoliberales.
La clase trabajadora tiene el deber de organizarse políticamente y asegurar que nuestros recursos naturales y agencias de servicio fundamental como lo es la AAA estén bajo el control del pueblo. Que sean quienes trabajan que la administren, buscando realmente cubrir las necesidades de manera justa bajo decisiones tomadas en procesos participativos, verdaderamente democráticos. Puerto Rico necesita trabajar su seguridad alimentaria y el control del agua es fundamental para asegurar el alimento. Necesitamos un sistema social-político-económico que garantice y perpetúe los derechos de lxs trabajadorxs sobre cualquier otro interés. Debemos organizarnos para tomar el poder y construir la sociedad socialista que será dirigida por la clase trabajadora. De esta manera, tendremos la capacidad de atender la diversidad de necesidades y planificar científicamente para reparar y resolverlas.