En marzo 11 de 2020, bebé Messiah fue secuestrado de su familia criminalmente con tan solo 3 meses de edad. Sin previo aviso, la familia fue invadida a las 4pm en su casa por alrededor de veinte agentes de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) quienes les mantuvieron rehenes en su propio hogar. Les acecharon por 10 horas, hasta que forzaron su entrada en la madrugada del 12 de marzo. El Departamento de la Familia conspiró junto al SWAT para secuestrar a un bebé recién nacido del cuidado de calidad que le brindaban sus padres. El estado fue mucho más protocolar con los arrestos de la corrupta ex Secretaria de Educación Julia Keleher y hasta con Pablo Casellas, hijo de famoso juez acusado de asesinar a su esposa y madre de sus hijas. Naturalmente, ante esto nos preguntamos, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué crímenes cometieron sus padres para arrancarles a su cría de esta manera? Ningún crimen, solo se negaron a las imposiciones nefastas del WIC (Women, Infants and Children, por sus siglas en inglés).
Chinyere y Rasta Bey son jóvenes trabajadorxs afrodescendientes que inmigraron a nuestra Isla donde decidieron quedarse a trabajar, parir y criar a Messiah. Rasta es chef y Chinyere trabaja por su cuenta. La familia se estableció en un complejo de vivienda mixta en San Juan. Como la mayoría de las familias trabajadoras, acudieron al WIC para recibir apoyo y servicios de parte del programa. En este proceso, la pareja rápidamente se enfrentó a desinformaciones, faltas de comunicación y alegaciones de malnutrición de su cría. Messiah nació a las 37 semanas, antes del término, aunque saludable y fuerte. Se espera que las crías que nacen antes de las 40 semanas tengan un tamaño más pequeño de lo esperado. Lxs técnicos de servicios a la familia (TSF) del WIC utilizan unas tablas para determinar el peso «normal» que un infante debe tener en cada etapa de su crecimiento. Según esta tabla estandarizada —que no toma en cuenta particularidades— Messiah estaba apenas 1.5 libras por debajo del peso «normal». Ante este hallazgo, la TSF que atendió a la familia Bey quiso obligar a Chinyere a dejar de lactar a su cría para darle fórmula. A pesar de que el deber del WIC es fomentar y brindar apoyo durante el proceso de lactancia. Asimismo, les exigió que lo llevaran a un hospital. La familia se negó ante estas imposiciones pues sabían que Messiah se encontraba en perfecta salud. Además, consideraron inviable meterse a un hospital en plena pandemia.
De muchas maneras, los derechos de esta cría y su familia inmigrante fueron terriblemente atropellados por las instituciones gubernamentales de nuestro país. La familia, previo a la sexta vista (la primera presencial) del miércoles 24 de junio, explicó que la decisión de remover a su hijo del hogar violentamente por agentes del SWAT fue tomada unilateralmente y sin ningún intento previo de facilitar la comunicación entre las partes. La “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” (Ley Núm. 236 del 2011 según enmendada) establece explícitamente que su propósito es priorizar la protección y seguridad, así como el bienestar integral del/la menor sobre cualquier interés ajeno a este. ¿De qué forma el secuestro de Messiah por parte del Departamento de la Familia (DF) y el SWAT representa un bienestar para la cría y su familia? Al consultar el «Manual sobre la intervención de seguridad en el manejo de casos en el servicio de protección a menores» (2013), notamos claramente todos los procedimientos que fueron omitidos, resultando en el arrebato criminal de Messiah. Primero que todo, no hubo intentos de comunicarse efectivamente con la familia Bey. Esto generó malentendidos que fueron agudizados por la falta de provisión de intérpretes en cada intervención. Claramente, nunca existió una intención genuina de parte de lxs empleadxs públicos para lograr entendimiento entre las partes. Al contrario, fomentaron una relación adversativa con la familia.
La práctica que debió asumir las instituciones gubernamentales es una «centrada en la familia». La misma se enfoca en el potencial de transformación positiva de las prácticas de crianza, y supone operar bajo el entendimiento de que no hay mejor lugar para que la niñez crezca que en su hogar, junto a su familia. El Servicio de Protección a menores (SPM) incumplió negligentemente con su responsabilidad de informar a lxs padres, e involucrarles efectivamente en la planificación de estrategias y toma de decisiones que robustezcan la seguridad de la cría. El manejo de seguridad del infante debió recurrir a las tácticas «menos intrusivas y restrictivas para asegurar la protección del/la menor». Sin embargo, en un plazo de tan solo 8 días desde la última visita de la familia Bey al WIC, se tomó unilateralmente la injusta decisión de remover forzosamente a Messiah del cuidado de Chinyere y Rasta. A la familia les invadió un escuadrón SWAT para raptar a su bebé ilegalmente. De esta manera, fue violado el derecho constitucional tanto de Messiah y sus padres que supone garantizar no ser privados de la vida, libertad ni propiedad sin un proceso adecuado de ley. Asimismo, violaron el derecho fundamental de los padres sobre su hijo. La única excepción al derecho fundamental de los padres es cuando agentes del estado identifican un caso de maltrato, para lo cual no existe ninguna evidencia en el caso de la familia Bey. ¿De qué nos sirven a la clase trabajadora todos los protocolos y procedimientos nada más que en el papel? Esta es la contradicción de la ciencia, la democracia y los conocimientos producidos bajo el sistema capitalista: hay un divorcio casi inminente entre la teoría y la práctica. De esto se trata la ilusión de libertad y democracia que caracteriza al sistema actual, dominado por la clase capitalista.
La única razón justificable para remover a un infante sin previo aviso es cuando se identifica y se confirma una amenaza «específica y observable», que puede producir consecuencias inminentes sobre el bienestar del/a menor. Es importante que resaltemos lo «observable» que debe ser, pues recalca la necesidad de evitar que la decisión sea tomada desde «la sospecha, el sentimiento intuitivo, dificultades en la interacción en la relación manejadorx-familia, falta de cooperación, dificultades en la obtención de información, etc.» La realidad es que el DF ni el SPM tienen una causa justificada para decidir que Messiah corría peligro junto a sus padres. El caso de la familia Bey no fue atendido por ningúnx profesional de la salud ni la nutrición, y no fue referido a los recursos existentes para apoyar a las madres lactantes (consejera de lactancia). Lo que debió proceder fue la creación de un Plan de Servicios mediante la alianza y coordinación entre manejadorx de caso y participantes del WIC. La familia Bey no obtuvo un Plan de Servicios que se ajustara a su contexto ni necesidades, por lo que denegaron los servicios. ¿Qué crimen cometió esta familia? Nuevamente, ninguno. Únicamente, se atrevieron a desafiar el sistema autoritario de creencias y «conocimientos» obsoletos en el que se fundamenta el Departamento de la Familia.
A partir de comunicaciones con una trabajadora social con experiencia en el Departamento de la Familia, aprendimos que el discrimen étnico, racista y clasista de parte de lxs representantes del DF generan circuitos de desinformación, maltrato e intimidación a las familias que se apoderan de sus procesos de crianza. En una entrevista de Abayarde Rojo con personas cercanas al caso de la familia Bey, pudimos conocer que las instituciones gubernamentales fallaron en aprehender el trasfondo nutricional y cultural de la familia. Chinyere y Rasta llevan una dieta muy nutririva basada en plantas que se traducía a la leche materna que consumió Messiah durante sus primeros 3 meses de vida. Las personas y familias que escogen dietas alternativas y a base de plantas son prejuiciadas y discriminadas por estos programas estatales de nutrición chatarra. La perspectiva de seguridad y de salud del estado son incompatibles con las necesidades y prioridades de la familia Bey y de otras miles familias trabajadoras. Es increíble que el estado racista bajo el gobierno de Wanda desperdicie recursos públicos persiguiendo a una familia trabajadora, inmigrante, negra. Recordemos que el SWAT es una rama especializada que es activada cuando el estado identifica situaciones que suponen ser de alto riesgo para la seguridad general. Lo que ocurrió fue un uso injustificado, excesivo y desproporcionado de fuerza, intimidación, violencia y terrorismo. Esta terrorización de lxs trabajdorxs por parte del estado es su ejercicio por excelencia para el control sobre las masas obreras. El caso de la familia Bey y la crianza de Messiah es un ejemplo de cómo el estado criminaliza y reprime los desafíos de la clase trabajadora. El mensaje del estado terrorista hacia nuestras familias es: «si no te alineas, esto te puede suceder».
Es importante que resaltemos varios aspectos relevantes a esta historia: 1) el estado y sus instituciones fallaron a sus responsabilidades y obligaciones dentro de lo que establecen sus leyes; 2) hubo violación de derechos de lxs padres y la cría en niveles fundamentales y constitucionales; 3) existen contradicciones internas irreconciliables en la dictadura del estado capitalista, patriarcal y racista; 4) la sociedad capitalista fomenta la desvinculación entre las teorías y las prácticas, los discursos y los hechos; 5) el uso excesivo de fuerza que recurrió a la intimidación y violencia deben ser entendidos como actos terroristas y racistas departe del estado. Este gobierno tiene historial en malgastar nuestros recursos persiguiendo y criminalizando familias negras trabajadoras. Recordemos el caso de Alma Yariela, quien fue sometida por el estado a 5 cargos en su contra por defenderse del hostigamiento escolar racista. Ese caso fue supervisado por Carlos Rivera Santos, el actual Secretario del Departamento del Desempleo, y la actual gobernadora quien fuera Secretaria de Injusticia en el 2017. Esta trayectoria nos demuestra que el estado no representa los intereses de la clase trabajadora, no garantiza nuestra seguridad y derechos, y que no existen razones mínimamente razonables para confiar en los discursos vacuos de sus agentes buchipluma.
A todas estas nos preguntamos, ¿dónde está el bebé Messiah? Ni siquiera Chinyere y Rasta han sido informadxs sobre el paradero de su cría. Luego de cuatro meses de su rapto, lxs padres han visto brevemente a su cría a través de una plataforma digital para realizar vídeo-llamadas. Esto representa una violación a los protocolos, que plantean el derecho a las visitas materno/paterno-filiales, con excepción de los casos de abuso sexual. Sin duda, esta separación infundada y forzosa ya ha generado inmensos daños y traumas a nivel emocional, psicológico y físico en cada integrante de la familia Bey. No quedan dudas que únicamente Chinyere y Rasta pueden garantizar el mejor interés de Messiah. El Departamento de la Familia, así como de «salud» y «educación», ha sufrido tremendos cortes de fondos públicos que han redundado en la precarización de los servicios dirigidos hacia las familias trabajadoras. Nos unimos a las voces proletarias llamando a la abolición de la policía racista, que existe únicamente para defender los intereses de la clase dominante, NO para generar seguridad en nuestras comunidades. Por tanto, nos unimos al llamado obrero para despojar de fondos a la policía racista, que existe únicamente para defender los intereses de la clase dominante, NO para generar seguridad en nuestras comunidades. Desde Abayarde Rojo nos unimos en solidaridad a la convocatoria para apoyar a la familia Bey durante la próxima vista el 8 de julio. Pendientes en el futuro para hora y ubicación.