Informe desvela injusticia tributaria

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Hacienda recientemente ha hecho público un informe en que se resalta el verdadero carácter de clase del sistema tributario en la colonia “quebrada”.  La publicación del nuevo Informe de Gasto Tributario (IGT) ha desvelado el grado en que la carga contributiva recae sobre las masas mientras los capitalistas todos los años gozan de beneficios impositivos multimillonarios. 

Aun con las pretensiones de “objetividad” de los autores del IGT, y esa combinación típica de manipulaciones estadísticas y eufemismos tales como “El gobierno invierte  . . . en incentivos tributarios” a la que recurre la prensa oficial para mitigar la ira popular, la gente pensante entiende perfectamente bien la obscenidad de un sistema que deja en estado de deterioro a todos los servicios esenciales y la infraestructura social al mismo tiempo en que les garantiza aun más riqueza a los capitalistas.

Según las cifras publicadas en el IGT, tan sólo para el año 2017, la administración colonial otorgó $20,614 millones en exenciones, créditos contributivos, deducciones y tasas preferenciales, una cantidad más de dos veces lo que se recauda anualmente para el fondo general (aproximadamente $9 mil millones).  De esta cantidad, $16,097 millones (78% del total de beneficios contributivos) fueron concedidos a las empresas capitalistas.  La inmensa mayoría de estos beneficios, $15,691 millones (76% del total de beneficios contributivos) se otorgaron a empresas manufactureras a través de las leyes 135 y 73, siendo las foráneas las que más se beneficiaron de las mismas. 

Invariablemente surgen preguntas sobre la cantidad de empleos que genera el sector manufacturero y los salarios que éstos pagan dados los beneficios contributivos de los que gozan estas empresas.  El cuadro que se perfila, según las mismas cifras que ofrecen los oficiales de Hacienda, es uno en que toda la injusticia y la explotación brutal del sistema quedan al desnudo. 

Para cada uno de los 70,000 empleos directos que genera el sector industrial, los capitalistas sacan en promedio $224,157 en beneficios contributivos anuales ($15,691M/70,000).  Aun si incluimos los empleos indirectos e inducidos, 230,000 en total, los cuales les cuestan a los capitalistas $6,900 millones anuales en nómina, el capital industrial sacaría un promedio de $68,221 en beneficios contributivos anuales.  Claro está, son los industriales foráneos que se llevan la parte leonina de estos beneficios aunque los locales muy poco tienen de qué quejarse en términos fiscales. 

Al mismo tiempo en que las sucesivas administraciones en la colonia le otorgan al capital industrial estos jugosos beneficios contributivos, los politiqueros imponen sobre los trabajadores un régimen salarial de miseria.  ¿Puede haber ejemplo más claro de los verdaderos intereses que defienden los politiqueros?

Otro sector capitalista que ha sacado grandes beneficios del sistema tributario han sido los especuladores extranjeros (¡y cada vez más locales) cobijados bajo las leyes 20 y 22.  Aunque las exenciones que éstos derivaron en el 2017 sólo llegaron a $140 millones, el número de individuos y empresas que se acogen bajo estas leyes ha crecido cada año.

Los estrategas y portavoces del capitalismo en la colonia están muy conscientes de la dinamita social contenida en estas cifras.  No en balde, usan categorías amplias tales como “individuos” en los informes sobre estos beneficios tributarios para así obscurecer el hecho de que la política impositiva representa otra arma más en la guerra de clases que los capitalistas libran contra las masas trabajadoras.  (¡Como si los ultra ricos también no incluyeran un montón de deducciones individuales cuando llenan sus planillas!)Aun así, no hay manera de esquivar el hecho de que la política contributiva plasmada en el Código de Rentas Internas es elaborada por los capitalistas para su beneficio. 

Hasta las exenciones por los alimentos preparados y medicamentos al IVU, ese impuesto regresivo creado para satisfacer la avaricia del capital financiero y que castiga diariamente a las masas, representan un esfuerzo mínimo para mitigar el problema del consumo creado por los salarios de miseria en la colonia.  De todos modos, las exenciones al IVU, que en el 2017 llegaron a un mísero $2.7 mil millones, 13% del total, no harán nada para revertir el abuso que se les impondrá sobre las masas durante las próximas generaciones gracias a la reciente decisión de los tribunales sobre la restructuración de los bonos COFINA.

Los trabajadores y jóvenes radicalizados, cada vez más están cobrando conciencia del grado de estos abusos.  En la medida en que profundizan su comprensión,  conectando los puntos entre su lucha diaria y la política pública, no les quedará más alternativa que la de intervenir directamente en la esfera política.  Desde ahora, los comunistas advertimos que tal intervención de las masas trabajadoras, para que sea efectiva, tendrá que basarse en un programa político propio.  Por eso destacamos nuestra demanda programática de la eliminación de todos los impuestos sobre el consumo y la imposición de un régimen tributario radicalmente progresivo de impuestos sobre el capital.

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