Los cambios propuestos a la clasificación de terrenos, un corolario al desarrollo de un nuevo Plan de Uso de Terrenos (PUT), han surgido como un tema candente de las discusiones dentro de las Asambleas de Pueblo y más allá. Como han señalado muchos activistas comunitarios y socialistas, el proceso a través del cual se han hecho las propuestas oficiales ha excluido a las mismas masas que se verán afectadas por dichos cambios, y el carácter de las propuestas en sí deja pocas dudas sobre los intereses de clase que las impulsan. La clase capitalista quiere deshacerse de todas y cada una de las restricciones a su capacidad de extraer enormes ganancias, particularmente de la especulación sobre la tierra.
La cuestión del uso de terrenos pone de relieve el contraste entre cómo los capitalistas conciben la planificación económica y lo que los socialistas y comunistas entendemos como la planificación económica y social racional.
Lo que se ha llamado eufemísticamente una «simplificación» de las clasificaciones del uso de terrenos bajo el pretexto de agilizar la otorgación de permisos y promover el desarrollo, es en realidad un intento de darles a los capitalistas rienda suelta para hacer lo que quieran, abriendo la gran mayoría de la tierra para la explotación comercial e industrial.
Como muchos activistas han denunciado, los propuestos cambios a la clasificación de terrenos han sido acompañados por medidas legislativas las cuales permitirían la expropiación de pequeños propietarios y la expulsión forzada de ocupantes ilegales de terrenos así como el traspaso de tierras públicas, incluyendo reservas naturales, a manos privadas. La imposición de este marco legal, que históricamente ha servido para concentrar más tierra en las manos de menos entidades y aumentar la especulación sobre la tierra, tendrá en una colonia como Puerto Rico los efectos adicionales de una profundización de la degradación ambiental y la continuación del éxodo masivo.
Como bien resalta la ciencia ambiental, la construcción desenfrenada e irracional a lo largo de las costas, dentro de las zonas inundables y encima de los acuíferos subterráneos, agrava el daño ecológico ocasionada por el “desarrollo” orientado hacia el lucro privado mientras pone a los residentes de estas áreas en mayor riesgo debido a cambios no anticipados a los patrones y el ciclo hidrológicos. La contaminación de los acuíferos de piedra caliza por las farmacéuticas en el norte y el irremediable daño que han hecho compañías como AES al acuífero aluvial del sur son sólo dos ejemplos recientes, entre muchos más, de la destrucción de áreas sensitivas costaneras por las industrias. De la misma manera, los actuales casos de Playuela en el área de Aguadilla y la reserva natural Río Espíritu Santo en Río Grande resaltan el papel de los grandes intereses hoteleros y de desarrolladores no sólo en la destrucción de reservas naturales y la privatización de playas sino también en la distribución desigual a favor de los ricos de recursos sociales para la construcción de vivienda.
Lo mismo se puede decir de las áreas montañosas del interior y los llanos agrícolas del sur y suroeste. En ambos casos, la forma capitalista de explotación se ha llevado a cabo de acuerdo con los intereses globales de empresas multinacionales sin tener en cuenta la integración vertical y horizontal de sectores económicos necesaria para un desarrollo racional dentro de la sociedad puertorriqueña. En otras palabras, la explotación minera se planifica sin tener en cuenta cómo tales materias primas pueden contribuir al desarrollo de la producción industrial local (y mucho menos cómo mitigar el impacto ambiental negativo de tal explotación), mientras que la producción agrícola existente hace poco para reducir la dependencia alimentaria, por no hablar de la necesidad para contrarrestar los imperantes patrones dietéticos poco saludables tan visibles en Puerto Rico.
Lo absurdo de la llamada “planificación” capitalista encuentra su expresión social en ejemplos tales como el desarrollo vial “al azar”, la obscena expansión de espacios comerciales basados en el transporte vehicular, el estado deteriorado de los cascos urbanos y la ausencia de un sistema racional de reciclaje en medio de tanto desperdicio.
En el análisis final, la planificación capitalista siempre está sujeta al afán de lucro de intereses económicos individuales en competencia unos contra otros. La planificación «racional» que se da bajo el capitalismo es limitada a una empresa, sea nacional o multinacional, y orientada hacia la maximización de ganancias. Son precisamente los mecanismos de la competencia capitalista y el afán de maximizar ganancias los cuales impiden que la planificación capitalista asuma un amplio carácter racional y social en general.
Cuando los gobiernos capitalistas a través de sus agencias como las juntas de planificación, etc. hablan de la planificación, el desarrollo económico, etc., a lo que se refieren son las reglas bajo las cuales los intereses empresariales deben de llevar a cabo sus operaciones. En el caso actual, lo que se ha propuesto es un nuevo régimen menos restrictivo para los capitalistas llevar a cabo la explotación de la tierra. (Debe recordarse que bajo el capitalismo aun la decisión de declarar ciertas zonas como ‘reservas’ obedece la lógica pervertida del sistema ya que limita el acceso a unas áreas para el desarrollo así creando “escasez” mientras al mismo tiempo aumenta el valor de otras.) Las masas en Puerto Rico, cada vez más organizadas en Asambleas de Pueblo, correctamente desconfían en todo lo que proclama el gobierno. Intuitivamente entienden que nada de lo que propone el gobierno es para su beneficio.
Sin embargo, mantener el estatus quo es insuficiente.
Contrario a los capitalistas, los socialistas y comunistas levantan la demanda de una planificación social y económica basada en la satisfacción de las necesidades racionales de mayoría. Lo que esto quiere decir en un lugar como Puerto Rico es el desarrollo de un plan económico nacional – o regional en caso de que se pueda coordinar con otras sociedades progresistas – que atienda cuestiones como la seguridad alimentaria y el desarrollo industrial sostenible en armonía con el medioambiente y según el conocimiento científico más desarrollado así como la tecnología más avanzada disponible. Dicho plan debería priorizar la satisfacción de unas necesidades básicas racionales, como la vivienda adecuada, la provisión garantizada y sostenible de alimentos saludables, el empleo pleno, la escolaridad, la atención médica, así como las oportunidades ampliadas para la elevación del nivel cultural de todos los miembros de la sociedad.
Las masas en Puerto Rico, cada vez más organizadas en Asambleas de Pueblo, han creado las herramientas no sólo para montar una oposición a los nefastos “planes” de los capitalistas sino también empezar un proceso de planificación económica y social racional suyo. Exhortamos a todas las Asambleas de Pueblo a asumir la tarea de integrar en sus reuniones el conocimiento científico más avanzado en las áreas relacionadas al desarrollo económico y social racional, y asimilarlo con el propósito de llevar a cabo una campaña masiva de educación.
La planificación capitalista es una calle sin salida para la inmensa mayoría. Sólo la planificación racional socialista puede liberar a las masas del atolladero económico, social y ambiental que impone el capitalismo.