Por Carlos Borrero
Dos informes recientes resaltan el aumento de las presiones económicas que la clase dominante le impone a las masas en Puerto Rico.
La reciente adquisición de Luis Ayala Colón (LAC) por la Puerto Rico Terminals, afiliada de Tote Maritime, representa un grado aun mayor de monopolio en la industria del transporte marítimo. Tote Maritime es parte de las empresas Saltchuk con sede en el estado de Washington. La nueva entidad que resultó de esta adquisición, Puerto Nuevo Terminals (PNuevoT), la cual quedará bajo el control de Tote, controlará el 90% de la carga marítima de la isla. El restante 10 por ciento de la carga marítima seguirá controlado por Crowley Maritime.
Como bien se sabe, hay una larga historia de denuncias de las navieras monopolistas en Puerto Rico por inflar las tarifas marítimas además de los precios de sus servicios portuarios en lugares como el Puerto de San Juan. Aun así, los reguladores federales, quienes han fingido su preocupación por la falta de competencia que resultará de esta más reciente adquisición, decidieron dejar entrar en vigor el acuerdo.
El impacto sobre todos los consumidores en el archipiélago puertorriqueño será devastador. Aun con los atisbos de una muy importante “revolución agrícola” basada en las granjas pequeñas, se importa alrededor del 80% de los alimentos que se consumen en la colonia y la abrumadora mayoría de los bienes de consumo básicos. Los insumos capitales para la manufactura también reflejan el alto grado de dependencia que existe en la colonia.
El inevitable resultado de esta consolidación dentro del mercado colonial será un aumento de precios para todos los bienes básicos. Tal aumento en el costo de vida se da en el contexto de una prolongada congelación de salarios con todas las consecuencias sociales que eso implica.
Al mismo tiempo, salieron a relucir los hallazgos de un reciente estudio del impacto sobre los consumidores del acuerdo de restructuración de la AEE avalado por la Junta de Wall Street. Dicho estudio, comisionado por el representante de los consumidores en la junta de gobierno de la Autoridad, Tomás Torres Placa, y realizado por del economista Ramón Cao García, a quien nadie puede acusar de albergar simpatías socialistas, confirma las denuncias que hemos hecho desde Abayarde Rojo durante casi un año. De implementarse, el actual plan de restructuración de la AEE sería devastador para las masas trabajadoras y de pobres en Puerto Rico mientras le garantizaría jugosas ganancias in perpetuum al capital financiero.
En un comentario iluminador sobre los hallazgos de su investigación, Cao García proclamó sorpresa con el “excelente trabajo” de los abogados y consultores que elaboraron el plan de restructuración de la AEE porque éste permite a los bonistas recuperar la inmensa mayoría de sus inversiones e incluye todo tipo de salvaguardas para sus intereses. Mientras tanto, el mismo plan de restructuración, en el mejor de los escenarios, contempla un dramático aumento de la tarifa eléctrica para todos los abonados, particularmente los residentes, y el efecto en cascada de alzas en los precios de bienes básicos como la gasolina además de despidos de miles de trabajadores, particularmente en las empresas pequeñas y medianas.
Es importante resaltar que tanto la mayor consolidación en el transporte marítimo como la creación del nuevo marco legal para la energía eléctrica en beneficio de los bonistas y a costa de los demás está ocurriendo en momentos de otra anticipada recesión económica en EEUU y Europa. La única salida a las crisis cíclicas que proponen los capitalistas es apretar las tuercas a las masas trabajadoras y de pobres. Y en una colonia como Puerto Rico las cargas de la gente serán aun mayores.
Exhortamos a las masas trabajadoras, estudiantes, desempleados y retirados en Puerto Rico, cada vez más reunidos en sus Asambleas de Pueblo a estudiar el tema e iniciar discusiones sobre cómo combatir los intentos de profundizar el saqueo masivo que se está contemplando. Además de sus demandas en el ámbito político, los comunistas hemos resaltado la necesidad de una serie de medidas económicas para atajar los problemas de la dependencia alimentaria, el secuestro monopolista de los medios de distribución de bienes básicos, y la determinación de salarios justos para garantizarle a la mayoría trabajadora una vida digna y plena. Invitamos a todos y todas que forman parte de las Asambleas de Pueblo a discutir nuestras propuestas.