Por Carlos Borrero
Las revelaciones de que no solamente la familia Díaz-Rodríguez sino también la Asociación de Maestros misma tiene contratos con el Departamento de Educación obligan a todos los trabajadores sindicalizados en Puerto Rico a sacar unas lecciones críticas.
La Asociación, lejos de ser un instrumento para defender y adelantar los intereses de los trabajadores en el campo de la educación, es una entidad corporativa con intereses alineados con la lógica fundamental del sistema actual. La decisión tomada por su junta de directores este martes de no aceptar la renuncia de Aida Díaz evidencia que aquella orientación corporativa no se limita a una persona, la que ha sido presidenta durante 17 años, sino más bien refleja los intereses materiales de toda la cúpula que maneja la “empresa” en que se ha vuelto el sindicato. La base material de esta orientación corporativa es el enorme fondo de reserva acumulado de las cuotas, del cual el liderato no sólo vive sino también usa para contratar a peritos de toda clase y hacer inversiones en varios proyectos empresariales en vez de, por ejemplo, un fondo de huelga para sostener a los trabajadores durante una lucha militante prolongada para mejorar sus condiciones laborales y paga.
Cuando Aida Díaz, con lágrimas de cocodrilo, expresa que no ha hecho nada impropio y que su esposo compitió honestamente para ganar aquellos contratos, está obviando de algo sumamente importante. Los fondos que se les otorgan a entidades privadas para estos contratos de tutoría, etc. son recursos públicos que han sido retirados del sistema de educación público mediante la eliminación de plazas de maestros y otro personal de apoyo escolar, el deterioro intencional de los planteles escolares y los masivos recortes a otros suministros y programas básicos para los alumnos de escuela pública. En vez de invertir estos fondos en el sistema de educación público para fortalecerlo, la lógica del capital es desmantelar mucho si no todo ese sistema para así canalizar los recursos públicos hacia entidades privadas con fines de lucro.
No solamente los Díaz-Rodríguez sino la Asociación en sí son parte de esta lógica la cual corre contra del principio de educación pública que profesan defender. Por extensión, su perspectiva política siempre será limitada a una defensa del estado actual aun cuando expresan descontento con ciertas decisiones tomadas por los políticos defensores del mismo. ¿Cómo Díaz o la Asociación pueden luchar militantemente para una transformación progresista radical de un sistema cuando dependen materialmente del estado actual de las cosas?
Hemos usado el ejemplo de Aida Díaz en múltiples ocasiones durante los años para demostrar la necesidad de que los trabajadores de base entablen una lucha para recuperar sus organizaciones. Como recalcamos en una nota reciente, «Mientras exista la explotación capitalista, los trabajadores necesitan organizaciones para defender sus intereses inmediatos. Empero, estas organizaciones y aquellas personas elegidas a dirigirlas deben actuar en el interés de los trabajadores y no como conciliadores o agentes directos de los opresores dentro de las filas de los trabajadores.»
De las experiencias de Aida Díaz y la Asociación toda la clase trabajadora en Puerto Rico debe sacar importantes enseñanzas. La lucha de clases debe librarse no sólo contra los patronos sino también contra sus representantes dentro de las organizaciones mismas de los trabajadores.