Más politiquería detrás de la controvertida Ley 29

0
159

Por Carlos Borrero

Con suma hipocresía, Rosselló ha intentado hacerse pasar por defensor de los municipios al convertir en ley una medida que les exime de las aportaciones al sistema de retiro PayGo. Según los últimos informes, el nene bravo de Fortaleza le ha dicho a la Junta de Wall Street: Nos veremos en corte.

Pese a este supuesto acto de desafío, la realidad detrás del aguaje de bravuconería de parte del gobernador es otra.

La pésima situación fiscal de los municipios es bien conocida. También lo es el hecho de que los alcaldes constituyen una base poderosa de apoyo político para el ocupante de La Fortaleza. El intento de eximirles la porción que les corresponde al sistema de pensiones y ASES, la Administración de Seguros de Salud, representa un truco cínico con el objetivo de destripar al sistema de retiro y debilitar aun más al ya pobre sistema de salud mientras se inventa un escenario en que tanto la Junta como la administración colonial puede señalarle con el dedo la una a la otra y de esa manera esquivar responsabilidad las dos.

Rosselló sabe muy bien que, de salir airoso en una pugna legal con la Junta, los $400 millones en promedio que se les eximirían a los municipios ya quebrados durante los próximos años significarían recortes sustanciales en otras áreas esenciales que le corresponden al gobierno central particularmente cuando éste no tiene con qué compensar los ingresos que falta. Así, una “victoria” contra la Junta en el mejor de los casos de seguro traería más recortes de empleos y servicios del gobierno central bajo el fraudulento pretexto de salvar a los municipios de la carga de aportaciones al CRIM además del debilitamiento del sistema de retiro de los empleados municipales.

¿Y si la Junta le gana el caso? Pues, el grueso de los despidos vendría a nivel municipal, situación que erosionaría la base de apoyo electoral de los alcaldes PNP y por ende el gobernador mismo sin ninguna garantía de preservar ni el ya precario sistema de retiro o la pésima cubierta médica que tienen los empleados municipales. Bajo tales circunstancias, la única salvedad para Rosselló sería el poder seguir dándose guille de opositor desafiante de Carrión y Jaresko en las elecciones venideras.

El cálculo político es obvio, así como las diferencias tácticas.

Rosselló prefiere llevar a cabo los ataques contra los trabajadores de manera indirecta para así seguir proyectándose como populista progresista en las elecciones venideras. La Junta, libre de consideraciones electoreras e independiente de una maquinaria partidista politiquera, apunta hacia cambios más profundos.

La política capitalista siempre deja a los trabajadores entre la espada y la pared. A la lucha por aumentos salariales los patronos siempre oponen la amenaza de despidos. En este caso, las pensiones por un lado, y los empleos y servicios municipales por el otro, son las fichas que definen la politiquería de estos dos sectores defensores del capitalismo.

Significativamente, el liderato sindical del sector público no ha advertido sobre la hipocresía e intenciones malvadas de ambos bandos. ¡Ni lo hará! A pesar de otorgar un voto a huelga si se deroga la Ley 29, el liderato del SPT y SPUPR sigue sembrando ilusiones en la administración colonial y toda la maquinaria politiquera que corren los alcaldes del dúo PNP/PPD.

Cuando Roberto Pagán, un burócrata sindical con una larga historia de promover la reconciliación de intereses entre los trabajadores públicos y el gobierno colonial, expresa incomprensión respecto a cómo la Junta puede llegar a acuerdos con acreedores sabiendo que el gobierno no puede cumplir con ellos, él intenta llevar a su matrícula a un callejón sin salida. Tal es su grado de degeneración política. Los acuerdos que la Junta de Wall Street suscribe con los bonistas preferidos tienen el propósito de dictar el grado de los ataques que la administración ha de llevar a cabo contra las masas trabajadoras.

El apoyo tácito de los alcaldes para una posible acción huelguística por trabajadores públicos ante la amenaza de una derogación de la Ley 29 es puro oportunismo. Los alcaldes, que juegan el papel de secuaces dentro de la corrompida maquinaria política que dominan la colonia, durante años han despilfarrado recursos sociales a favor de sus intereses estrechos mientras imponen sobre los empleados municipales a una precariedad brutal.

Los trabajadores harán bien al observar la consigna: ¡Ni con los politiqueros locales, ni con la Junta!

Ante tal situación, los comunistas les instamos a los trabajadores municipales, y todos los trabajadores en general, a precipitar una reorganización política independiente bajo su propio programa socialista.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

What is 3 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
¡Importante! Para comentar en este blog tendrá que resolver la ecuación matemática. De esa manera la administración de este blog entenderá que usted es un humano y no un proceso computadorizado.