Antes de entrar en los detalles del último intento de engañar al magisterio por Aida Díaz, correligionaria de Thomas Rivera Schatz y secuaz de la Junta y la administración colonial, es preciso recordar que todos los gastos legales para el equipo legal de la AMPR/AFT que negoció el acuerdo fueron sufragados por la Junta de Wall Street.
Con eso se dice todo.
La segunda sección del contrato, apéndice I bajo el subtítulo Cambios propuestos a los convenios colectivos, cubre aspectos como los despidos (¡vendrán más!), el plan médico, los días feriados, las licencias, los bonos, la jornada, la representación sindical y las cuotas.
Lo que se destaca en esta sección es el hecho concreto de que se anticipan despidos, como evidencian las correspondientes subsecciones 1a y 1b del documento: “En el caso de que la Administración tenga que realizar reducciones de personal (despidos) para cumplir con lo establecido en el Plan Fiscal aprobado . . .” lo cual es seguido por, “En vista del estado de emergencia fiscal, la escasez de recursos fiscales, la gravedad de los problemas a los que se enfrenta la Administración y la urgencia requerida para corregir los problemas fiscales . . . La Administración en primer lugar notificará de su terminación a todos los empleados de la unidad apropiada que a partir de la fecha de vigencia de este Acuerdo tengan puesto temporero o irregular para que no sea necesario observar, con respecto a estos empleados, el criterio de años de servicio . . . Antes de cualquier despido de miembros de la unidad de negociación, los empleados temporeros o irregulares serán despedidos. Los despidos de empleados con permanencia se llevarán cabo respetando exclusivamente el criterio de años de servicio (seniority).”
En otras palabras, se mantienen las perniciosas divisiones entre trabajadores dentro del mismo campo y se echa completamente al olvido una cláusula ‘no despido’.
Otro aspecto significativo del contrato es el mísero plan médico que ofrece. Según el documento, la administración colonial pagará $170 mensuales para el plan médico, que incluye los medicamentos (farmacia), lo que de seguro implica una cubierta médica muy por debajo de lo adecuado dado el costo de la atención sanitaria.
Es la tercera sección del contrato, apéndice II (Términos propuestos para la congelación de obligaciones a SRM) que ha atraído más atención. En esta sección se detallan los criterios y beneficios de retiro según edad y años de servicio para aquellos que empezaron antes y después del primero de agosto de 2014.
Para el primer grupo, se establecen seis grupos principales:
- Aquellos con 50+ años de edad y 30 años de servicio antes del primero de enero de 2020 obtendrán 75% del salario promedio de los tres años con mayor remuneración antes del 31 de diciembre del 2019;
- Aquellos con menos de 50 años de edad que tienen 30 años de servicio antes del primero de enero de 2020 obtendrán 65% del salario promedio de los tres años con mayor remuneración antes del 31 de diciembre del 2019;
- Aquellos con 50+ años de edad antes del primero de enero de 2020 que acumularán 30 años de servicio antes del 30 de junio de 2020 obtendrán el 60% del salario promedio de los tres años con mayor remuneración antes del 31 de diciembre del 2019;
- Aquellos con menos de 50 años de edad antes del primero de enero de 2020 que acumularán 30 años de servicio antes del 30 de junio de 2020 obtendrán el 55% del salario promedio de los tres años con mayor remuneración antes del 31 de diciembre del 2019;
- Aquellos con 50+ años de edad antes del primero de enero de 2020 y que no acumularán 30 años de servicio antes del 30 de junio de 2020 obtendrá 1.8% multiplicado por los años de servicio hasta el 31 de diciembre del 2019;
- Aquellos con menos de 50 años de edad antes del primero de enero de 2020 y que no acumularán 30 años de servicio antes del 30 de junio de 2020 obtendrá el 95% del monto de 1.8% multiplicado por los años de servicio hasta el 31 de diciembre del 2019.
Los que empezaron después del primero de agosto de 2014 pueden retirar sus ahorros, contenidos en una cuenta individual tipo 401K, después de cinco años de servicio o 62 años de edad. Al jubilarse, los ahorros de cada cuenta se convierten en una anualidad mensual.
Cuando se analizan los detalles de este contrato lo que se destaca es que el grueso de los maestros veteranos, según edad y años de servicio, recibirá entre 51 – 54% de sus ya míseros salarios mientras que aquellos que empezaron a partir de 2014 se quedarán completamente indefensos sin garantía ninguna de recursos suficientes si logran sobrevivir una carrera de 30 años como maestro en la colonia.
Otro de los componentes destacados del contrato tiene que ver con el Seguro Social. Según el acuerdo, la Junta y la administración colonial tomarán las acciones necesarias para que aquellos que empezaran después del 1 de enero de 2020 y todos los maestros menores de 50 años a partir del 2020 tengan Seguro Social. A la vez esto implica una deducción de 6.2% al maestro la cual, según las declaraciones de Díaz, formaría parte de una deducción total de 9%. (Las expresiones de Díaz sobre el 1.45% que se le deduce para el Medicare han sido contradictorias.)
Es comprensible que este componente del contrato represente un atractivo para muchos maestros en particular – y todos los trabajadores en general – debido a la incertidumbre de los sistemas de retiro. Sin embargo, es importante recordar que el Seguro Social es también objeto de intensas luchas de clase en EEUU. Las sucesivas administraciones estadounidenses han debilitado el sistema mucho a través de los años como parte de su campaña para privatizarlo y, los beneficios que se dispersan sólo representan un suplemento ya que no llegan ni remotamente al nivel necesario para una vida digna en los años de jubilación. Aquellos jubilados que cuentan exclusivamente con el Seguro Social, tal como está, siguen muy por debajo del nivel de pobreza.
La debilidad del contrato es reflejo del más absoluto oportunismo de toda la dirección de la AMPR, empezando por Aida Díaz, y los burócratas bien remunerados de la AFT que la orienta. Es de recordarse que presidenta de la AFT, Randi Weingarten, es una defensora incondicional del imperialismo estadounidense en el extranjero y portavoz del Partido Demócrata en su campaña cínica contra los trabajadores quien devenga un salario anual de $472,197; muy por encima del salario de mierda que gana un maestro en EEUU por no mencionar a lo que se gana en la colonia.
Los trabajadores educativos no tienen nada que ganar siguiendo las directivas de estos canallas traidores. Como hemos denunciado en numerosas ocasiones durante los últimos años, la AFT ha jugado un papel nefario en la derrota de varias luchas magisteriales en EEUU donde las matrículas han demostrado la voluntad y capacidad de lucha mientras los burócratas sindicales negocian acuerdos secretos detrás de puertas cerradas, fomentan las divisiones entre los trabajadores además de la sumisión ciega a los politiqueros capitalistas.
Siguiendo el ejemplo de la AFT, la orientación traidora de Díaz y todo el liderato de la AMPR queda al desnudo por la falta de cualquier mención de una mejora en las condiciones laborales para el magisterio, la ausencia de demandas para poner fin a las divisiones entre maestros (temporeros e irregulares viz. permanentes), la separación entre maestros activos y jubilados y la imposición de las escuelas chárter. En ninguna parte del documento se evidencia un intento de mejorar la vida profesional de los maestros, proteger sus empleos o su futuro. Al contrario lo que representa el documento es el intento de este «liderato» para llevar a la matrícula por una marcha servil directamente al matadero mediante una serie de concesiones humillantes desde el principio hasta el final.
Esta “líder magisterial ¡ni siquiera se ha cuestionado el porqué, según las cifras que se están propagando y que Díaz acepta, sólo quedan 4 centavos por dólar en el SRM! ¿Quiénes se los robaron? Tal pregunta parece no importarle a la representante exclusiva del magisterio.
En el análisis final, las pensiones son salarios diferidos de los trabajadores. El control y la administración de los fondos de pensiones por los trabajadores mismos es una demanda básica de la lucha de clases. El saqueo de estos fondos por los gobiernos o los patronos es desde el punto de vista legal un acto de robo y desde el de la lucha de clases un ataque brutal en la forma de una reducción salarial masiva.
Los maestros deben rechazar categóricamente el contrato propuesto. Al mismo tiempo, deben destituir al actual liderato de la AMPR. Lo que más necesitan los maestros son nuevos órganos de base para proponer y discutir sus demandas así como elaborar nuevas tácticas para librar su lucha militante.
¡No a los burócratas sindicales!
¡No más negociaciones secretas!
¡No a la reducción de pensiones!
¡Hacia la formación de nuevos órganos de base!
¡Por unos sistemas de retiro y cuidado médico universales!
¡El poder en manos de la clase trabajadora!
¡Luchemos para ganar!