Por Carlos Borrero
Este miércoles la gobernadora del estado de Alabama, Kay Ivey, firmó la medida más restrictiva contra el aborto en EEUU. Con su firma, Ivey probó que los ataques que se están llevando a cabo contra los derechos democráticos no se dirigen a la mujer «en general» – además de ser firmada por una mujer la nueva ley estatal fue introducida en la cámara baja por Terri Collins, la representante del distrito 8 – sino a las mujeres trabajadoras y pobres en particular. La eliminación de los derechos reproductivos de la mujer representada por esta ley se aplicará exclusivamente a las pobres ya que cualquier restricción sobre el aborto – o cualquier otro servicio médico – impuesta a las mujeres de clase alta seguirá siendo fácilmente burlada por los viajes fuera del estado a lugares más liberales con mayor accesibilidad a los servicios médicas de calidad. De esta manera, la nueva ley resalta la manera en que las divisiones de clase determinan todas las principales cuestiones sociales y políticas de la sociedad.
La nueva ley en Alabama no criminaliza explícita o directamente a la mujer. Mas bien, impone una sentencia de hasta 99 años cárcel a cualquier médico que realice un aborto. La ley también incluye una pena de 10 años para cualquier médico que intente realizar un aborto. Sin embargo, la ley establece que desde el “momento de concepción” al feto se le considera una persona con derechos plenos. Por lo tanto, aunque no criminaliza formalmente a una mujer embarazada, la deja susceptible a interpretaciones legales aun más perversas ya que cualquier acto considerado “dañino” al feto implica un crimen contra otra persona. Esto significa que hasta el aborto espontáneo y el malparto serán causa para una investigación criminal.
Como resultado, se anticipa que la nueva ley provoque un éxodo de médicos del estado. Alabama, uno de los estados con la tasa de pobreza más alta, consistentemente clasifica entre las peores jurisdicciones en todas las categorías principales de servicios de salud. Además de una tasa de inseguridad alimentaria infantil de 23 por ciento, el estado tiene la segunda tasa de mortalidad infantil más alta en EEUU. Como se ha destacado recientemente, sólo la mitad de los 67 condados en el estado tiene un obstetra. Al momento, hay sólo tres clínicas que proveen servicios de aborto. Se recuerda que el gobierno estatal de Alabama rechazó millones de dólares en fondos federales para la salud – aun insuficiente dadas sus necesidades – cuando optó por no participar en el programa Obamacare. De hecho, la infraestructura de salud en Alabama se ha deteriorado tanto que hace dos años el estado fue el centro de un brote de anquilostoma, una enfermedad parasitaria encontrada en zonas de extrema pobreza comúnmente asociadas con el tercer mundo.
La nueva ley fue impuesta a través de una movilización masiva de las fuerzas del fundamentalismo religioso. De hecho, otro aspecto sobresaliente del proceso legislativo fue la completa eliminación de cualquier separación entre la iglesia y el estado, un principio fundador de la Constitución de Estados Unidos. Collins, la representante que introdujo la pieza legislativa en la cámara baja, proclamó que la nueva ley fue el producto de “oración” mientras Clyde Chambliss, un auspiciador de la ley desde el senado estatal, declamó, “Cuando Dios crea el milagro de la vida dentro del vientre de una mujer, no es nuestro lugar como seres humanos extinguir esa vida.” Tal es el nivel de oscurantismo religioso que permea la campaña derechista para limitar los derechos democráticos. Como hemos denunciado, estas concepciones religiosas impuestas sobre la política pública están basadas en todo tipo de tergiversación del conocimiento científico sobre el desarrollo del feto.
La nueva ley en Alabama será objeto de retos legales inmediatos en los tribunales de circuito donde se espera su derogación. Como bien se sabe, la estrategia que se persigue es continuar el proceso de apelación hasta llegar al Tribunal Supremo donde se anticipa que la actual mayoría ultra derechista use la controvertida ley de Alabama como pretexto para derogar a Roe v. Wade y así imponer una prohibición al aborto a nivel federal. Ya la cámara estatal de Missouri aprobó esta semana una medida para restringir el aborto después de ocho semanas sin excepciones para la violación o el incesto en lo que es una tendencia marcada a nivel nacional de EEUU.
La reciente decisión por Rosselló de no apoyar el intento legislativo de imponer restricciones sobre el aborto en Puerto Rico, basándose en los estatutos federales, figura como una farsa. Preocupado por su imagen de “hombre moderno y progresista” por un lado, Rosselló decidió esperar que el proceso judicial en EEUU le diera cobertura política para complacer a los ultra derechistas y conservadores que conforman su verdadera base de apoyo.
La única fuerza social capaz de luchar consecuentemente para proteger los derechos democráticos y combatir el oscurantismo es la clase obrera. La lucha por los derechos reproductivos de la mujer no puede ser separada de la que se lleva a cabo para el acceso pleno a los servicios de salud de calidad, la educación y la vivienda para todos. El objetivo de esta lucha sólo puede ser el derrocamiento del orden capitalista con toda su inherente desigualdad.