Por Rosa Rojas
La Junta de Wall Street (JWS) por voz de su principal ejecutiva Natalie Jaresko informó que por “mayoría abrumadora” más de 8,000 tenedores de bonos votaron favorablemente sobre el plan de ajuste de COFINA bajo el Título III de Promesa. Jaresko señaló que el acuerdo fue avalado en su mayoría por bonistas Senior y Junior quienes aprobaron el plan luego de meses de luchas entre sus diferentes sectores por determinar quién se apoderaba de la enorme tajada que representa el IVU.
En gran medida, este anuncio era previsible luego de que el pasado diciembre los llamados “Bonistas del Patio” suscribieran el plan de ajuste presentado por la JWS en noviembre. Ya en aquel momento este grupo de bonistas había razonado con justeza que era mejor recibir el 56% del valor de sus bonos chatarra como subordinados en un periodo corto en vez de continuar un costoso pleito legal que cuestionaba la legitimidad de la deuda. Recordemos que, según Promesa, la JWS es la “representante del pueblo de Puerto Rico” en los litigios que ven la deuda pública del territorio.
¿En qué consiste este fabuloso plan?
El plan, en términos generales, es bastante sencillo ya que tiene tres elementos principales:
- Buscaba evitar largos pleitos legales que “resultaban costosos” para todas las partes. Por supuesto, contrario a los bonistas que pretenden se les devuelva el 100% de una inversión de la que solo pagaron una fracción, estos pleitos resultan abusivos para las masas obreras. Tanto la JWS como el gobierno colonial han estimado que para los próximos seis años los gastos legales de estos pleitos ascenderán a $1,400 millones.
- Se intercambiarán los bonos inservibles que están en manos de los bonistas por otros frescos. Es decir, una nueva emisión de bonos revalorizados a la luz de este acuerdo que aseguran un repago del 93% de su inversión. Este representa uno de los ejes del acuerdo, ya que hace irrelevante el valor inicial de esos bonos y asegura a los tenedores de los nuevos bonos un valor de hasta 2.6 por encima del valor de la deuda.
- Garantiza su inversión imponiendo un generoso gravamen a los fondos del IVU del 53.6%, es decir, más de la mitad de los ingresos del IVU. Esto significa que, con este acuerdo, con cada compra que se paga el 11.7%, 5.5% irá a parar a los bolsillos de los inversionistas. Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 2058, un verdadero robo.
¿Dónde irá a parar el 46.3% restante?
Esta es la otra cara de la batalla entre los bonistas de COFINA y los de las Obligaciones Generales (GO’s) quienes pugnaban por que se reconociera sus reclamos de cobrar primero. En teoría la intención del acuerdo es que este 46.3% de los ingresos del IVU se destinen al Fondo General para mantener las operaciones del gobierno. Sin embargo, reconociendo la alcahuetería de los administradores del territorio con sus amos del capital financiero, con toda probabilidad estos fondos se usarán para pagarle a los bonistas GO’s.
Este nuevo desarrollo confirma nuestras denuncias de los pasados años respecto a ataque atroz que estamos siendo objeto las masas obreras. Más allá del formalismo de los economistas burgueses de que “los impuestos regresivos son perjudiciales para el desarrollo económico”, la imposición de un impuesto al consumo representa un aspecto particularmente repugnante de la explotación que sufrimos las masas trabajadoras. Principalmente por el hecho de que mientras que se sostiene sobre nuestros hombros el peso de una estructura política que no rinde ningún servicio, se desvía gran parte de los recursos sociales a salvarle el pellejo a los parásitos financieros.
Eso sumado a la implantación del dichoso Plan Fiscal de la administración de Ricky, y avalado por la JWS, que ha impuesto severas medidas de austeridad que ya comenzamos a ver sus efectos en los beneficios marginales de los trabajadores y en las condiciones cada vez más precarias de los pensionados. De la misma forma se comienzan a manifestar condiciones de colapso en los servicios del Estado, donde el sistema de salud y la educación pública han sido de los más seriamente afectados. Así también vemos las organizaciones de policías, dentro de su limitado desarrollo de conciencia política, llevan por tercera semana consecutiva otra jornada de brazos caídos, donde el ausentismo y las denuncias abiertas contra su liderato son la orden del día.
Y mientras los medios burgueses y sus ideólogos nos hacen creer que la crisis social y de seguridad pública “son una multiplicidad de factores más allá de Héctor Pesquera” pretenden esconder el hecho objetivo del colapso del sistema político del territorio. Pretenden esconder lo que las masas laboriosas sufrimos cada día en nuestra realidad cotidiana: el fracaso del capitalismo.
Es por esto que este acuerdo con los bonistas de COFINA, no es solo una estafa, sino también un ataque que, no solo la clase obrera, sino todas las clases y sectores de la sociedad oprimidas por el capital debemos rechazar. Pero no debe quedar en la indignación domesticada dentro del marco legal burgués. Tampoco en acciones precipitadas que provoquen la justificación para la represión que tanto desean las clases explotadoras. Debemos insistir en la organización revolucionaria para dar los pasos necesarios en la larga lucha por la liberación del yugo capitalista.
Pero mientras avanzamos hacia eso, los comunistas seguiremos impulsando la supresión de la deuda, la eliminación de todo impuesto sobre el consumo y la expropiación de todas las grandes industrias como demandas económicas ejecutadas por la clase obrera.