Por Rogelio Acevedo
Desde que la administración Roselló anunciara el 1 de noviembre el lanzamiento de su nueva reforma de salud, llamada cínicamente VITAL, son cada vez más evidentes los hechos que demuestran el evidente colapso del sistema de salud pública. Este embeleco, que se presenta como algo novedoso no es más que un refrito del fracasado modelo de privatización de servicios médicos y desmembramiento del sistema de salud implementado por su padre, el decano de la corrupción Pedro Rosselló.
Actualmente alrededor de 1.3 millones de personas están suscritos al sistema gubernamental de salud.
Vale la pena echar un vistazo para ver de qué se trata VITAL para entender las implicaciones de su implementación para la clase obrera y las masas. En esencia esta versión 2.0 hace una reorganización del modelo de la reforma de salud donde lo “novedoso” es que ahora los llamados beneficiarios tienen la libertad de elegir la compañía aseguradora y su red de proveedores (laboratorios, médicos, etc) sin restricciones geográficas. Es decir, en teoría cualquier paciente puede recibir servicios en otras áreas fuera de donde reside. El bizcocho de la reforma se lo repartieron entre cinco aseguradoras: Triple S, First Medical, Molina Healthcare, Plan de Salud Menonita y MMM.
El modelo anterior dividía la isla en regiones, cada una asignada a una aseguradora específica, la cual se encargaba de proveer los servicios, obligando a los residentes a mantenerse en su área. Debido a que no todas las regiones tenían la misma capacidad y calidad de instalaciones, provocaba un acceso desigual y deficiente, particularmente a pacientes con condiciones que requerían tratamientos especializados, muchas veces disponibles solo en San Juan.
Resulta familiar el lenguaje ya trillado de la directora de ASES, Ángela Ávila, similar a otros procesos de privatización de haberes públicos como en la AEE, donde para VITAL “se promueve la libre competencia entre aseguradoras que al final se traduce en beneficios para el paciente”. Sin embargo, la realidad es que VITAL ha heredado el complejo entramado burocrático de la reforma anterior, que aparte de numerosas trabas a los pacientes, establece un complicado proceso de contrataciones para los médicos y demás proveedores. Este proceso de contratación ha estado caracterizado por el caos, lo que entre otras cosas implica que, hasta que no se complete, no pueden usarse fondos federales para correr el programa. Este caos organizativo ha representado que miles de pacientes hayan quedado sin recibir tratamientos, cancelaciones de citas, entre otros muchos obstáculos.
Actualmente el Plan de Salud del Gobierno (PSG) está funcionando gracias a la asignación de $15,000 millones en fondos federales hecha por el congreso en febrero de este año, de los cuales incluyó una partida de $4,800 millones para el financiamiento del Medicaid. Estos fondos se agotarán para septiembre 2019, lo cual obligará a los administradores del territorio a tener que volver al congreso a mendigar dinero para el sostenimiento de VITAL.
La tiranía de las aseguradoras
Como eje central de este burdo esquema de saqueo están las aseguradoras, que operan como bombas succionadoras de dinero sin ningún tipo de regulación ni control de las entidades gubernamentales responsables. Una de las denuncias principales de todos los componentes y profesionales de la salud es que las aseguradoras los están obligando a firmar contratos que no establecen las tarifas que pagarán por los servicios ofrecidos. Es decir, que en esos contratos no se establece la responsabilidad económica de las aseguradoras con los llamados proveedores de servicios. Pero esto no es todo. La movida de las aseguradoras es lograr que se establezca una reducción en las tarifas de los proveedores para obtener aún más ganancias. Estas empresas llevaron a cabo un intenso cabildeo con la Junta de Wall Street (JWS) para que se utilizaran las guías de Medicare 2016, las cuales representaban una baja respecto a las establecidas en 2018. Aun cuando la JWS accedió a que se utilicen las de 2018, las aseguradoras han continuado ejerciendo una fuerte presión contra los proveedores para que firmen contrato con las guías de 2016 bajo amenaza de no contratarlos.
Implicaciones del Plan Fiscal sobre el acceso a la salud de la clase obrera
El Plan Fiscal certificado y aprobado por la JWS incluyó la propuesta de la administración Rosselló de reducirle a los trabajadores del sector público $1,500 anuales de la aportación patronal al plan médico. Sin embargo, estos recortes no serán uniformes y estarán condicionados a leyes laborales y sindicales para cada área, lo que significará que se implementarán tres planes de recorte diferentes. Para los empleados cobijados por la ley 45 el recorte será de $900 anuales, para los de las corporaciones públicas rondará los $6,000 anuales, mientras que para empleados gerenciales de la rama ejecutiva recibirán un mínimo de $100 mensuales. Como denunciáramos previamente, Ricky y su pandilla justificaron los recortes alegando que lo hacían para “no cesantear empleados”, pero resultó obvio el guiño de complicidad que le hicieron a la JWS para adelantar su propia agenda politiquera.
Estas reducciones tendrán el efecto inmediato de causar que decenas de miles de empleados se acojan al PSG al no poder pagar las cubiertas de planes privados a las que aportaban sus patronos. Dado que el PSG no es sostenible como está diseñado, esto representará en la práctica que cientos de miles de personas quedarán sin cobertura médica. Esto añadido al ya acelerado deterioro de los servicios a causa de las privatizaciones, el aumento sostenido de los servicios privatizados traerá como consecuencia una restricción de acceso a servicios de salud de una parte considerable de la población que abarca más allá de la clase obrera y sus familias. Nuestros envejecientes y nuestra niñez serán los sectores más golpeados por este entramado de corrupción que tendrá consecuencias devastadoras para las masas.
Mientras se desarrolla este ataque coordinado de la clase capitalista, las burocracias sindicales insisten en negociar con el gobierno y las aseguradoras evitar mayores reducciones en sus beneficios, mientras que sus matrículas se muestran cada vez más dispuestas a plantar una oposición más militante. Aunque todavía las manifestaciones se mantienen dentro de los marcos establecidos por el poder burgués, esta crisis, unida a los recortes de las pensiones, irán transformando su conciencia respecto a quiénes son sus enemigos y sus tareas inmediatas.
No cabe duda de que la crisis del sistema de salud es un aspecto de importancia crucial en cuanto a la distribución de la riqueza social en general y el bienestar de las masas en particular. El hecho de que la burguesía criolla engorde sus bolsillos a costa de la salud y el bienestar de las masas, sin duda empujada por las leyes de hierro del sistema capitalista, es una prueba más de que su permanencia en el poder político está caduca. Solo la clase obrera podrá, desde la toma del poder político, luchar e implementar un sistema de salud estatal de atención médica universal y beneficios de retiro garantizados.