Por Ismael Castro
La semana pasada Ricky Rosselló le presentó a la legislatura un proyecto de ley que tiene como propósito “viabilizar” el acuerdo de renegociación preliminar entre los bonistas COFINA y el gobierno colonial. De esa manera, la administración colonial está haciendo todo lo necesario para crear el marco legal para una intensificación del saqueo llevado a cabo por el capital financiero en contra de las masas en Puerto Rico.
Como destacamos cuando se anunció el acuerdo preliminar COFINA hace varias semanas, los bonistas sacarán jugosas ganancias del mismo. El aplazamiento del pago que el gobernador ha pretendido venderle al público como un ‘ahorro’ multimillonario no es más que un canje de un tipo de bono por otro, de apreciación de capital, en que se acumulan intereses compuestos durante los primeros años hasta que eventualmente se caiga el martillo sobre las masas. Tan es así que hasta un defensor impenitente del capital financiero como Antonio Weiss, ex asesor del Tesoro federal, advirtió sobre el peligro que corre Puerto Rico con este acuerdo.
Mientras tanto, varios informes han resaltado que desde el huracán María, varios fondos buitres como GoldenTree Asset Management, Tilden Park Capital, Aurelius Capital y Monarch Alternative Capital, entre otros más, han aumentado su tenencia de bonos COFINA precisamente en anticipación de los grandes pagos que vienen como consecuencia del acuerdo con el gobierno colonial. Por ejemplo, GoldenTree aumentó su tenencia de $587 millones a $1.5 mil millones entre 2017 y 2018. Esta situación ha creado recientemente una burbuja especulativa la cual permitiría a estos mismos buitres, si desean, vender sus nuevos títulos adquiridos a grandes descuentos en las semanas inmediatamente después de María cuando el precio de los bonos COFINA bajó a valores muy inflados en la actualidad.
Es importante recordar que la fuente de todos estos jugosos ingresos que acumulan los buitres financieros es el impuesto sobre el consumo que se paga con toda compra que se hace, el IVU. La imposición del IVU y su titularización – es decir, la conversión del impuesto en una garantía para la emisión de más deuda pública – fue el mecanismo implementado por Wall Street y sus alicates en el gobierno colonial para burlar las limitaciones constitucionales sobre la deuda pública en Puerto Rico. Como tal, su legalidad misma ha sido cuestionada. El IVU que se paga en Puerto Rico, un lugar con una tasa de participación laboral extremadamente baja y salarios promedios muy por debajo de otras jurisdicciones estadounidenses con un costo de vida similar, representa para la gente con empleos una ulterior reducción salarial. (En el caso de los que dependen exclusivamente de los fondos federales, el IVU es un mecanismo para transferir la riqueza creada por la clase obrera en todas las jurisdicciones de EEUU en su conjunto y convertida en contribuciones sobre el salario y las ganancias hacia los fondos buitres de Wall Street.) El IVU, como todo impuesto sobre el consumo aplicado en masa, es altamente regresivo. Impacta desproporcionalmente a los que menos tienen. Y, visto dentro del contexto del régimen fiscal en su totalidad, el cual exime al capital del pago de contribuciones sobre ganancias industriales y pasivas, así como los recortes masivos de servicios públicos bajo el pretexto de la austeridad, el 11.5% que se paga como tributo a los buitres con cada compra sólo puede entenderse como un claro ejemplo de la guerra de clases que se está librando contra las masas de trabajadores y pobres.
Como principio programático, los comunistas nos oponemos a los impuestos sobre el consumo además del pago de toda deuda pública impuesta por el capital financiero sobre los hombros de las masas. Los comunistas exigimos un régimen fiscal progresivo que imponga impuestos a las ganancias industriales y financieras de los capitalistas para financiar proyectos masivos de obras públicas, como la construcción de instalaciones médicas y educativas públicas, viviendas adecuadas y la restauración y expansión de servicios públicos muy necesarios.
Por lo que se ha visto esta semana, la llamada ‘reforma contributiva’ que se avecina no ofrecerá a las masas ningún camino hacia delante. La administración ha hecho claro su intención principal de bajar los impuestos a los capitalistas, aunque se les ofrezca un par de migajas a los asalariados, mientras se busca de dónde recortar aproximadamente $209 millones del sector público para cuadrar el déficit anticipado. En otras palabras, se seguirán garantizando las ganancias de los capitalistas mientras se eliminarán aun más servicios públicos de los cuales dependen las masas.
Tal es la concepción de una reforma contributiva que tienen los defensores del capitalismo en la colonia.
Lo que está por verse es ¿cómo responderán las masas trabajadoras y de pobres ante las condiciones cada vez más onerosas que se les imponen? ¿Qué nuevas formas de lucha implementarán para defenderse de la embestida capitalista?