Por Néstor Paz
Se ha anunciado, con bombos y platillos, un proyecto de ley que desea establecer “la política pública energética y su marco regulatorio”. Es necesaria una reflexión crítica sobre algunos puntos de la medida. Tomo como punto de partida una entrevista al senador Larry Seilhammer en el martes 16 de octubre en El Nuevo Día y una nota periodística del The San Juan Daily Star del jueves 18 de octubre.
Es importante aprender a leer con mucha cautela y malicia la prensa en la colonia y en el capitalismo. Ésta siempre refleja los intereses de clase de los distintos sectores de la clase dominante en el país. Podemos descubrir en sus noticias, en la forma y manera en que esta construida, los motivos e intereses y las contradicciones entre la propia clase dominante, pero sobre todo las contradicciones con la clase trabajadora.
Primero veamos la entrevista con el senador Seilhammer. Es interesante destacar de esa nota que el senador señala que “no percibe interés en la compra de los activos de la AEE que tanto la generación como la transmisión pasaría a manos privadas a través del modelo de alianzas públicos privadas”. Interesante declaración. Si no hay interés ¿a quién se le va a vender? Ahh es que se venderá a precio de “pesca´o abomba´o”. En resumen: el pueblo de Puerto Rico será responsable de la deuda de la corporación y los intereses privados se llevarán las ganancias que produzca la misma. Esa es la única manera de vender cuando no hay interés en el mercado.
Segundo, el representante Víctor Parés Otero dice que “el proyecto no es claro respecto al futuro de la AEE y no precisa si se mantiene como corporación pública” y luego comenta “no hay dirección clara de cómo quedará la AEE luego de todas las transacciones. Cuando se hagan las alianzas público privadas ¿qué queda?”. Más claro con canta el gallo: el activo más importante del país desaparecerá. Así de sencilla es la cosa.
Tercero, la nota de El Nuevo Día señala que el punto de tranque en la nueva ley es la composición de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Afirma que “con el marco regulatorio, se deja en manos de organizaciones con peritaje en temas energéticos la función de proponer los cambios que integrarían el ente rector”. Supuestamente la idea de esto es “despolitizar” la Junta de Gobierno. Bueno aquí viene el otro engaño; las organizaciones con peritaje en su mayoría son compañías u organizaciones con intereses económicos, inversionistas, grupos de presión, en el área energética. Es decir, no sólo se privatizaría los activos de la A.E.E. sino que también se privatizará su Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno no responderá a los intereses del pueblo y la clase trabajadora sino a los intereses de los que compren e inviertan en la Autoridad.
Cuarto, el director de generación de la AEE, Daniel Hernández, señaló que “la intención de esa corporación pública es convertir todas las unidades a gas natural. A renglón seguido el senador Seilhammer comenta que “el proyecto promueve la instalación de unidades que operen con gas natural, gas propano y diésel”. Ay caray, pero según el proyecto de ley el propósito es que “para el 2050, la mitad de la producción eléctrica será a través de fuentes renovables”. Sin embargo, la nota The San Juan Daily afirma que será un 100%. Ni el gas natural, ni el gas propano ni el diésel son fuentes de energía renovable.
Quinto, se señala que se mantendrá la Ley 120 del 2018 que “prohíbe que un solo proveedor genere toda la electricidad del país. Ningún proveedor tampoco podrá superar el 50%”. Supuestamente esto es para evitar, de lo que se ha acusado injustamente a la AEE, el monopolio. Se debe señalar que el monopolio sólo es posible en la empresa privada porque en el área pública es un servicio cuyo interés primordial es el interés del país. La percepción es que saldremos del monopolio de la A.E.E. pero la verdad es que en entraremos en el monopolio de la empresa privada. Monopolio del activo más importante para la economía: la energía. Este monopolio privado nos hará esclavos de los intereses de esas compañías y de las fluctuaciones del mercado.
La nota del The San Juan Daily Star es aún más reveladora. Primero señala una contradicción con lo expuesto en El Nuevo Día sobre la meta a lograr para el 2050 sobre generación de energía. El senador Seilhammer dice que es un 50% para el 2050 mientras el The San Juan Daily afirma que será un 100%. Por experiencia sabemos que ninguna de las dos metas se logrará. Recordemos las leyes de reciclaje, de disposición de gomas y muchas otras cuyo porcentaje de cumplimiento es mucho menor y con mayor tiempo y aún no se han logrado llegar ni al 25% de lo propuesto.
Lo segundo a señalar es, según TSJDS, que “se promueva la reconstrucción, modernización y puesta al día del sistema de transmisión y distribución de la red” (la traducción es mía). Más adelante apunta a que “las partes que compren u operen la generación de los activos de la AEE deben modernizar las plantas o remplazarlas con plantas altamente eficientes en un periodo de no más de 5 años de la firma del contrato de venta… las plantas deben tener más tecnología moderna, altamente eficientes y la habilidad de integrar distribución de generación y energía renovable en la transmisión y distribución de la red” (la traducción es mía). Y luego afirma el señor Bathia, enemigo acérrimo de la AEE y la UTIER y un neoliberal en políticas económicas, “que la mayor eficiencia de las plantas, y un combustible más limpio y barato resultará en ahorros para los consumidores” (la traducción es mía). Podemos asegurar que eso no traerá una reducción en el costo de la energía eléctrica. La inversión para la modernización del sistema eléctrico actual, cuyo atraso puede ser de décadas, en 5 años será monumental. Ninguna empresa privada estará dispuesta a esperar 50 o 60 años para poder recuperar su inversión. Recordemos la experiencia con los intentos fútiles de privatización de la AAA y las Autopistas.
Lo tercero interesante de la nota es la presentación del concepto “prosumidor”. El señor Bathia, un histórico privatizador, dice que “desde el 2014, los avances en tecnologías han sido tremendos y permitirán que más y más puertorriqueños se conviertan en prosumidor; esto es que tendrán la capacidad de producir energía al igual que consumirla” (la traducción es mía). Un concepto del empresarismo capitalista cuyo propósito principal es mantener ilusionado a un sector de poder convertirse en burgués pero que en realidad lo mantiene en la precariedad continúa y constante. El señor Bathia vive en otro país. ¿Cómo una población donde el nivel de pobreza sobrepasa el 50% y dónde más del 45% de las familias necesitan ayudas sociales para poder sobrevivir pueden invertir en un sistema de generador de energía solar o de viento para convertirse en prosumidores? Esta inversión sólo podrá hacerlo un sector económicamente estable. Es decir, serán los ricos los que tendrán la capacidad de venderle a los pobres la energía y seguir explotando al pueblo y a la clase trabajadora. Además, obtendrán todas las exenciones contributivas que la ley otorga.
Un resumen de esto es simple: entregar a los inversionistas políticos de ambos partidos el más importante activo para el desarrollo social y económico del país, la energía; destruir a la UTIER y asegurar los intereses económicos de la empresa privada. Nada de esto beneficia al pueblo ni a la clase trabajadora.
La clase trabajadora debe estar en alerta continua sobre los verdaderos intereses que están detrás de la política publica del gobierno, la legislatura y la prensa. Esos intereses son los intereses de la clase dominante, quienes tienen en sus manos el gobierno, la legislatura y la prensa.
Nota: La sección Los Trabajadores Hablan de AbayardeRojo.org no necesariamente representa la línea política, ni editorial del PCPR. Es un espacio que tiene la clase trabajadora y sus comunidades para denunciar sus problemáticas con el objetivo de organizarnos y luchar. Para aportar a esta sección, escriba a info@abayarderojo.org