Por Rogelio Acevedo
Los principales dirigentes de diversas asociaciones de capitalistas criollos expresaron su oposición esta semana a la forma engañosa con que la administración de Ricky solicitó su colaboración para abordar con el gobierno federal la posible eliminación o al menos la exención de las leyes de cabotaje.
Representantes del gobierno del territorio circularon entre las principales asociaciones empresariales el borrador de un documento dirigido a la reconstrucción de Puerto Rico, solicitando sus comentarios. Ricky y su pandilla, con el oportunismo que les caracteriza, editaron la recomendación de que se eximiera a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, cambiando el lenguaje por uno que básicamente pone en duda los beneficios económicos que podría traer esta medida.
Representantes de las asociaciones de capitalistas acusaron a Ricky de haber cedido a las presiones del congresista republicano Duncan Hunter, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos de su campaña electoral para lucro personal, de solicitar se sacara esa recomendación del documento final. Estos aluden a las nefastas gestiones de Hunter en el subcomité del Guardia Costera y Transportación Marítima de la cámara federal, en representación de poderosos intereses navieros y sindicales, donde insólitamente alegó que la Ley Jones no tenía impacto adverso en los consumidores de Puerto Rico utilizando un estudio superficial sobre precios de algunas mercancías a la venta en varios Walmart de la Florida.
La burguesía criolla lleva varios años impulsando tímidamente la eliminación de las leyes de cabotaje. Esta tarea la retomó tras el paso del huracán María, y más recientemente, con la propuesta del lobby del gas natural con Rob Bishop a la cabeza, de restringir el estatuto parcialmente para dar exenciones al combustible fósil, sus derivados y tecnología relacionada. Tal pareciera que toma nuevo impulso la propuesta ya que en declaraciones recientes Manuel Reyes Alfonso vicepresidente de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos) señaló que la ley Jones afecta “más allá de la carga general”. Este concluyó que “todas las exenciones han sido efectivas, lo cual obliga a concluir la necesidad de derogarlas por completo.”
En tiempos recientes un escollo infranqueable para la derogación del estatuto ha sido la comisionada residente Jennifer González quien, en su oportunismo y demagogia sin límites, ha tenido la flema de plantear que “el desarrollo de Puerto Rico es más grande que las leyes de cabotaje”. Ha señalado además que “el 60% de los productos llegan por bandera extranjera. Aquí se ha creado esta percepción de que el 100% de los productos vienen por bandera estadounidense, y no es así”. Este argumento, resulta ser una media verdad, y a fin de cuentas demagógico, porque convenientemente no explica el asunto en su totalidad.
Si bien es cierto que muchas de las mercancías que se importan al territorio lo hacen en barcos de matrícula extranjera, estos son contratados por EEUU. Estos no vienen directamente desde los puertos de embarque, sino que siempre hacen escala en puertos estadounidenses, lo que provoca que se añada el costo de ese viaje y el subsiguiente aumento de precios. La contratación de barcos extranjeros por parte de EEUU es una práctica cada vez más común ante la creciente obsolescencia de su marina mercante y la creciente competencia entre monopolios navieros de otros países que han logrado mayor éxito en ese importante renglón de la economía capitalista.
Considerando las necesidades actuales para la expansión de la acumulación, la existencia y mantenimiento de las leyes de cabotaje contradicen las leyes del propio desarrollo capitalista. No debemos perder de perspectiva que en el contexto histórico en que se crearon fue para apuntalar el naciente imperialismo estadounidense y sus trusts de la banca y el azúcar. Sin embargo, ante la nueva escalada de confrontación entre bloques capitalistas, donde EEUU está cada vez más aislado, la administración de Trump ha asumido una posición proteccionista de su economía. Es decir, de imponer barreras, como impuestos y tarifas de entrada, al libre flujo de mercancías y capitales para beneficiar su industria nacional. Esta postura lo ha llevado a serias disputas, no solamente con sus socios europeos, sino a una guerra arancelaria abierta con China.
En ese sentido, las agrupaciones de capitalistas criollos aseguran que “continuarán luchando de manera independiente y fuera de líneas partidistas” para impulsar la derogación del estatuto. Aunque esta contradicción entre la burguesía imperialista y sus socios menores en el territorio marcan un desarrollo importante en las luchas de clases, no debemos esperar grandes confrontaciones entre ambos bandos. Estos reclamos parten de una postura de sumisión y timidez, muy similar a la que exhibieron Ricky y sus alcahuetes al no impulsar la exención de la ley Jones.
Esta situación, aunque definitivamente afecta los intereses de la burguesía criolla, tiene efectos devastadores en el bienestar y la calidad de vida de las masas trabajadoras. Es otro indicativo más de que ninguna clase que no sea la clase obrera luchará por sus intereses y los de las grandes mayorías desposeídas. La única forma de eliminar todas las trabas que impiden a la mayoría de la sociedad disfrutar de la riqueza producida será mediante la organización revolucionaria de la clase obrera y la toma del poder político. Estos hechos prueban que la clase obrera debe plantear la lucha revolucionaria contra el régimen capitalista desde una perspectiva internacional. Como parte de su táctica revolucionaria está como tarea de primer orden el establecer alianzas con los sectores portuarios y con la clase obrera de EEUU para romper el bloqueo económico que impone el imperialismo.
¡Revolución o sometimiento!