La impunidad criminal de los capitalistas

Por Luis Soto

Dos casos recientes resaltan la impunidad criminal y la bancarrota moral de los capitalistas y el gobierno que los defiende en la colonia.

La semana pasada salió un informe por la organización HedgeClippers en el cual, entre otras cosas, se denuncian los mecanismos legales introducidos en el reciente acuerdo de reestructuración de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para “escudar” a varios de los corruptos responsables de emitir la deuda ilegal de cualquier consecuencia legal.  Con el título, La puerta giratoria de oro, el informe destaca cómo los mismos que actuaban de mala fe para emitir la masiva deuda ilegal formaron parte del equipo para negociar la reestructuración de la misma y diseñar los acuerdos que en última instancia los protegen mientras les dejan en manos de la gente pagar los platos rotos.

Se destacan criminales engabanados del patio tales como:

• Geraldo Portela, ex director ejecutivo de la AAFAF quien trabajó durante años para Santander Securities, y en su capacidad de negociador del gobierno colonial fue uno de los arquitectos de las dispensas legales incluidas en el acuerdo de reestructuración;
• Jorge Irizarry, director ejecutivo del grupo Bonistas del Patio, quien además de llevar a cabo una fraudulenta campaña mediática para presentar a los jubilados humildes como los principales beneficiarios del pago de la deuda ilegal, fue directamente responsable de la emisión de bonos del sistema de retiro de empleados públicos cuando éste fungía como presidente del BGF entre el 2007 y 2008;
• Carlos García, miembro actual de la junta de Wall Street que además de haber trabajado para Santander y el BGF formó parte de la junta de la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas la cual fomentó la compra de bonos del BGF cuando su precio todavía era alto;
• José Ramón González, otro ex ejecutivo de Santander y actual miembro de la Junta de Wall Street.

La mayor parte de los aproximadamente $4 mil millones de deuda del BGF, que hoy forman parte del proceso de reestructuración bajo el título VI de la ley Promesa, representan toda una estafa criminal.  Bajo el esquema fraudulento, la emisión de deuda excesiva facilitada y suscrita por entidades como Santander Securities se dio para hacer bajar el precio de los bonos del BGF y así allanar el camino para su compra a precios de ganga, muy por debajo del precio original que pagaron las cooperativas locales, por los fondos de cobertura como Fir Tree Capital, Avenue Capital, Brigade Capital Management, etc.  Luego, los mismos en el BGF y Santander responsables de la emisión de esta deuda orquestaron el acuerdo de reestructuración con un supuesto recorte de pelo de 55% lo cual en realidad se refiere al precio nominal de los bonos – lo que aparece en el título – y no el precio de descuento por lo que pagaron los fondos de cobertura.  De esta manera, los buitres que compraron los bonos del BGF a, digamos 25 o hasta 12 centavos el dólar de su valor nominal (como fue el caso en marzo de 2017) se llevarán una ganancia mínima de más de 200 veces su inversión original.

Y, ¿de dónde vendrán los chavos para “repagar” esta deuda del BGF que se acumuló fraudulentamente?  Según explica el informe de HedgeClippers, el 92% de los fondos de repago de la deuda emitida por el BGF vendrá de los municipios en la forma de mayores impuestos combinados con recortes de nómina y los servicios y programas.  (Significativamente, el tan mentado desembolso de $300 millones que formó parte del recién firmado proyecto de ley 908 del senado colonial estipula que sólo recibirán aquel “alivio” los alcaldes de municipios que firmen dispensas legales en las que efectivamente se acuerdan no tomar ninguna acción legal en contra del BGF y sus contrapartes con que están endeudados.)

Después de montar el guiso, aquellos que negociaron el acuerdo “legal” de reestructuración aseguraron incluir cláusulas para liberarse a ellos mismos y sus panas de cualquier responsabilidad por el traqueteo ilícito.  Es decir, el acuerdo de reestructuración les prohíbe al gobierno o cualquier otra entidad demandar por fraude al BGF, sus contrapartes o los agentes y representantes involucrados en la emisión de la deuda.  A pesar del inmenso sufrimiento que ocasionará la deuda fraudulenta e ilegal, ninguno de los responsables enfrentará cargos criminales en los tribunales capitalistas.  En la sociedad capitalista, el peso de la ley sólo recae sobre el pobre mientras estos sinvergüenzas se nos ríen en la cara.

Como si esta infamia fuera poca cosa, el revuelo recientemente desatado por la publicación de la investigación comisionada a la George Washington University en que el número oficial de muertes a causa del huracán Marí se aumentó a casi 3000, y ante la que el pendejo en la Casa Blanca reafirmó su reclamo de un trabajo fantástico de parte de las agencias federales, ha resultado también en otro voto de confianza de parte de Ricky al canalla Héctor Pesquera.

Vale recordar que el 19 de septiembre de 2017, justo antes de que María azotara Puerto Rico, AbayardeRojo publicó una nota señalando a Pesquera como la cara de la indiferencia criminal del capitalismo.  Después de resumir la crasa indiferencia en su conferencia de prensa antes de María manifestada por este ex agente del FBI y perseguidor de activistas progresistas y obreros revolucionarios, convertido en “secretario” de la seguridad pública, señalamos que:

En ningún momento de las declaraciones de oficiales gubernamentales se anunció un plan para movilizar recursos públicos, tales como las guaguas de la Autoridad del Transporte Integrado y escolares, ambulancias, etc., para evacuar a la gente vulnerable. Tampoco se detalló un plan para llevar a cabo la requisición de hoteles u otras viviendas disponibles en edificios a prueba de huracanes para albergar a las numerosas familias que quedarán sin casa.  No pasó por la mente de ninguno de los ‘genios’ en la actual administración un plan para desplegar y asegurar recursos médicos a través del país no pasó por la mente de ninguno de los ‘genios’ en la actual administración.  De hecho, no se ofreció ninguna medida significativa para garantizar la “seguridad pública” a pesar de los daños y probabilidad de muertes que se anticipan.   

La defensa pública por Ricky de un elemento como Pesquera, quien durante casi un año trató de esconder lo obvio con cifras fraudulentas de muertes debido a su negligencia criminal, es la más clara prueba del desdén abierto que sienten los capitalistas y los políticos en su servicio hacia las masas de gente trabajadora y humilde.  El que Pesquera pueda seguir cobrando su salario inflado como secretario de Seguridad Pública después de haber negado a levantar un dedo siquiera para movilizar recursos sociales vitales a favor de la gente vulnerable, luego de tantas mentiras ante una realidad que todos conocíamos, no sólo es indicio de la bancarrota moral de toda administración colonial, desde Rosselló para abajo, sino también su complicidad criminal.  Rosselló y Pesquera tienen sangre en las manos.

Estos ejemplos demuestran una vez más que los verdaderos criminales no son los delincuentes comunes que salen a la calle a llevar a cabo actos desesperados de violencia como vender drogas o asaltara a sus conciudadanos; tampoco las madres juveniles agobiadas que descuidan a sus crías.  Estos actos son indudablemente repudiables.  Sin embargo, al lado de las barbaridades perpetradas por criminales ‘engabanados’ tales como Portela, García, Rosselló y Pesquera, los actos de maleantes comunes quedan chiquitos.

La clase obrera tendrá que precipitar su reorganización revolucionaria para arrancar de las manos de los capitalistas y los políticos que les sirven el poder político.  Sólo de esta manera podrá poner fin a la impunidad criminal y el sufrimiento masivo que reinan.