Por Coral Ríos
La administración colonial de Ricardo Rosselló se encuentra actualmente saqueando los terrenos públicos y las reservas del archipiélago puertorriqueño. En el pasado mes ha realizado múltiples movidas en contra de la protección de reservas naturales y el libre acceso a las playas y costas.
Utilizando lo que le caracteriza – justificaciones vagas si no cínicas – Rosselló anuló por medio de dos órdenes ejecutivas, la designación de siete reservas naturales y sus respectivos planes sectoriales que componen más de siete mil cuerdas de terreno. Por recomendación de la Junta de Planificación, el gobierno de turno ha revertido décadas de esfuerzo y largos procesos de avance alcanzados para la protección de importantes recursos naturales.
Las siete reservas afectadas son Mar Chiquita en Manatí, Finca Nolla en Camuy, Río Camuy donde ubican las Cavernas de Camuy, el Humedal Playa Lucía en Yabucoa, Punta Guilarte en Adjuntas y Punta Petrona en Santa Isabel. Esta última pertenece al Bosque Estatal de Aguirre y fue una de las primeras reservas establecidas en Puerto Rico, en el año 1979.
Tres organizaciones entre las que se encuentran Sierra Club y Toabajeños en Defensa del Ambiente solicitaron al tribunal de apelaciones que revoque las resoluciones de la Junta de Planificación que recomiendan la eliminación de las reservas naturales. Sus reclamos van dirigidos a que los planes sectoriales son herramientas de planificación por lo que conllevan participación ciudadana para enmendarlas o eliminarlas.
Por otro lado, una enmienda al Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Peñuelas – donde se libra una incesante lucha contra el depósito de cenizas de carbón – dará paso al Proyecto residencial y turístico Hotel y Resort El Caño en el Barrio Encarnación. El Caño Resort Inc., propiedad de Francisco Sellas y Pedro Lluch, contará con un hotel de 126 habitaciones con restaurante ubicado en 51 cuerdas de terreno. A pesar que el cambio de clasificación a suelo urbano les quita la protección a estos terrenos y que los dueños han comunicado que quieren vender el proyecto a intereses extranjeros, tanto el alcalde Walter Torres Maldonado como el líder PIP Jimmy Borrero, favorecen la obra.
Como si fuera poco, el gobernador favoreció también una resolución para permitir la construcción de un hotel privado en un solar de cinco cuerdas en el balneario de Carolina. La resolución conjunta #94 del senador Eric Correa, prohíbe al municipio de Carolina la cancelación de un contrato de arrendamiento durante los próximos 99 años para que lleve a cabo un complejo hotelero en playa pública en zona marítimo terrestre. El propietario de Courtyard Marriot de Isla Verde, Eduardo Ferrer, ha sido señalado como tesorero de campaña de Pierluisi y donante de campaña de Rosselló.
Los terrenos protegidos en Puerto Rico no sobrepasaban el ocho por ciento del área total hasta que el gobierno de turno anterior duplicara esa cantidad en una operación relámpago para tratar de mejorar la maltrecha imagen de su gestión gubernamental. Esa misma gestión que García Padilla se daba de pecho, es la misma que de un plumazo ha dejado sin efecto Rosselló con sus argumentos politiqueros. Como lección a estas historias que hemos visto repetirse una y otra vez con los gobiernos de turno de la colonia de Puerto Rico, aprendemos como clase trabajadora que estas figuras que “gobiernan” no son más que marionetas que responden a los intereses del capital.
Se designa como reserva natural áreas de alto valor ya sea por su ecología, su historia o su belleza con el propósito de conservarlos para un uso común y para el beneficio de futuras generaciones. Cerca de 70 por ciento de los terrenos protegidos de Puerto son manejados por el gobierno estatal o compañías privadas y 30 por ciento lo manejan los federales. El Fideicomiso de Conservación es la agencia privada que más terrenos maneja. El DRNA está a cargo de aproximadamente 40 mil hectáreas.
La protección de los terrenos de alto valor son un mecanismo importante para defender recursos valiosos del interés de lucro de los oportunistas.
Los mecanismos legales conforman actividades de resistencia importantes para obtener logros inmediatos o en algunos casos detener procesos injustos que se están ejecutando. Aunque muy valiosos, los mecanismos legales tienen un límite puesto que son dominados a última instancia por el poder de la burguesía. La mejor prueba de esto es que la mayoría de las injusticias percibidas en la sociedad son aprobadas por ley o en la práctica condonadas por ella.
Junto con los esfuerzos en los tribunales y las actividades de protesta para manifestar indignación, la clase trabajadora debe recurrir a mecanismos de organización en sus comunidades. El desarrollo de una fuerza desde las bases que reclame inherencia en la participación y toma de decisiones sobre el futuro de nuestros recursos naturales es indispensable para nuestra permanencia.
Deja que los buitres ataquen el bosque modelo detras de la mina de cobre que hoy vale el doble o mas de la supuesta deuda publica de 72 millardos o en spanglish 72 billones.
La capa alcalina de tierra es 1 pie, la propuesta es una mina abierta para explotar el yacimiento. Toda la tierra debajo de ese pie de profundidad es veneno.