Por Lidia López
El mismo día en que la Comisión de Derechos Civiles concluyó que el cierre de escuelas “lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público”, el Tribunal Supremo avaló la decisión de la administración colonial de cerrar cientos de planteles. Una vez más queda en evidencia el carácter clasista de los tribunales. Para las masas obreras y de pobres, la llamada justicia en la sociedad capitalista es una farsa.
La decisión del tribunal alto resalta las piruetas legales a las que se recurren muchas veces para darle un barniz de legitimidad a los ataques llevados a cabo por los gobiernos capitalistas contra las masas obreras. El razonamiento legal de la mayoría en la corte se basó en el argumento de que el cierre de escuelas no constituyó un acto discriminatorio dirigido a individuos o un grupo de personas en particular sino que fue la respuesta a una política pública en general. En otras palabras, estos ‘eminentes’ cerebros de la justicia capitalista no reconocieron públicamente que la niñez de extracción obrera y de pobres, que depende abrumadoramente de las escuelas públicas y que se verá adversamente afectada por la clausura de cientos de planteles constituya un grupo particular al que está dirigida esta nefasta política pública.
Significativamente, la opinión mayoritaria del Tribunal fue suscrita tanto por jueces nombrados por el PNP como el PPD, lo cual demuestra una vez más lo unidos que están los partidos oficiales cuando se trata de atacar a las masas obreras y de pobres. Aun las llamadas voces disidentes dentro del tribunal demostraron su prejuicio de clase al centrar su endeble oposición en la falta de participación de padres y el carácter desorganizado del proceso que llevó a cabo el Departamento de Educación para cerrar los planteles.
Aparte de su prejuicio clasista, un hecho que conoce bien todo trabajador que ha caído víctima de los abusos del sistema legal capitalista, la decisión del Tribunal ofrece otra gran lección para las masas obreras. Ha quedado desenmascarada la fallida estrategia de la alta burocracia sindical de basar toda su oposición a los ataques a los que están sujetas sus matrículas en los tribunales. Los tribunales capitalistas son el cementerio de cualquier iniciativa de lucha genuina de parte de los trabajadores. Cualquier ‘líder’ sindical que dirige sus bases exclusivamente hacia el callejón sin salida de los foros legales capitalistas es un traidor.