Por Rogelio Acevedo
La noticia de la declaración de inconstitucionalidad de la llamada reforma educativa por un tribunal de San Juan ha acaparado los titulares por los pasados días. En la decisión, el tribunal de primera instancia validó la impugnación que hiciera la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) sobre la ley 85 de reforma educativa.
Inmediatamente representantes de La Fortaleza y otros defensores de la privatización de la educación pública han salido a impugnar la decisión del tribunal, quienes se han manifestado, algunos ejerciendo cautela, mientras otros no tuvieron reparos en expresar el carácter político partidista del asunto. Tal y como había adelantado hace un par de semanas para la decisión de un tribunal de Arecibo, el secretario de asuntos públicos, el pistolero Ramón Rosario, señaló que la administración Rosselló apelaría la decisión. Este enfatizó en que “el gobernador está enfocado en transformar el sistema de educación pública que tantas fallas tiene” y confió en que, basado en la jurisprudencia a nivel federal, el modelo de las chárter ha sido validado, con lo que finalmente será adoptado en Puerto Rico.
Otros más furibundos, como el ex secretario de educación bajo la infame administración de Luis Fortuño, Carlos Chardón, confió en que, contrario a 1994 “cuando la mayoría eran seleccionados por el PPD” con la composición actual del tribunal supremo nombrada por el PNP “esperaría que se revisara aquella decisión”. Simple y burdo, sin una sola palabreja de las que suelen usar los politiqueros hipócritas cuando nos hablan de “la transformación de la educación en beneficio de nuestros niños”. Estas declaraciones, más allá de expresar la negligencia criminal que ya han demostrado estos personeros, muestran una actitud mafiosa al confiar en que los métodos corruptos que usan para mover los hilos del aparato político del territorio una vez más les rendirán los frutos esperados.
Mientras tanto, los portavoces de las organizaciones magisteriales se mostraron “muy conformes” con “una decisión bien fundamentada jurídicamente”. Peor aún, elogiaron la acción de la AMPR señalándola como correcta y que con la decisión judicial se reconocieron las denuncias que venían haciendo en contra del proyecto. Aprovecharon el anuncio para denunciar que, por la suspensión de los cierres, junto con la falta de nombramiento de miles de maestros permanentes y la incertidumbre sobre a qué escuela serán destacados, provocarán “uno de los inicios de año escolar más caóticos en la historia del DE”.
Sin embargo, todas estas esperanzas que muestran los líderes magisteriales en el sistema judicial burgués se desvanecen cuando chocan con la realidad de su verdadera función en el régimen capitalista: defender la propiedad privada y el poder burgués. Ya desde la semana pasada, incluso antes de la decisión del tribunal de San Juan, el tribunal supremo señaló que revisará la decisión tomada por el tribunal de Arecibo que paralizó el cierre de 10 escuelas en esa región educativa. Esta acción del “máximo foro judicial” pretende atender las evidentes disputas de forma, no de fondo, que existen dentro de distintos sectores de la clase capitalista en sobre qué rumbo debe tomar la imposición de las chárter.
En términos objetivos lo que «ganaron», por lo menos temporalmente, con el fallo es el mantenimiento del estatus quo. En nada luchan Aida y el resto de los «líderes magisteriales» por un sistema educativo justo para la niñez pobre y de familias obreras. No dicen, «Luchemos para restaurar fondos con que se quedan los ricachos de todo tipo, para reducir el número de alumnos por grupo, arreglar y modernizar las plantas físicas.» Tampoco por introducir un currículo de avanzada, expandir los servicios de apoyo al alumno, por un lado, y aumentar salarios, mejorar el sistema de retiro para los que trabajan en las escuelas, por el otro. En lugar de eso, su lucha es, «No me quiten mi parcela de donde saco las cuotas.»
Hemos denunciado anteriormente que el involucramiento de sectores liberales del PPD en su supuesta defensa de la educación va de la mano con intereses de empresarios de su entorno que quedarán fuera dentro de la planificación actual de privatización. Como expresamos en aquel momento: “Sin embargo, aunque no podemos plantear como negativa la decisión del tribunal, esta resulta insuficiente para resolver la problemática de fondo en torno a la educación pública y al bienestar de las masas en general. La misma responde a las propias contradicciones internas que sufre el aparato político del territorio, donde sus componentes responden, directa o indirectamente, a intereses de diferentes sectores burgueses.”
Resulta evidente que la alegada inconstitucionalidad de la ley 85 es una medida de autoprotección del sistema de explotación. Es decir, esta decisión pretende apuntalar el fraudulento liderazgo de Doña Aida y de la AMPR como “representante exclusivo” magisterial. La táctica de la AMPR responde a los designios de los capitalistas en canalizar el profundo descontento del magisterio por las difíciles condiciones laborales y salariales que sufren. Sin embargo, las traiciones de la alta burocracia sindical, no solo dentro del magisterio, sino en el resto del movimiento sindical, son demasiadas y sus efectos han traído grandes pérdidas a la clase obrera en general como para considerar esta decisión como una victoria. Esta solo representa un parche, un retraso temporero a los planes de desmantelamiento de las estructuras de servicio público.
No cabe duda que las implicaciones que tendrán estos procesos judiciales van más allá de las difíciles condiciones para la educación pública y de nuestra niñez, tendrán una dimensión sindical y laboral que encierran gran potencial de desarrollo revolucionario. La única forma en que el magisterio y el resto de la clase obrera podrá hacer frente a esta cruel ofensiva que cada vez más amplia su alcance a todos los ámbitos sociales es tomar el camino de la lucha organizada. Retomar las asambleas, que les permita, más allá de tomar acciones inmediatas, discutir las dificultades actuales y los cursos de acción más adecuados con independencia e inteligencia. Deberán plantearse como tareas inmediatas: trabajar por la democratización de sus sindicatos, arrancar de las manos de los burócratas el patrimonio de sus organizaciones, exigir el fin de las reuniones secretas de sus “líderes” con los politiqueros coloniales y que éstos reciban una compensación igual al salario promedio de un miembro. Sin embargo, la más importante será emprender una batalla campal, en todos los flancos, contra sus enemigos internos.
Con las nuevas condiciones de explotación que impone el régimen capitalista crea el campo fértil para la organización sindical. Esta será un elemento crucial en el desarrollo de la lucha de clases, dentro de las filas del movimiento obrero, y contra la clase capitalista. Los comunistas reconocemos la lucha sindical como insuficiente para que la clase obrera logre sus aspiraciones de liberarse del yugo de la explotación, pero de la misma forma la entendemos como parte indispensable para el desarrollo de su conciencia y su consiguiente organización política independiente. Solo con las experiencias que da la lucha organizada la clase obrera cobrará conciencia de su propia fuerza y la fogueará para que vaya asumiendo su rol protagónico en la sociedad en ruta a la toma del poder político y la destrucción del poder burgués.