Rosa Rojas
Con la reciente aprobación en el senado del proyecto de privatización de la AEE y la esperada concurrencia de la cámara, comienza formalmente una nueva etapa de saqueo en el territorio. Una etapa que se caracterizará por el saqueo de todos los bienes públicos, naturales y de infraestructura, que pasarán a empresas privadas de todo tipo. Este plan ha sido impulsado por mucho tiempo por diferentes sectores de la clase capitalista e implementado por sus representantes de los partidos burgueses, y más recientemente, de la mano de la JWS. Pero este plan tampoco se limita a la enajenación de infraestructura crítica para el país, sino que tendrá implicaciones en otros ámbitos: económico, laboral y lo que será la nueva visión sobre la propiedad pública.
Esta semana la cámara evalúa las enmiendas hechas en el senado para el proyecto de privatización, aunque ya adelantó que concurrirá con las mismas. Estas medidas que se aprobarán en la legislatura básicamente establecen un marco legal general para la repartición de las propiedades de la AEE, aunque todavía está abierta la contienda qué sectores se apoderarán de qué. Como parte de la pantomima que viene jugando la legislatura en su supuesta oposición a los planes de la JWS y “en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño” hicieron énfasis en que no se harán ventas ni concesiones a empresas que no cumplan con el marco regulatorio y la política energética. Ambos aspectos estarán “atendidos” en dos proyectos separados que se radicarán posteriormente.
Sobre el trámite legislativo
No olvidemos que tanto el marco regulatorio como la política energética fueron una pugna importante entre Fortaleza y la legislatura, ya que la ganga de Ricky pretendía incluirlos todos en el mismo proyecto, mientras que la de Rivera Schatz insistió que se trabajaran separados. Al final se impuso la visión de Rivera Schatz y todavía está por verse con qué embeleco vendrán para esos proyectos. Lo que está claro es que toda esta legislación que se está aprobando es para crear condiciones favorables a los capitalistas, pero a la misma vez reflejan sus pugnas y contradicciones.
En esa línea, el proyecto prohíbe la formación de monopolios para la generación de energía, argumentado bajo la “libertad de selección”, se contratará a varias empresas quienes supuestamente ofrecerán precios más bajos para mantenerse competitivos. Quizás por oportunismo o por error, se les escapó a los corruptos de la legislatura que las empresas interesadas en este ámbito son en su mayoría monopolios de capital internacional. Recordemos las gestiones que ha venido realizando Noel Zamot para ofrecerle los activos de la AEE a empresas “interesadas” a nombre de la JWS. Esto asegura que esas empresas podrán coexistir un breve periodo una vez se apoderen de la infraestructura y del mercado. Pero por su naturaleza, una vez se asienten eventualmente la más poderosa desplazará a las demás apoderándose del mercado “local”.
El proyecto separa las competencias sobre quién tramita las ventas de activos, que será la legislatura, mientras que las cesiones se encargará la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP). En esta etapa comenzarán vendiendo las plantas generatrices y creando APPs para la transmisión y distribución eléctrica.
Sin embargo, además de las implicaciones que tendrá esta venta, la clase obrera no podemos perder de perspectiva que las causas que impulsan este proceso tienen su origen en las necesidades actuales del capital de mantener en aumento los niveles de acumulación. Esas circunstancias han convertido, no tanto la AEE como la conocemos, sino el ámbito de la producción energética, en un campo de batalla de diferentes sectores capitalistas. Entre ellos el cartel del petróleo, el del gas natural, además de otras empresas que vienen de la mano del gobierno federal.
Actores en pugna
Está claro que el sector del carbón lleva alguna ventaja al haber colocado en un puesto clave a Walter Higgins, quien ha declarado abiertamente que la energía renovable ya no forma parte de la política pública de la agencia. Mientras que por el otro lado, el senador Rob Bishop quien representa fuertes intereses de empresas de gas natural, es quien ha salido “en defensa” de la JWS recordándole a la camada de corruptos ineptos que administran el territorio, incluso en varias visitas, en cuanto a sus poderes establecidos en la ley Promesa. Otros segmentos del gobierno federal han planteado intervenir en el asunto, entre ellos el Departamento de Energía, quien junto con FEMA, impulsan la creación de microrredes, aunque habrá que esperar el informe para ver su propuesta concreta. Aun así, hemos visto las ejecutorias de empresas vinculadas al gobierno federal, como Cobra, quienes han tenido ganancias históricas con el desastre de María.
También queda claro dentro de este entramado de actores, que todos y cada uno de ellos están ejecutando al pie de la letra el Plan Fiscal. Sus diferencias son solo sobre la forma y no sobre el contenido del saqueo. Aun cuando todos los sectores económicos en el territorio se han expresado a favor de la privatización de la AEE, burguesía como agrupaciones de pequeños y medianos comerciantes, hay otros sectores capitalistas que se oponen a esa movida, al menos no en estos momentos. Organizaciones como el Instituto para Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) han planteado como contraproducente el desmembramiento de la AEE. En su informe “Ley de privatización no resolverá la crisis eléctrica en Puerto Rico” señalan entre otras cosas, que dicha propuesta no “logrará el objetivo de modernizar el sistema eléctrico porque no atiende las causas de los altos precios: dependencia de combustibles fósiles, mala administración, descenso en la demanda, deuda”.
El informe apoya la creación de microrredes y además hace varias recomendaciones para modernizar el sistema: salir de la dependencia del petróleo, fuerte regulación gubernamental, procesos de contratación constatables y la inclusión de los sindicatos en el proceso de transformación. Estas recomendaciones desde luego, se mantienen en el marco de explotación capitalista, es decir, en la transferencia de activos públicos, y la riqueza que generan, a manos privadas.
Papel de la clase obrera
En este momento, lo que debe tener presente toda la clase obrera y el pueblo en general es que todas estas movidas irán en contra de nuestros intereses. El hecho de que la producción eléctrica no esté en manos públicas será una presión adicional que sufriremos las masas a los ya numerosos golpes que que hemos sufrido en los pasados años. Esto será no solo en el aspecto del aumento en el precio de la electricidad, sino que en un futuro desastre estaremos a merced de los dictámenes del capital y no de nuestras necesidades. Esto ya sin hablar de las nuevas condiciones laborales que se crearán para los trabajadores de la AEE, sino para toda la clase obrera en general, apuntaladas por la eliminación de la ley 80, serán sin duda otra presión de peso
A medida que se va implementando las políticas de austeridad de la JWS aumenta la putrefacción y la descomposición de las estructuras del ELA, y con ellas, el creciente descontento de las masas con el régimen político actual. La trama de la venta de la AEE constituye parte de esa feroz ofensiva capitalista y que no harán más que acrecentar la crisis actual. Es por esto que para luchar contra todos estos ataques la clase obrera debe organizarse independientemente para la lucha política contra el régimen actual y sus defensores. Debemos insistir en nuevas formas de organización obrera, los consejos obreros, que vayan educándola en la elaboración y ejecución política. Esta, junto con un programa de lucha, abrirá el camino para la toma del poder político y la construcción de una sociedad que atienda nuestras necesidades y aspiraciones: la sociedad socialista.
¡Organicemos consejos obreros!