Por Rogelio Acevedo
Ayer el tribunal Arecibo dio paso a un recurso presentado por la Asociación de Maestros (AMPR) contra el Departamento de Educación (DE) para impedir el cierre de nueve escuelas en Morovis y Arecibo. Esta decisión judicial se enmarca dentro del anunciado cierre de 287 escuelas el pasado abril, contra el cual la AMPR sometió cuatro recursos legales para impugnar cierres en las regiones educativas de San Juan, Humacao, Arecibo y Mayagüez.
Parte de los argumentos que trajo la AMPR estuvieron dirigidos a impugnar la legalidad de las guías que usa el DE para determinar los cierres, sobre la ley 85 de reforma educativa y de la falta de comunicación con las comunidades escolares que se verán afectadas. Como parte de esos esfuerzos se le sumó el municipio de Añasco quien radicó otro recurso para oponerse al cierre de dos escuelas en su jurisdicción.
Con la arrogancia que caracteriza a la partida de corruptos de la administración Roselló, en este caso Ricky de la mano de la contratista Keleher, señaló que apelarán la decisión tomada por el tribunal de Arecibo. Como parte de los argumentos para defender lo indefendible Ricky señala “en tiempos de retos hay que tomar decisiones difíciles, pero que mientras sean en beneficio de nuestros niños las tomará 100 veces”. Más cínica fue la reacción de la contratista Keleher que argumentó que “sostendrá en el tribunal los argumentos y evidencia que sustentan el procedimiento”, donde llama la atención el hecho de que no aprovechó esta oportunidad para “demostrar su caso”.
Esas declaraciones no hacen más que revelar el cinismo criminal al que nos tienen acostumbrados, ¿cómo es posible que sea beneficioso el cierre de escuelas ubicadas en comunidades marginadas económicamente? Ya se empiezan a ver los efectos de la ronda anterior de cierres el año pasado: comunidades desmembradas, sumado a los efectos del huracán, estructuras abandonadas, vandalizadas. En fin, materializan todos los efectos de la marginación causada por el capitalismo.
Mientras que los medios de prensa burgueses pretenden venderle al magisterio, y a la clase obrera en general, como una novedad la táctica que ha asumido la AMPR de defender a las escuelas en los tribunales. Intuitivamente ni el magisterio, ni la clase obrera en general confían en estas instancias para resolver sus conflictos. Pero ante la falta de conciencia y organización independiente, la alta burocracia del sindicalismo corporativo continúa llevándolas por el camino del reformismo y la conciliación de clases. En el pasado hemos denunciado esta táctica como oportunismo de la dirección de la AMPR y sus continuos esfuerzos para desviar y desarticular la lucha del magisterio por la educación pública y sus reclamos laborales.
No podemos ver aislada la movida de la AMPR del oportunismo de varios miembros del PPD, quienes hipócritamente ahora se oponen a los cierres luego de que su propio partido estuvo por años participando del festín de la privatización. De la misma forma sus correligionarios en la legislatura, que hace poco aprobaron leyes tan nefastas como la ley 3, 22, 66, ahora vienen a “oponerse” a la ley 80. Con sus actos solo demuestran su verdadera naturaleza como herramientas de la clase capitalista para atacar a las masas trabajadoras y firmes defensores del sistema de explotación actual.
Sin embargo, aunque no podemos plantear como negativa la decisión del tribunal, esta resulta insuficiente para resolver la problemática de fondo en torno a la educación pública y al bienestar de las masas en general. La misma responde a las propias contradicciones internas que sufre el aparato político del territorio, donde sus componentes responden, directa o indirectamente, a intereses de diferentes sectores burgueses. En esta etapa de la lucha de clases se manifiesta como la apropiación directa del patrimonio público por parte de la clase capitalista, que, unida a la reducción del valor del trabajo, pretende crear condiciones más favorables para la inversión. En esa ecuación se encuentra la educación pública.
Esta debe ser otra muestra más para todos los sectores de la clase obrera de que las soluciones que se requieren para acabar con las relaciones actuales de explotación están únicamente en manos de la clase obrera. Solo con su unidad, organización independiente y claridad ideológica expresadas en un programa podrán orientar su lucha hacia los verdaderos objetivos que emanciparán a la sociedad completa: la toma del poder político y la construcción del socialismo. Para ir avanzando en esos objetivos hay que transformar esa necesidad ciega, en libertad. Es decir, en que la clase obrera conozca la necesidad de construir una nueva sociedad basada en el bien común.
¡Comunismo o barbarie!