Por Rogelio Acevedo
El pasado 20 de mayo el “presidente obrero” Nicolás Maduro revalidó en la presidencia de Venezuela, en unas elecciones altamente controversiales bajo acusaciones de fraude y baja participación. Maduro prevaleció en estos comicios (5,823,728), que ya habían sido rechazados por la fascista Mesa de Unidad Democrática (MUD), donde participaron distintos sectores de “oposición democrática” como Henry Falcón segundo candidato con más votos (1,820,552), seguido por el expastor evangélico Javier Bertucci (925,042) y Reinaldo Quijada (34,614).
Este “evento” electoral contó con un desarrollo importante, la nueva alianza de los lacayos del imperialismo agrupados en el Grupo de Lima, compuesta por 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. El llamado Grupo de Lima desconoció inmediatamente los resultados bajo acusaciones de “crisis de las instituciones democráticas y falta de garantías y libertades políticas de los ciudadanos”. Estas declaraciones van a tono con el propósito por el cual fue “creado” este grupo: aislar políticamente a nivel regional el gobierno venezolano para dificultar aún más su acceso a mercados financieros y comerciales. Un paso importante para el bloque imperialista en la región es establecer el carácter represivo y antidemocrático del gobierno bolivariano como forma de presionar a otros bloques imperialistas a sumarse al bloqueo y ahondar su debilitamiento.
Como contraparte salió en defensa de la validez del proceso y los resultados el Consejo de Expertos electorales de Latinoamérica (CEELA), así como otras organizaciones quienes enviaron observadores, principalmente para dar legitimidad internacional. El canciller venezolano Jorge Arreaza resaltó la presencia de cerca de 150 observadores de organismos electorales de diversos países. Sin embargo, este apoyo constituye una débil respuesta ante la resonancia que ha tenido el desconocimiento del resultado en los medios de prensa de la burguesía internacional.
Profundización de crisis económica
Esta nueva coyuntura se enmarca dentro de una creciente agudización del cerco imperialista a nivel externo y un deterioro acelerado de las condiciones de vida de las masas por una parte, y la errática política económico social implementada por los liberales del PSUV. En aquel momento señalábamos lo pernicioso de lanzarse en brazos de los parásitos financieros colocando el patrimonio y los recursos del pueblo venezolano bajo su control mediante la especulación con la criptomoneda Petro y la compra de permutas de pago (credit default swaps o CDS). Mientras que por el otro, por el mismo bloqueo financiero y su consecuente escasez de insumos y maquinaria industrial, ha provocado una notable caída en todos los renglones económicos y el ascenso meteórico de la inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta alcance 13,000%.
Basándose en los efectos inmediatos de las sanciones previas, el día después del triunfo de Maduro, Trump firmó un decreto ampliando el alcance de estas medidas. Las mismas establecen restricciones adicionales al capital estadounidense, empresas o individuos, para compraventa de activos, principalmente bonos del gobierno de Venezuela y de su principal empresa cuasi pública PDVSA. Estas medidas, aunque alcanzan varias ramificaciones, están dirigidas a atacar en el campo financiero, ya que por otra parte, estas no imponen restricción alguna a las actuales transacciones petroleras entre ambos países.
Sin embargo, este hecho no debe verse de forma simplista como una batalla de la clase capitalista de EEUU con los sectores pequeñoburgueses y burgueses venezolanos por establecer un control más directo sobre los recursos energéticos (petróleo, gas natural). Sino más bien como una lucha entre al menos tres bloques imperialistas disputándose el control de las áreas de explotación de hidrocarburos: Rusia, China y EEUU. Por esto no deben sorprendernos la dirección de las sanciones, dirigidas a golpear intereses rusos por la vía financiera y limitando su entrada al mercado estadounidense a través de la filial Citgo, propiedad de PDVSA, y de la que la empresa rusa Rosneft posee el 49% de participación.
Por la construcción de una oposición proletaria
Todas estas batallas interburguesas muestran el carácter criminal del imperialismo y sus lacayos de cómo han impuesto duras condiciones de vida a las masas obreras. Para agravar la situación, el chavismo las ha lanzado por el barranco ideológico de la conciliación de clases y el pantano electoral como formas oportunistas de darle respuestas su inevitable defensa del sistema capitalista. Su táctica reciente, asamblea constituyente y elecciones, se ha dirigido a apuntalar su control de los aparatos gubernamentales ante el avance del descontento popular y la recomposición parcial de la derecha. En febrero de 2018 planteábamos sobre su divorcio de las necesidades populares:
“Frente a todos estos despliegues hipócritas de democracia burguesa, se presentan los hechos contradictorios de una dirección política en franca bancarrota: la represión de las protestas obreras en denuncia por la caótica situación de Venezuela. Aunque la política antiobrera del PSUV se remonta a los tiempos de Hugo Chávez, durante los pasados meses han aumentado las protestas de sectores de la clase obrera no organizados políticamente, exigiendo condiciones dignas de empleo y de salarios, donde la respuesta del Estado ha sido la represión abierta, aderezada por acusaciones de dirigentes del PSUV de ser “contrarrevolucionarias”. Estas crecientes manifestaciones se diferencian notablemente de las protestas pasadas por su carácter de clase, ya que la exigencia de estos sectores obreros a los gobernantes es que garanticen el cumplimiento de las leyes que les cobijan contra despidos injustificados y convenios colectivos justos.”
Esta situación de subordinación política e ideológica de la clase obrera por la intelligentsia pequeñoburguesa responde a que no existe una dirección política coherente que pueda orientar una política proletaria independiente. Esa dirección política debe romper además con su visión anti imperialista estrecha porque tiene el efecto práctico de limitar el horizonte de la clase obrera sobre el carácter internacionalista de la revolución socialista. La clase obrera debe trabajar para construir instancias organizativas propias que le permitan ejecutar su política, ya que carece de un destacamento revolucionario que haga verdadera oposición al PSUV. El destacamento organizado en el PCV, o al menos su dirección política, ha quedado rezagado a un papel de subordinación al chavismo, al mantener su apoyo y participación “crítica” a un proyecto que choca frontalmente con los intereses y las necesidades de la clase obrera.
En ese sentido, el plantear en esta coyuntura que “el voto de ayer fue un voto valiente y consciente en defensa de la patria frente al imperialismo”, el PCV falla en cumplir su función de dar dirección y capacidad organizativa a la clase obrera. Su oposición leal y su defensa del proceso electoral crea desorientación y confusión si se evalúan los resultados de los pasados 20 años de colaboración, frente a la desesperada necesidad de organizar a los trabajadores para luchar contra las cada vez más opresivas condiciones que impone el gobierno «revolucionario».
Por esto reiteramos nuestro llamado a que la clase obrera se fortalezca organizativamente para que se encuentre en posición de luchar contra todos los sectores de la clase capitalista criolla e internacional. También debe prepararse ideológicamente para librar una lucha ideológica implacable contra todas las tendencias hostiles al marxismo (liberales, radicales o reaccionarias) y al internacionalismo insertadas dentro del movimiento obrero que le impiden avanzar en la lucha revolucionaria por el socialismo.