Por Ismael Castro
El conflicto entre el principal grupo de bonistas COFINA y los tenedores de bonos GO (obligaciones generales) parece haber suavizado un poco, por lo menos a corto plazo. Se anunció esta semana un acuerdo tentativo entre las dos bandas de buitres en que se contempla la creación de un fideicomiso en que serían depositados todos los bonos actuales de COFINA. Dicho fideicomiso, que se consideraría un ente independiente no sujeto a retos legales futuros, sería también el dueño de 5.5% del IVU actual, y los fondos acumulados en él estarían exentos de todo intento de “derogar, limitar, restringir u otra interferencias” de terceros sin el acuerdo mutuo de los bonistas que forman parte del acuerdo. En otras palabras, estos fondos derivados del regresivo impuesto sobre el consumo serían “intocables”, recursos no disponibles para ningún otro propósito que no sea el pagar a los bonistas. Bajo el arreglo, cada vez que se hace la compra de algún artículo de necesidad, se le estaría garantizando el pago a los buitres.
Del nuevo fideicomiso se efectuaría un canje de títulos con las dos clases de tenedores de bonos, COFINA y GO, según una serie de porcentajes de asignación (allocation percentages) además de los varios reclamos originales. Por ejemplo, los bonistas COFINA recibirían 52.5% del valor de distribución mientras los poseedores de los bonos GO, un 46.23%. Un 1.26% del monto sería distribuido a los poseedores de reclamos no asegurados (GUCs). Del resto de los reclamos, o remainder claims, el fideicomiso distribuiría certificados a los bonistas GO con un valor igual a sus reclamos bajo el proceso de Título III. Otros certificados, con un cupón que incluye una exención contributiva de 6%, formarían parte del canje.
En términos más sencillos, de aprobarse el acuerdo los bonistas COFINA senior, la clase más alta en la jerarquía, podrían quedarse con hasta 95% del valor de sus reclamos mientras los dueños de bonos subordinados recibirían 43%. En el caso de los tenedores de bonos GO, éstos podrían quedarse con 58.6% de sus reclamos relacionados al IVU y los fondos acumulados por la COFINA. La fecha efectiva del acuerdo sería el primero de julio de 2018.
La administración colonial, a través de la AAFAF y su jefe Geraldo Portela, rápidamente rechazó el acuerdo. Tal como se proyecta como “opositor” de la Junta de Wall Street, la administración de Rosselló comprende su condición inestable por lo que no le quedó otra alternativa que la de expresar su oposición al acuerdo principalmente a base de sus implicaciones presupuestarias. Tal como está, el acuerdo entre las facciones de bonistas agravaría los ya estrechos límites presupuestarios impuestos sobre la administración por la Junta, lo cual levanta el espectro de más descontento masivo y oposición popular.
Dentro del grupo de bonistas COFINA que subscribieron el acuerdo se encuentran los Bonistas del Patio, Inc., grupo que a pesar de su nombre y propaganda representa los intereses de un sector prominente de la oligarquía criolla dentro de la colonia. Significativamente, algunos representantes políticos de esta oligarquía colonial han hecho declaraciones públicas que subrayan la coincidencia de intereses que hay entre ellos y los buitres de Wall Street. Por ejemplo, se resucitó recientemente la princesa malvada Sila con su discurso lleno de moral hueca sobre el “honor” dando lecciones fraudulentas sobre el gasto público – como si su administración no tuviera nada que ver con la deuda acumulada. Y ¿quién puede olvidarse de Thomas Rivera Schatz? Siempre obsesionado con acaparar los titulares, el presidente del senado colonial también se unió recientemente al coro que insta al pago de la deuda. Desde la perspectiva de estos buitres del patio la deuda hay que pagarla para preservar sus privilegios de clase.
Entrelazados con estos representantes de la oligarquía criolla, se destacan Aristeia Capital, LLC, Canyon Capital Advisors, LLC y Golden Tree Asset Management LP como firmantes del grupo de bonistas COFINA. Del grupo GO se destacan Aurelius Capital Management, Monarch Alternative Capital, Fir Tree Partners y Candlewood Investment Group. Las aseguradoras como Ambac y National Public Finance Guarantee Corp. se incluyen en ambos lados.
Es demasiado pronto para decir si el acuerdo tentativo, que incluye aproximadamente $11 mil millones, será aprobado total o parcialmente en los tribunales. El avance en las negociaciones entre grupos de bonistas en conflicto hace más fuerte su capacidad de proteger sus intereses colectivos y profundizar la campaña llevada a cabo por la clase capitalista en su conjunto contra las masas obreras. La noticia del acuerdo resultó en un aumento en los precios de los todas las clases de bonos correspondientes en el mercado este martes. Se vislumbra algún retorno de la colonia a los mercados financieros, bajo condiciones de la previa triple exención contributiva o algún otro incentivo para el capital parasitario. De lo que podemos estar seguros es que bajo cualquier acuerdo que se finalice dentro del grupo de bonistas en su conjunto así como entre ellos y el gobierno, las masas obreras pagarán los platos rotos. Ante la actual situación, la lucha por el socialismo se hace cada vez más urgente.