Por: Mireya Cárdenas
Durante las pasadas semanas la prensa territorial ha seguido muy de cerca el giro macabro y repulsivo que ha tomado la “pesquisa” del Departamento de Justicia, la Administración de los Tribunales y la Comisión Estatal de Elecciones sobre el “polémico chat” del sistema de mensajería WhatsApp. El gran chanchullo político fue denunciado por el senador popular y portavoz parlamentario de minoría, Aníbal José Torres, quien fue secretario de la gobernación bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. El “chat” que ahora denuncia amparándose en inmunidad parlamentaria fue creado y administrado por la actual subsecretaria de la Gobernación, la abogada Itza García. De entrada, notamos que ambas secretarías de la gobernación — tanto la del denunciante como la de la denunciada– han sido fieles protectoras, representantes y facilitadoras del pillaje capitalista en Puerto Rico.
Los intercambios digitales, habidos entre más de una decena de altos funcionarios y contratistas de la administración de turno, se dieron en pleno periodo de contienda electoral. Para entonces, los participantes del “chat” formaban parte del equipo de campaña del PNP y su candidato a la gobernación Ricardo Roselló. El ahora suspendido juez Rafael Ramos Sáenz — quien para ese momento presidía la Comisión Local de Moca (Moca 36) — se comunicó, informó y consultó con los miembros de #TeamP3R-coffeebreak sobre cómo debía resolver desde su posición de poder las controversias electorales en Moca. Ramos Sáenz, según ha trascendido en la prensa territorial, resolvió particularmente una controversia trabada entre las comisionadas del PNP y PPD sobre la presencia de observadores en las casas de votantes encamados de Moca. La decisión del suspendido juez Ramos Sáenz fue consultada con los miembros del chat para favorecer electoralmente a su partido el PNP. Estos intercambios de estrecha coordinación entre corruptos sirvieron de preámbulo para sus eventuales nombramientos al gabinete, pues todos los participantes del “chat” en su mayoría ahora fungen como altos funcionarios de la administración y del gabinete ejecutivo de Roselló.
La prensa ha resaltado que el objetivo de la denuncia y la investigación estaría dirigida a establecer violación ética de parte del juez suspendido y la comisión de delitos electorales de parte los participantes del “chat”. Además, se ha caracterizado todo este asunto como una “burla al sistema” cometida por las capas más influyentes de la administración de turno. De hecho, la prensa también ha destapado el conflicto de interés de la propia Secretaria de Justicia que ahora investiga el asunto. Sin embargo, ha trascendido que el gobernador ha dejado claro que tirará la toalla a todos los miembros de su gabinete; y que no ve nada malo en estar en un “chat” como ese y por ende, no tomará acciones administrativas contra los miembros del mismo.
Ciertamente, vemos que esta caja de pandora va mucho más allá que lo que pretende destapar la prensa burguesa: en este caso, la inestabilidad y la bancarrota política en las altas esferas del PNP. Lo cierto es que toda la clase política criolla se vale de infames componendas, la mayor parte de ellas ilícitas, para alternarse la administración del territorio. Sabemos que esta olla de grillos esconde algo más que una “burla al sistema”. Sabemos que el sistema mismo se vale de la corrupción y el clientelismo partidista para perpetuarse.
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué manera esta denuncia y la resultante investigación de escaparate realizada por otros funcionarios igualmente corruptos de la administración de turno reivindica verdaderamente los intereses y objetivos de la clase trabajadora en Puerto Rico? ¿Es realmente toda esta confabulación de ladrones fieles a la explotación capitalista una “burla al sistema”; corregible gracias a las denuncias de uno u otro bando opositor en las elecciones?
Los comunistas contestamos en la negativa: esto no se trata de una burla más al sistema: sabemos que el sistema burgués en sí mismo es la burla. Se trata de burla sostenida a la clase trabajadora y las masas en Puerto Rico.
Las masas trabajadoras repudiamos las intrigas y el tejemaneje ilícito que son el modus operandi de los administradores del territorio y sus respectivos bandos electorales. Al mismo tiempo, los trabajadores conscientes no aceptamos la premisa de que el destape y la condena pública de estas “burlas al sistema” puedan servir para corregirlo. Las comunistas operamos y accionamos bajo la convicción de que el estado burgués es absolutamente irreformable y por eso sabemos que las trampas de estos políticos charlatanes — estén o no revestidas de legalidad– sólo están dirigidas a agenciarse un turno en la gestión del saqueo continuo. ¡Estos ejemplos funestos de corrupción y pillaje son señal de que el sistema burgués no puede ser corregido!
Las comunistas rechazamos la presunción de que el sistema “burlado” por un bando de políticos pueda de alguna forma reconstituirse o corregirse gracias a las denuncias de otro bando. A los trabajadores conscientes no nos engañan; pues sabemos que no hay salida posible a nuestro favor en un sistema electoral y de justicia regidos por los intereses de la burguesía criminal, corrupta y explotadora con su alternancia de bandos políticos. Mientras unos siervos del capital denuncian y otros investigan, las masas trabajadoras quedamos cada día más vulnerables a los ataques de la Junta criminal de Wall Street y a la superexplotación que impone.
Este “chat” marca un ejemplo más de la podredumbre ideológica en todas las instituciones del gobierno territorial, pero particularmente, en la administración de la justicia y en el proceso eleccionario. En estos dos ámbitos –marcados por los tentáculos de la corrupción del sistema burgués– es claro que ya las masas trabajadoras ya no cifran su confianza. Solo bajo un programa claramente socialista ésta se podrá recuperar.
¡Por un Puerto Rico para la clase obrera! ¡Lucha y organización para ponerle fin al sistema de abuso y sobreexplotación capitalista!