Por Ismael Castro
La interminable farsa teatral con actuaciones de aquel reparto fatal compuesto por Rosselló y los miembros de la Junta de Wall Street llegó recientemente a un nuevo nivel de bajeza. Después de anunciar su nueva “reforma laboral”, acordada a lo largo de varias semanas de reuniones secretas entre representantes de su administración y la Junta, Ricky fingió sorpresa ante la misiva fechada el 28 de marzo de su compañero de reparto Carrión en que éste último le dijo que arreglara los números en el nuevo Plan Fiscal y que no olvidara reducir las pensiones. Nuestro protagonista Ricky, (¿tal vez inspirado por unos cambios recientes al guión de este drama para hacer de su personaje uno más complejo?) hizo una transición con velocidad relámpago, del héroe ingenuo al defensor defectuoso de los vulnerables. Viendo la oportunidad de brillar aun como protagonista de un drama fatal, Ricky lo dio todo para “comerse la escena” al declarar en voz desafiante y con el pecho inflado ante el público puertorriqueño que él no dejaría a nadie entrometerse en la política pública por encima de su gobierno democráticamente electo por el pueblo y retaba a la Junta ejecutar su propio plan fiscal.
Y como si fuera una escena sacada de una de aquellas obras clásicas de la antigüedad, el reparto de apoyo penepeísta coreaba armonioso y al unísono desde los altos de la legislatura – o, mejor dicho a través de sus cuentas de Facebook y Twitter – no sólo su apoyo incondicional a Ricky sino ¡su disposición de ir preso con actos de desobediencia civil en contra de los tiranos de la Junta! Mientras tanto, Ferrer y los populares no perdieron la oportunidad de proveer alivio cómico al drama reciclando sus críticas huecas de siempre, como si el público fuera a tomar en serio cualquier discusión de un reto a la Junta de parte de quienes han promovido la sumisión colonial durante tanto años.
No en balde Ricky habla tanto de promover la industria fílmica en Puerto Rico. Sin embargo, por lo que nos acaba de ofrecer, pareciera que todavía falta.
Todos los trabajadores con conciencia de clase están conscientes de que no hay diferencias significativas entre la administración de Rosselló y la Junta. Las disputas sobre los fondos de CDBG (Community Development Block Grant), los pronósticos del verdadero impacto de las reclamos de seguros después de María o la cantidad de fondos Medicaid son debates académicos en los que la Junta adopta una posición más conservadora que el gobierno colonial. Sobre la cuestión del miserable aumento del salario mínimo propuesto por Ricky, el cual afectaría a un pequeño porcentaje de la fuerza laboral, la única objeción de la Junta es que no está directamente vinculado al deseado influjo de mano de obra barata en el mercado laboral. De las discrepancias, la Junta no avaló la propuesta del gobierno, indudablemente para apaciguar a la Asociación de Industriales, para proveer subvenciones mediante fondos federales por el número de empleos ofrecidos. Tampoco coincide con todos los detalles contenidos dentro de los planes de reorganización de agencias o la propuesta de regionalización mediante el establecimiento de counties. Todas estas diferencias son mínimas.
Sin embargo, vale destacar que respecto a la derogación de protecciones laborales, la reducción de las licencias de enfermedad y de vacaciones, la eliminación del bono de Navidad o la imposición de requisitos de trabajo para beneficiarios de PAN, es decir, los principales componentes de la “nueva reforma laboral”, no hay discrepancias significativas entre Ricky y la Junta.
Es cierto que la mayor parte de la discusión pública en estos días se ha centrado en los recortes a las pensiones. Sin embargo, la discusión sobre recortes de pensiones no es nueva. Desde que tomó posesión, Ricky ha dejado claro su intención reducir los beneficios de los pensionados además de eliminar los planes de beneficios definidos y acelerar la transición de todos los trabajadores del sector público a cuentas 401K administradas por las firmas de inversión de Wall Street. Su fingida indignación con la Junta sobre esta cuestión es, más allá de ridícula, otra muestra del desprecio que tienen los defensores del capitalismo en la colonia hacia las masas obreras. Es una falta de respeto a la inteligencia colectiva.
La llamada «oposición» de Ricky a la Junta se basa en el puro cálculo electoral. El 2020 es un año de electoral. Ricky necesita prolongar «su lucha» contra la Junta no sólo para lavarse las manos de cualquier responsabilidad por la intensificación de los ataques que se llevan a cabo contra las masas obreras sino también para resucitar su imagen pública cuidadosamente cultivada como populista defensor de la democracia y luchador por el pueblo.
Los trabajadores con conciencia de clase denuncian esta farsa. Al igual que el Partido Comunista de Puerto Rico, les advierten a las masas trabajadoras que nada de lo que sale de la boca de Ricky, o cualquiera de los otros políticos defensores de la explotación capitalista, es verdad.