Por Rogelio Acevedo
Durante la pasada semana la directora ejecutiva de la JWS, Natalie Jaresko se ha destacado en varios titulares por sus recientes gestiones de implementar los planes que tiene para el territorio el capital financiero internacional. Desde su nombramiento el año pasado, Jaresko ha sido criticada constantemente por distintos sectores por su exorbitante salario ($625 mil anual) y su origen ucraniano. Sin embargo, aun reconociendo el insulto que representa su salario considerando la situación de pobreza generalizada que sufrimos las masas, la clase obrera debe dar prioridad en su análisis a sus ejecutorias como representante de los intereses del capital financiero. ¿Qué cosas hace que perjudican nuestras condiciones de vida actuales?
Se destacó su reunión con directivos de la UPR donde en realidad no ocurrió ninguna sorpresa: exigió el aumento de la matrícula a $220 y el cierre de varios recintos. Estas, junto con otras medidas que incluye recortes a planes médicos de empleados y consolidación de tareas administrativas, van dirigidas a cumplir las proyecciones del Plan Fiscal (PF) del gobierno de disminuir las asignaciones para la UPR hasta $221 millones para 2022. Mientras tanto, en su hipocresía los directivos de la UPR se “opusieron” a las “solicitudes” de Jaresko, aunque pusieron inmediatamente en marcha los aumentos programados para este año fiscal que incluyen de $58 a $75 el crédito para estudiantes de bachillerato, $160 para graduados.
Mientras tanto, desde EEUU otros sectores conservadores también han expresado su oposición a que Jaresko continúe en su puesto bajo los argumentos conocidos de su alto salario y en su desconocimientos de aspectos importantes, como son los efectos de las leyes de cabotaje en la economía del territorio. Sin embargo, los reclamos de “trasparencia” de estos sectores solo representan pugnas entre burgueses por cuál sector ejerce mayor control sobre las decisiones financieras del territorio que les beneficien en sus negocios particulares.
Más importante sería echar un vistazo al resultado de las políticas que impulsó como ministra de finanzas de Ucrania como antesala a lo que impondrá la JWS aquí.
Durante su incumbencia como jefa de finanzas en Ucrania impulsó un agresivo plan de privatización de las 25 empresas públicas más grandes, de un total de más de 100, que según los estimados de aquel momento rondaban los $1,000 millones. En el Foro de Davos de 2016, Jaresko argumentó que la privatización era uno de los “requisitos estructurales para el financiamiento extendido” que ofrecía el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida para levantar la economía ucraniana. A tales efectos el gobierno de ese país creó el Fondo de Propiedades Estatales de Ucrania (SPFU por sus siglas en inglés) donde se listaban las empresas estatales a ponerse en venta. Entre estas se incluía la fábrica de herramientas Cherkassy, Líneas Aéreas Odessa, Instituto de Investigación Científica Helij, los astilleros Azov y la gigante de la industria de productos químicos Odessa Port Plant. El SPUF también incluye seis compañías eléctricas y 13 puertos.
Los resultados han sido “mixtos” para la clase capitalista y desastrosos para las masas obreras en Ucrania. Por una parte, los capitalistas han tenido que incurrir en gastos multimillonarios en impulsar cambios en la estructura jurídica para poder hacer rentable sus nuevos negocios, particularmente en lo que respecta a legislación laboral y la organización de las condiciones de operación de estas empresas como entes privados. El resultado inmediato ha sido la formación de una nueva casta oligárquica de empresarios que se hicieron con el control de empresas con infraestructura relativamente moderna y competitivas en el mercado centroeuropeo. Mientras que para las masas trabajadoras estas privatizaciones masivas han significado despidos y la pérdida de servicios básicos como resultado de la ausencia de los ingresos que estas empresas proporcionaban al Estado.
Estas privatizaciones tuvieron el efecto de desmejorar grandemente la situación social en Ucrania donde se ha disparado el desempleo al 10% y donde el ingreso per cápita anual ronda los $7,500. Para agravar la situación, luego de la anexión de Crimea junto con el Donbass por parte de Rusia, Ucrania perdió dos de las regiones que más aportaban su economía. Entre ambas regiones, Crimea con su industria turística y sus yacimientos de gas, el Donbass con su infraestructura industrial, aportaban el 27% del total de las exportaciones ucranianas que sumaban $18,000 millones.
El resultado de estas movidas impulsadas por Jaresko han provocado un gran descontento social por el acelerado empobrecimiento de las masas, que observan cómo se le entregan los activos públicos a la oligarquía ucraniana y a especuladores financieros internacionales. Estas lecciones tienen una gran importancia para la clase obrera en Puerto Rico porque nos muestran objetivamente cuáles serán los resultados de las políticas económicas que está implementando Jaresko junto con la JWS y sus socios menores de la administración del territorio. Es importante que reconozcamos que, más allá del discurso vacío de la privatización de los bienes públicos como solución al problema económico, el asunto de fondo es que este proceso de saqueo no es resultado de malas políticas administrativas, sino del sistema de explotación capitalista.
Las soluciones no serán sencillas, pero nos reafirmamos en que solo la clase obrera organizada políticamente de forma independiente será la única que podrá encontrar soluciones al desbarajuste que causa el capitalismo. Solo luego de una lucha prolongada e implacable contra la clase capitalista y sus aliados, la clase obrera podrá implantar un programa socialista que pueda revertir los graves daños sociales y ambientales causados por la explotación capitalista.