Por Coral Ríos
Los que vivieron los días posteriores al huracán María en Puerto Rico conocen la angustia que se puede vivir de un momento a otro cuando se ve limitado nuestro acceso al recurso de agua potable. Ante las amenazas de privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunciada recientemente por el gobernador de Puerto Rico, se levantan cuestionamientos sobre el acceso de los residentes de Puerto Rico a estas fuentes de agua que hasta el momento son un activo púbico. De este modo, inversiones que se han estado pagando por el pueblo durante décadas podrían pasar de un momento a otro a manos privadas por una fracción de su valor perdiendo control el gobierno de un recurso esencial para la vida.
En días recientes, los trabajadores de la UIA se lanzaron a la calle en protesta contra la intención del gobierno de implantar nuevamente una APP en la AAA. Los trabajadores de la UIA reclamaron la firma de un convenio colectivo que lleva negociándose durante cuatro años y denunciaron los efectos nocivos que tendrá este acto de privatización de los servicios de AAA sobre los trabajadores y abonados.
Al igual que los empleados de la AAA, otros sectores del gobierno -como el magisterio público- se encuentran bajo la misma amenaza debido a las intenciones de privatización de sus centros de trabajo. La privatización de los servicios del estado ha demostrado poner en riesgo las condiciones de trabajo de los empleados, así como provoca un aumento en los costos de los servicios que por ley se deben a intereses y servicios públicos, no a un fin de lucro.
Según declaraciones oficiales del Departamento de Estado, 200 mil personas no tenían acceso a agua potable segura en el 2015. A pesar de que existen distintos métodos artesanales de recolección y potabilización del agua, la AAA representa la principal fuente de agua potable en Puerto Rico y la de mayor capacidad. La AAA cuenta con un complejo sistema de plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales y se encarga de la distribución de este recurso por toda la isla.
El 68 por ciento del agua potable que provee la AAA en Puerto Rico es suplida por medio de 38 embalses. Estos embalses se construyeron durante distintos periodos del siglo pasado, algunos con el objetivo de generar energía hidroeléctrica a la AEE. La construcción de éstos -al igual que las obras de electrificación del país en ese entonces- se realizó por medio de la emisión de bonos del Banco de Fomento. Las recién creadas corporaciones públicas fueron autorizadas por ley federal a emitir deuda sin grabar la capacidad del gobierno colonial de obtener financiamiento para ello. Debido a esto, los intereses pagados para pagar estas deudas son altamente cuestionables.
Otra fuente importante de agua en Puerto Rico son los acueductos comunitarios. Existen más de 200 acueductos rurales localizados en 45 municipios diferentes. La recolección de agua de lluvia en los techos de las viviendas y estructuras, el uso de agua de pozo, manantiales y quebradas, son todas estrategias que pueden complementar un sistema integrado de agua potable que garantice el acceso de este recurso en todo momento a todas las comunidades.
Tanto los empleados de la UIA desde su taller de trabajo como todo trabajador y trabajadora es responsable de tomar conciencia sobre este recurso y luchar juntos para que sea público y accesible para todos. La única forma de garantizar nuestro acceso al agua potable es mediante la apropiación de los recursos que nos pertenecen. Una toma de posesión de la clase trabajadora de Puerto Rico sobre sus recursos requiere compromiso y responsabilidad ya que es un proceso que solo puede darse aprendiendo a conservarlos y administrarlos.
Hablemos con los miembros de nuestra comunidad en el trabajo, en la escuela, en la fábrica, en la oficina y en el barrio sobre los recursos que tenemos disponibles, cómo cuidarlos y como adquirir autonomía sobre ellos. ¡Organicemos consejos en los centros de trabajo y la comunidad!