Por Luis Soto
El Tribunal Supremo federal escuchó hoy (26 de febrero) los argumentos del caso Janus vs. Afscme. El resultado de este caso tendrá importantes implicaciones para la lucha de los trabajadores que forman parte de los sindicatos públicos. Se anticipa que el fallo del tribunal, que se hará público este verano, vaya en contra de los sindicatos dadas la historia del caso y la actual composición de la corte.
El caso de Janus se centra en la cuestión sobre si un empleado que rehúsa a hacerse miembro de un sindicato público puede ser obligado a pagar un cobro de representación (fair share fees o agency fees en inglés) para sufragar los costos de la negociación de los convenios colectivos. Los sindicatos públicos están obligados por ley a representar a todos los empleados públicos en las negociaciones sobre convenios colectivos independientemente de si son o no miembros y pagan cuotas de membresía. En por lo menos 22 estados de EEUU actualmente se autoriza a los sindicatos cobrar a los no miembros por representación en las negociaciones de los convenios colectivos. Teóricamente, los cobros de representación, que suman millones de dólares, se distinguen de las cuotas de membresía ya que sufragan exclusivamente las actividades sindicales relacionadas a las negociaciones de los convenios colectivos.
Mark Janus es un empleado estatal en Illinois quien se rehusó a ser miembro del sindicato AFSCME (American Federation of State, County and Municipal Employees). Su argumento en el caso es que al obligarlo a pagar el cobro de representación para la negociación de los convenios colectivos se le está violando sus derechos cubiertos bajo la primera enmienda. En este caso argumenta que está siendo obligado a unir su voz a favor de una causa con la que está en desacuerdo. Por su parte, la AFSCME amparándose al caso Abood vs. Detroit Board of Education, plantea que debido a su obligación legal de proveer el “servicio” de negociar a favor de todo empleado para los convenios colectivos, sea miembro del sindicato o no, la imposición de estos cobros son legales siempre y cuando el dinero recaudado no se use para las actividades “ideológicas” del sindicato. Debido a esa distinción, según el equipo legal de la AFSCME, no existe una violación de la libre expresión de un empleado no sindicalizado o en desacuerdo con la posición política del gremio. Es decir, se separan las negociaciones para un convenio colectivo del cabildeo o la actividad política de los sindicatos. (La realidad es que aun en los estados en que se permiten los cobros de representación hay mecanismos para un empleado no sindicalizado conseguir un reembolso de estos cobros.)
Aparte de los dilemas legales relacionados a las interpretaciones de la primera enmienda que presenta el caso está el hecho de que hay intereses multimillonarios (ej. hermanos Koch) detrás del caso de Janus que llevan décadas en esta campaña para debilitar al sindicalismo mediante la eliminación de esa fuente de ingresos. La orientación derechista de los que respaldan al Sr. Janus está bien documentada. Queda claro también que es la alta burocracia sindical, con sus muy inflados salarios y crecientes vínculos con los partidos políticos, particularmente el demócrata, que se ve directamente amenazada por este ataque.
No obstante, las implicaciones del caso de Janus para las masas trabajadoras sindicalizadas van más allá de los estrechos intereses de la alta burocracia sindical como bien demuestra el caso de los empleados públicos en el estado de Wisconsin. En dicho estado, la imposición de la nefasta Ley 10 – una versión estatal de lo que se pretende aplicar a nivel nacional con Janus – no sólo derogó la obligación de empleados públicos a pagar cobros de representación sino que impuso una recertificación anual a los sindicatos y limitó severamente lo que se podría incluir en las negociaciones de los convenios colectivos. Por ejemplo, los empleados estatales en Wisconsin ya no pueden incluir los planes médicos, las pensiones o las licencias de enfermedad como parte de las negociaciones. Junto con las mal-llamadas “leyes de derecho de trabajar” (right to work laws), que en realidad representan otro ataque contra los sindicatos las cuales se han aplicado en un creciente número de estados, estas medidas ocurren en momentos en que la clase capitalista dirige a sus representantes políticos a intensificar la campaña para imponer severos recortes al sector público y a los beneficios marginales de ese sector laboral.
El caso de Janus vs. Afscme opone dos grupos reaccionarios uno contra el otro. Por un lado la ultra derecha se aprovecha del giro reaccionario en la composición del Tribunal Supremo para avanzar su lucha contra las organizaciones elementales de la clase trabajadora. Por el otro, queda al descubierto el carácter oportunista del liderato sindical el cual está echando el resto para mantener control sobre estos ingresos multimillonarios con que los “ejecutivos” sindicales mantienen su posición acomodada. Los llamados “líderes” sindicales como Lee Saunders (Afscme) y Randi Weingarten (AFT) son ejemplos vivientes de todo lo que es podrido dentro de la alta burocracia sindical. Éstos, junto con una capa de burócratas sindicales bien remunerados, funcionan para socavar la lucha de los trabajadores con su prédica abierta de colaboración entre clases – que no es más que la subordinación de la clase trabajadora a los capitalistas – y apoyar a la política imperialista de la clase dominante estadounidense. En el caso de estos dos sindicatos, han funcionado durante décadas como un frente del partido demócrata en EEUU. La desilusión generalizada de los trabajadores de base con este liderato sindical es el desenlace directo de sucesivas traiciones en que los burócratas sindicales inducen a las bases a formar el rabo de los demócratas.
No obstante esta realidad, la formación (¡y la necesidad!) de los sindicatos es inevitable bajo el capitalismo. Mientras exista la explotación capitalista, mientras haya una lucha entre clases, los trabajadores buscarán la manera de unirse para resistir los embates capitalistas.
Los comunistas deben de resistir la tendencia ultra izquierdista de confundir el liderato sindical reaccionario con el principio de la necesidad de la organización colectiva de los trabajadores. Las organizaciones elementales de las masas trabajadoras – de las cuales se incluyen los sindicatos – tienen una función indispensable en la lucha de clases de los trabajadores. Aun con todas sus limitaciones, son el contexto – son una escuela, para usar una expresión preferida por Lenin – para los trabajadores desarrollar una conciencia de clase elemental. Aunque los comunistas tenemos la responsabilidad de desenmascarar y denunciar sin piedad a los burócratas sindicales reaccionarios que engañan a los trabajadores, tenemos que tener cuidado de no renunciar a los sindicatos en general. Los trabajadores deben de aprender, con la orientación de los comunistas, a librar una lucha dentro de los sindicatos en contra de los elementos reaccionarios entre sus filas mientras al mismo tiempo fortalecen la solidaridad de clase además de la capacidad organizativa de los miembros de estos instrumentos de lucha básicos.
Nuestra oposición a la extrema derecha detrás de Janus no se traduce a un apoyo al liderato oportunista y reaccionario de la inmensa mayoría de los sindicatos públicos. Al contrario, nuestra oposición a los sectores que respaldan a Janus resalta a la vez el vil papel que ha jugado la alta burocracia sindical en la traición de los intereses de los trabajadores de base y la necesidad de librar una lucha sin cuartel para desenmascarar el oportunismo de este llamado liderato. Usamos el caso de Janus para explicar a los trabajadores de base la necesidad de no sólo oponerse a los ataques en su contra librados por la extrema derecha sino también depurar de sus filas todo elemento oportunista dentro de sus organizaciones.