Por Lidia López
Los maestros del estado de West Virginia, después de varias semanas de negociaciones fracasadas y protestas, se fueron a la huelga ayer. Las principales demandas del magisterio se centran en los salarios, los maestros de West Virginia son de los peores remunerados de EEUU, y su oposición al aumento de los gastos «de bolsillo» para el seguro médico. Otros puntos de tensión están relacionados con las vacantes y el plan bipartidista de reducir dramáticamente impuestos sobre empresas de los cuales se derivan fondos para financiar las escuelas públicas en el estado.
Dicha acción laboral ocurre después de un abrumador voto a favor de la autorización de huelga hace unas semanas el cual incluyó la aprobación de maestros en todos los 55 condados (counties) del estado. Es la primera huelga de maestros en el estado desde el año 1990 cuando el magisterio en 47 de los 55 condados pararon sus labores durante once días. A la vez es un desafío significativo a las leyes estatales que prohíben a los trabajadores del sector público ir a la huelga.
En su llamado a la huelga, los dirigentes del capítulo estatal de la Federación Americana de Maestros (AFT por sus siglas en inglés) además de la Asociación de Educadores de West Virginia (WVEA) limitaron la acción laboral a dos días (jueves y viernes) a pesar de la creciente militancia y disposición de luchar de sus matrículas. Esto sigue el patrón de oportunismo muy común entre las capas altas de la burocracia sindical. Mientras estos dirigentes hablan de apoyar a los intereses y la lucha de los maestros, conspiran para restringir severamente sus tácticas. En el caso particular de la dirección de la AFT y WVEA, se ha hecho claro que están maniobrando para subordinar la lucha de los maestros a las ambiciones electorales del partido demócrata al enfocar a sus matrículas hacia manifestaciones ante la legislatura estatal y llamados a votar por los demócratas – ahora el partido de oposición – en las elecciones venideras. En ocasiones previas, esta misma dirección ha expresado públicamente su solidaridad con el partido demócrata.
Este ya muy conocido patrón de conducta por la dirección sindical es vergonzosamente deshonesto. En las últimas tres décadas, los demócratas han ocupado la gobernación de West Virginia durante 6 términos, incluido el período durante la huelga de 1990. El actual gobernador, Jim Justice, un multimillonario con intereses en la minería del carbón y la agricultura, quien fue elegido como demócrata pero luego de la elección de Trump se cambió al partido republicano, evidencia que desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores no existe ni diferencia entre demócratas y republicanos ni una alternativa progresista verdadera dentro del aparato político partidista oficial.
En las semanas previas a la actual huelga, Justice, citando los ya muy gastados argumentos de bancarrota estatal y défcits fiscales multimillonarios, ofreció un mísero aumento salarial anual del 1 al 2% para el futuro inmediato – que en realidad no equivale a ningún aumento en el nivel de vida de los maestros. Esta “oferta” fue rechazada abrumadoramente por el magisterio. Al presente, los maestros de West Virginia clasifican 48 de los 50 estados respecto a salarios, situación que ha provocado que una gran cantidad de vacantes se queden sin llenar. Además, los maestros se han opuesto al plan de aumentar las primas para la cubierta médica bajo la Agencia de Seguro de Empleados Públicos (PEIA por sus siglas en inglés). Dicho plan significaría un aumento significativo, en muchos casos hasta el doble, de lo que los maestros pagan para el seguro médico.
Al mismo tiempo en que se les ofrecen migajas a los maestros y les cargan de los altos costos del seguro médico, el gobierno de los capitalistas se propone reducir los impuestos a las empresas con operaciones en el estado. La clase capitalista está persiguiendo una estrategia de desangrar el sector público de recursos para allanar el camino para la privatización de servicios esenciales como la educación.
El magisterio en Puerto Rico, que también se encuentran en una lucha por su supervivencia, debe sacar importantes lecciones de la experiencia en West Virginia. Primero, la matrícula de las organizaciones magisteriales no puede dejarse restringir por el oportunismo político de ningún dirigente sindical. En el caso de Puerto Rico, la dirección de la AMPR, afiliada local de la AFT, no sólo ha promovido durante años la subordinación de la lucha del magisterio a la política de los partidos oficialistas locales sino que ha servido para frenar la creciente militancia de los maestros. Aída Díaz es un ejemplo del tipo de burócrata sindical que en un momento insta a la colaboración entre maestros y los administradores del gobierno reaccionario para luego fingir sorpresa y disgusto cuando estos últimos llevan a cabo sus ataques contra el magisterio. Estos “dirigentes” tienen que ser denunciados y aislados para que la lucha del magisterio pueda lograr avances.
Segundo, la táctica de la lucha de los trabajadores no puede limitarse a presionar a los políticos capitalistas. Los maestros, como todo sector de la clase obrera y reconociendo la complicidad de todos los partidos políticos oficialistas, deben adiestrarse en “el arte de guerra” entre la clase trabajadora y la capitalista, y desarrollar su táctica para ganar. Esto implica la elaboración de una política independiente de la influencia capitalista por los trabajadores mismos.
Desde Puerto Rico, el Partido Comunista de Puerto Rico y los maestros políticamente conscientes nos solidarizamos con los valientes maestros de West Virginia en huelga. Les instamos a que se mantengan fuertes y seguros en su causa. Sobre todo, les instamos a poner su fe en la capacidad de la clase trabajadora misma y no se dejen ni engañar por los oportunistas dentro de la burocracia sindical ni amedrentar por el gobierno capitalista.