Por Lidia López
Nadie duda del valor del trabajo como parte de la educación de jóvenes o la rehabilitación del ser humano. Sin embargo, la decisión reciente de usar a reos en la reconstrucción de casas después del azote de María representa un acto de cinismo sin par.
El canalla Erik Rolón, que también intenta desterrar a los presos a cárceles privadas en EEUU bajo la excusa de ahorrar dinero, ha declarado que unos 50 confinados recibirán bonificaciones de sus sentencias mientras ayudan a revitalizar viviendas dizque en “colaboración” con la Asociación de Contratistas Generales. La realidad, sin embargo, es que estos presos formarán parte de una nueva fuerza laboral desprovista de remuneración o derechos en un nuevo arreglo entre el Departamento de Corrección, como contratista laboral, y la industria privada. Tal parece que los fondos recientemente otorgados por HUD (El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal) para la reconstrucción de viviendas y comercios impactados por Irma y María servirán para apuntalar el sector de construcción mediante la concesión de contratos mientras las ganancias de las empresas de construcción se garantizarán con el trabajo carcelario.
El uso del trabajo carcelario tiene una larga historia de abusos y súper explotación, particularmente dada la composición mayoritariamente proletaria de la población penal en la actualidad. En una sociedad como Puerto Rico con una tasa altísima de desempleo, condición cuya contribución al flagelo de actos delictivos es ampliamente documentada, el uso del trabajo carcelario representa otro arma con que los capitalistas les imponen presión salarial a los trabajadores.
El cinismo repugnante de los capitalistas y sus representantes políticos no tiene fin. Lo que el gobierno colonial ha sido incapaz de proveer antes de que cayeran presos – un programa económico que permita a todos aportar a la sociedad mediante el trabajo digno y productivo – ahora reclaman como medida para la rehabilitación de los confinados. Los trabajadores con conciencia de clase no niegan a los confinados el derecho a trabajar productivamente. Sin embargo, exigen un trabajo digno y bien remunerado para todos.