Por Rosa Rojas
Hoy sesionó en Nueva York la Junta de Wall Street (JWS) para iniciar el proceso que despojará finalmente al pueblo puertorriqueño del derecho a recibir el servicio de energía eléctrica en sus hogares para colocarnos a merced de las bondades del mercado. Para establecer desde el principio la tónica, la reunión fue moderada por Noel Zamot, coordinador de revitalización nombrado por la JWS para llevar adelante el proceso de liquidar los activos de la AEE.
En un enternecedor relato escuchamos a la funcionaria de FEMA Ahsha Tribble hablar sobre lo drenante que ha resultado trabajar con la AEE a causa de su burocracia e ineficiencia administrativa en el restablecimiento del servicio a la población. Podríamos coincidir con la Sra. Tribble en sus señalamientos. Sin embargo, esas desgarradoras declaraciones hay que ubicarlas en contexto, que corresponde a los planes de un sector de la clase capitalista, con FEMA como partner, para repartirse el botín de la generación, transmisión y distribución de la energía en el territorio.
El propósito de esta reunión, contrario a las fantasiosas afirmaciones de José Carrión III de “escuchar ideas”, era continuar la campaña de desprestigio contra la AEE, pero sobre todo, contra la propiedad pública de instrumentalidades estratégicas como es el caso de la energía eléctrica. En ese sentido, han contado con los valiosos servicios de Ricky y su pandilla, quienes se han aprovechado de la crisis que ellos mismos crearon luego de María para llevar la campaña a niveles insospechados.
Como último clavo en el ataúd de la AEE han publicado el Plan Fiscal de la corporación para instrumentar lo que será otro robo del siglo. Este documento contiene muchos argumentos trillados como el de la infraestructura anticuada, la baja en la plantilla de empleados, el tamaño de la corporación frente a su baja producción y su constante baja en las ventas. Es decir, nos pintan un cuadro caótico, de obsolescencia en su modelo corporativo y que lo más recomendable es salir de ella. Sin embargo, de lo que no habla el PF es de las décadas de estar usándola como alcancía para cuadrar presupuestos, de las multimillonarias emisiones de bonos para el mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura, el descuido planificado de las redes de transmisión y distribución, la compra de energía a las cogeneradoras (Eco eléctrica y AES), los ataques patronales a sus trabajadores con la congelación de plazas y la colocación de cuadros de los partidos burgueses en posiciones administrativas.
En fin, todo un plan premeditado y ejecutado por mucho tiempo que logró debilitar a tal punto la AEE, que durante el periodo de la campaña de desprestigio liderada por Eduardo Bathia, Larry Seilhammer y José Luis Nieves, el pueblo se inclinó a favorecer su privatización.
Uno de los aspectos que pone más atención el PF es precisamente al lograr aumentos en los ingresos, entre ellos la restauración del proceso de facturación por lo que el anuncio de la privatización del servicio al cliente no debe sorprender a nadie. También plantea establecer un plan de recursos integrados (IRP por sus siglas en inglés) se elabore un plan de mejoras capitales que incluye construcción, reparación y mantenimiento para 10 años a un costo de $6.1 billones. En esta parte del PF encajan perfectamente los cuatro proyectos críticos presentados anteriormente por la JWS, que a partir de hoy se le suman otros siete. Estos proyectos críticos, 11 en total, incluyen la diversificación de fuentes de generación entre ellas por fuentes renovables como la solar, la utilización de gas natural (el puerto en Aguirre), hidroeléctrica en Carraízo y la incineradora en Arecibo.
Para el proceso de privatización (le llaman «transformación») se ha organizado un esquema de concesiones, algunas a 25 años, basados en propuestas evaluadas por la nueva junta, la cual se encargará de aprobar el traspaso de una nueva titularidad pública a los proponentes dejando al pueblo la deuda actual. Esta nueva titularidad de los activos se dividirá (es decir, el bizcocho se repartirá) en el componente de transmisión y distribución que será operado por una sola empresa, donde el Estado mantendrá la titularidad. Mientras que las plantas generatrices de Palo Seco, San Juan, Aguirre, Costa Sur se venderán a empresas privadas; las cogenreadoras se mantienen inalteradas y se construirán 3 plantas generatrices privadas nuevas, entre ellas la incineradora en Arecibo.
¿Cómo se pagará este grandioso plan que nos proponen?
En palabras sencillas, los inversionistas se encargarán de costear parte de las mejoras a la infraestructura y el gobierno se compromete a establecer criterios regulatorios laxos y a permitir “ajustes tarifarios periódicos”. Es decir, nos subirán la factura cuando las ganancias o se ajusten a sus proyecciones. Será un esquema similar al de la telefónica y los peajes. Lo que no queda claro es a cuánto asciende la parte que le toca a los inversionistas, pero si usamos las mismas proyecciones del PF, estos invertirían $6.1 billones. Mientras que nosotros, la clase trabajadora pondremos $9 billones, que es el supuesto valor de la AEE. Definitivamente un mal negocio.
Tampoco se menciona cómo implementará este plan considerando los numerosos grupos de bonistas, dueños de facto de la AEE. Ricky ha adelantado que crearán una estructura legal específica para ese proceso y por el momento, los bonistas están “complacidos”.
Como vemos, este plan no representará nada positivo para las masas en cuanto a lo que al acceso a energía eléctrica se refiere. Hay que combatir la falacia de que con la privatización de la AEE se nos darán opciones para escoger la compañía que más nos convenga. Lo que ocurrirá es que varias empresas se repartirán el bizcocho por regiones (las dichosas microredes) y estaremos sometidos a sus planes de negocios sin importar las necesidades que existan por obtener el servicio. Esto será particularmente relevante en áreas rurales remotas donde no será costo efectivo para esas empresas llevar electricidad y dejará desamparadas esas miles de familias que viven en duras condiciones de pobreza. Además, los trabajadores que se hayan creído el cuento de que con esta movida se reforzarán los sistemas de retiro recibirán un golpe demoledor a sus esperanzas como pasó con los trabajadores de la Telefónica.
Esta es otra razón más para que la clase obrera, particularmente los trabajadores de la AEE, debemos dar la pelea para rescatar el patrimonio público de manos privadas. Por eso continuamos impulsando la creación de consejos obreros, órganos de lucha de la clase obrera, que les permitan asumir el control de todas las empresas estatales. Ese proceso nos dará la práctica necesaria para la toma del poder y la futura de organización y de administración de un nuevo Estado construido sobre bases socialistas que nos permitan atender las grandes necesidades que sufre nuestro pueblo.