Por Mireya Cárdenas
En estos días la legislatura del territorio –por voz del representante novoprogresista José “Che” Pérez Cordero– anunció mediante un comunicado escrito sus razones para haber presentado el pasado 30 de noviembre el Proyecto de la Cámara 1348 ante la Comisión de lo Jurídico.
Este Proyecto pretende enmendar el Artículo 156 del Código Penal (delito de restricción a la libertad). Este actualmente dispone que “toda persona que restrinja a propósito o con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en delito menos grave.”
No obstante, con este proyecto se pretende añadir una modalidad agravada con pena de tres años de cárcel contra cualquier persona que de ahora en adelante se disponga a “bloquear o entorpecer intencionalmente el flujo vehicular mientras se hace uso de cualquier tipo de transportación pública o privada, ya sea de forma gratuita u onerosa.”
Las expresiones del legislador muestran una alegada preocupación por la seguridad de los pasajeros que actualmente utilizan con cada vez mayor frecuencia medios de transporte privado, como los ofrecidos por la globalmente explotadora y controversial compañía Uber. Recalcó Pérez Cordero que: “Han sido numerosos los casos reportados donde se restringe la libertad de conductores, turistas o ciudadanos locales por hacer uso de algún método privado de transporte. Dichas actuaciones, más allá de lacerar la imagen de Puerto Rico como un destino turístico seguro y confiable, constituyen actos que deben ser penalizados, pues se atentan gravemente contra la libertad, movilidad y seguridad de terceros inocentes que solo interesan transportarse dentro de nuestras demarcaciones territoriales”.
Además, en la Exposición de Motivos del proyecto se hace alusión a que con este tipo de penalidad, se estaría protegiendo “la integridad personal y seguridad, no solo del usuario común, en su mayoría turistas y terceros inocentes, sino que también se están tomando acciones afirmativas para asegurar y proyectar a Puerto Rico como un destino turístico y social seguro; elemento esencial para ayudar a desarrollar nuestra economía.”
Ahora bien, desde un punto legal, la propuesta enmienda al delito tradicional de restricción a la libertad adolece de vaguedad; puesto que al incluirse “cualquier tipo de transportación” ello abre la puerta para que el Ministerio Público y la administración territorial de turno criminalice de forma más severa cualquier modo de protesta en las vías públicas contra transportistas, sin limitarse a la transportación privada de personas, como Uber. Tomando en cuenta que la administración territorial de turno se ha distinguido por intensificar la criminalización de la protesta desde sus inicios, no es improbable que en el futuro cercano, una vez convertido en ley, este artículo se aplique con fines un tanto distintos a los expresados por el legislador esta semana. Dicho de otro modo, la evidente vaguedad de la enmienda al no distinguir que tipo o naturaleza de transporte se trata, permite su utilización para criminalizar de forma general cualquier protesta y a su vez imponer penas de naturaleza grave en instancias en que esté envuelto cualquier tipo de transporte — y no sólo el de personas y turistas– como da a entender el legislador en su Exposición de Motivos.
Las comunistas aun tenemos viva en nuestra la memoria la justa lucha ambiental librada por los residentes de Peñuelas durante verano pasado Esta lucha se dio ante la abierta colaboración de los administradores del territorio con los grandes intereses capitalistas privados, los cuales dependen de la contratación de transportistas privados para, en este caso, depositar cenizas tóxicas. Ante el crimen ambiental cometido sostenidamente por AES, los protestantes recurrieron a la única vía posible para salvaguardar su vida y salud: obstruyendo las vías de tránsito donde transcurrían estos transportistas. No olvidamos que las decenas de arrestos efectuados el año pasado en Peñuelas fueron procesados criminalmente por un delito menos grave tipificado en la Ley Núm 22 de Tránsito. Con este nuevo artículo, los administradores del territorio anticipan un futuro que marcará legítimas protestas populares ante la inminente aprobación de los mal llamados “proyectos críticos” de la Junta de Wall Street, los cuales únicamente traerán corrupción y una destrucción ambiental sin precedentes.
Así, la vaguedad del artículo según redactado permitirá penalizar de forma mucho más severa a los protestantes en las vías del país. A fin de cuentas, la clase capitalista y sus siervos en el territorio no escatiman en preparativos para criminalizar la protesta; pues están plenamente conscientes de que los golpes más certeros al capital y sus estragos contra la vida y a la salud de la clase trabajadora se darán en plena calle.
El Partido Comunista de Puerto Rico se sostiene una vez más en la imperiosa necesidad de edificar nuevas y elevadas formas organizativas de la clase obrera en Puerto Rico. Solo así podremos hacerle frente al sostenido ataque de la clase capitalista, el cual se escuda en la criminalización de la protesta popular.
Dado que la enmienda de este artículo dice tener únicamente como propósito proteger consumidores inocentes y turistas que utilicen transporte privado o público; como comunistas es nuestro deber examinar todo conflicto desde la perspectiva obrera. En este caso particular, debemos tomar en cuenta que los obreros transportistas y conductores por designio del capital se ven obligados a hacerle el trabajo sucio a la burguesía por la precariedad económica que nos toca a todos como clase trabajadora. Nuestra experiencia en Peñuelas nos aleccionó sobre la imperiosa necesidad de estrechar lazos con los transportistas; zanjar las divisiones y aunar fuerzas para lograr su apoyo a las causas que nos afectan a todos como conjunto social.
iPor una organización independiente de la clase obrera! iPor la creación de consejos obreros! iRevolución o Sometimiento!