Por Lidia López
La industria energética se compone de la integración de tres procesos: la generación de energía, su transmisión desde las plantas generatrices a una red de subestaciones y la distribución desde éstas últimas a los abonados, sean residencias o empresas. La propuesta de Ricky para privatizar la AEE se enfoca en la generación siendo la venta de las unidades de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur una prioridad además de la concesión de derechos para nuevas plantas generatrices bajo las APP. Los componentes de transmisión y distribución caerían bajo una de dos posibles estructuras concesionarias. Una conllevaría la transferencia de todos los derechos y las responsabilidades de la transmisión y distribución energéticas al concesionario durante un períodos de aproximadamente 25 años. En la otra, un contratista privado asumiría responsabilidad por la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución mientras el gobierno retendría toda la infraestructura relacionada además de los activos del servicio al cliente durante un período de tiempo más corto.
Es un hecho bien conocido que las plantas generatrices de la AEE son viejas y dependen del petróleo pesado y contaminante. Sin embargo, las propuestas oficiales para «modernizar» la capacidad de generación se han centrado en cambiar al gas natural como la principal fuente de energía, así como en la construcción de instalaciones de «desperdicios-a-energía» (waste-to-energy), como la incineradora que se pretende imponer a los residentes de Arecibo. Este último proyecto se clasifica cínicamente como un “renovable” a pesar de que el impacto ambiental negativo de tales procesos está bien documentado.
Lo que está claro es que la privatización de la capacidad de generación energética no hace nada para aliviar las frustraciones sentidas por las masas que cuatro meses después de María todavía carecen de luz. Las líneas caídas por todo el país son parte de un sistema de transmisión y distribución que también se dejó deteriorar. De hecho, los apagones forzados, de acuerdo con las declaraciones públicas del mismo gobierno, son el resultado de sus esfuerzos para ahorrar dinero y no la incapacidad de generar electricidad a pesar de la infraestructura anticuada. Aun las operaciones generatrices privadas como AES y EcoEléctrica, que apagaron sus plantas durante un tiempo se han lavado las manos de cualquier responsabilidad por la falta de luz entre las masas declarando que se debe a los problemas con la red de transmisión y distribución.
Como hemos resaltado en numerosas ocasiones desde AbayardeRojo, el principal motivo detrás del cambio en el modelo de generación eléctrica en Puerto Rico puede encontrarse en la entrada de EEUU en el mercado energético como productor, particularmente a luz de la llamada revolución de esquisto (shale revolution). Dicha revolución ha resultado en las crecientes exportaciones estadounidenses de gas natural. Los proyectos como el gasoducto de Aguirre y la propuesta construcción de un terminal en Guaynabo por la empresa SeaOne forman parte de los esfuerzos para convertir a Puerto Rico en un mercado expandido para la industria gasífera de EEUU. La procesión de congresistas estadounidenses que Rosselló paseó frente a las cámaras después de María – especialmente el republicano Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, acérrimo defensor del sector energético e infame por oponerse a las protecciones ambientales para tierras públicas con reservas de combustibles fósiles – es la indicación más clara de las verdaderas fuerzas detrás del plan de privatización. De hecho, no sería difícil imaginar que estas mismas fuerzas estaban detrás de la decisión reciente de suspender el desembolso del préstamo federal para la «recuperación y reconstrucción” hasta que Rosselló actuara a favor de su demanda para abrir la AEE a mayor privatización.
La generación energética no es únicamente el mayor componente de una factura que recibe el abonado – en EEUU su promedio es alrededor del 60% del total de una factura – dado el plan propuesto para cambiar al combustible «doméstico» estadounidense, también es potencialmente la parte más rentable de la industria en Puerto Rico. En EEUU las tarifas de transmisión están sujetas a regulaciones que aseguran “equidad” entre varios empresas privadas que generan energía dentro de un mercado. Este marco actualmente limita la rentabilidad potencial de este componente. Además de eso, no hay nada en el Plan Fiscal de la AEE o las declaraciones de Rosselló al respecto que indique un compromiso con una inversión masiva para modernizar los sistemas de transmisión y distribución, por ej., soterrar las líneas para prevenir daños y apagones a causa de huracanes. Por el contrario, sí existe un enfoque muy evidente en una reforma de la estructura tarifaria, tanto en los esfuerzos de la administración para socavar la Comisión de Energía (CEPR) como dentro del nuevo plan fiscal de la AEE. De lo que podemos estar seguros es que la deuda de la AEE se quedará bajo las obligación pública y todo ajuste tarifario que se contemple tendrá como objetivo satisfacer a los bonistas.
Los argumentos que ha presentado Ricky para justificar la venta de activos de la AEE son un fraude descarado. Como dijimos en julio del años pasado, lo que motiva toda esta ‘reforma energética’ impulsada por el gobierno colonial es el intento de “cargar a las masas los costos de la conversión de la infraestructura necesaria para sustituir la actual dependencia de Puerto Rico del petróleo pesado con un nuevo régimen energético dependiente del gas natural estadounidense. Bajo este esquema, lo que queda de la AEE será privatizado, con todas las consecuencias adversas para los trabajadores, los productores gasíferos de EEUU lograrán acaparar otro mercado para vender combustible a precios monopolistas, y los parásitos financieros adquirirán no sólo un flujo directo y constante de ingresos in perpetuum a través de cargos dedicados en la factura, sino también otra fuente para garantizar el empaquetamiento y titularización de deuda para revenderse en los mercados financieros secundarios.”
La única fuerza capaz de oponerse a este esquema es la clase obrera revolucionaria.