Por Rogelio Acevedo
Como parte de los planes de reorganización del territorio de Puerto Rico, el PNP siguiendo la pauta de la Junta de Wall Street (JWS), se ha planteado un nuevo esquema de organización municipal que busca supuestamente mejorar la gestión gubernamental. A esos efectos, Ricky ha señalado su visión de reorganizar los municipios en “counties” o condados, mientras que el presidente del senado territorial, Thomas Rivera Schatz, plantea los “consorcios”. Pero más allá de asuntos de forma, esta nueva movida tendrá un impacto significativo en el acceso de las masas a los cada vez más disminuidos servicios esenciales.
En su práctica oportunista habitual, Rivera Schatz trae la discusión de la llamada autonomía municipal, bajo la supuesta premisa de que atiende un viejo reclamo de agilizar los servicios gubernamentales en los municipios. Su proyecto, que todavía no ha tomado forma, plantea elevar a rango constitucional esa autonomía al proponer que cada gobierno municipal que cualifique para esa categoría “tendrá independencia fiscal, donde tiene que asumir sus responsabilidades y el Estado ni le quita ni le asigna fondos”. Esa autonomía incluirá “la no intervención del gobierno estatal que afecten los recaudos y planificación presupuestaria de los gobiernos municipales”. En cuanto al término «consorcio», este se refiere a que los municipios unifiquen servicios en entidades comunes para alegadamente hacerlas económicamente viables.
Aun con los escasos datos que trae Rivera Schatz sobre su propuesta, ya podemos diagnosticar que esta no solucionará en nada los profundos problemas de la estructura gubernamental, sino más bien representa una nueva charlatanería de populismo barato al que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, este tema tiene gran importancia para las masas trabajadoras, ya que luego del paso de María, se ha intensificado la campaña de que “los alcaldes son los que están en contacto directo y atienden las necesidades inmediatas de la gente” como forma de defender el esquema de organización actual.
Municipios como entidades gubernamentales
No cabe duda que el actual modelo de organización administrativa en municipios, caracterizado por 78 cacicazgos, representa un ejemplo de libro de texto sobre el mal manejo de recursos del Estado. Este más bien representa una época (a principios de siglo 20) en que el reparto de cuotas de poder político se hizo mediante la fragmentación de las antiguas provincias (parecidas en su distribución geográfica a los actuales distritos senatoriales) como táctica del gobierno estadounidense para debilitar gobiernos regionales fuertes y poder manejar de forma eficiente a los caciques locales. Ese modelo fue muy útil para los sucesivos gobernantes del territorio, que para mantenerlos contentos comenzaron a crear toda una estructura paralela al gobierno central que duplicaba el uso de recursos. Peor aún, todas estas estructuras municipales históricamente han carecido de fuentes de financiamiento estables.
Si hay un elemento concreto para las masas trabajadoras y desposeídas en Puerto Rico es la inviabilidad económica y administrativa de los municipios como entidades para ofrecer servicios y soluciones inmediatas a sus necesidades. Cuando hacemos un breve análisis de las estadísticas municipales, en cuanto a sus principales indicadores socioeconómicos, saltan a la vista las enormes limitaciones materiales que caracterizan sus estructuras económicas. Estas se basan en patentes, contribuciones sobre la propiedad e IVU, a los que se le añaden asignaciones del gobierno central y gobierno federal.
Aunque resaltan las diferencias cuando se comparan los municipios más grandes de las áreas metropolitanas frente a los del interior, existen denominadores comunes, como los bajos ingresos per cápita, las altas tasas de desempleo y el alto nivel de endeudamiento, que solo confirman el fracaso del modelo capitalista implementado en el territorio y su incapacidad de atender las necesidades básicas de las masas. Estos indicadores resaltan, además la falsedad de que con el modelo actual de caciques “se está en contacto con el pueblo”.
El aspecto de esta propuesta que se sí suena las alarmas es que, bajo la supuesta independencia fiscal de los municipios, se esconde la profundización del modelo de privatización de los servicios públicos. Bajo la premisa de que “el gobierno central no atiende los reclamos de los municipios” por décadas los alcaldes han dilapidado fondos municipales en contrataciones a familiares y donantes de sus campañas que solo han tenido el efecto de empeorar la situación. El caso de las nuevas “Power Authorities” municipales demuestran la dilapidación de recursos en empresas no cualificadas y la ejecución de las tareas de forma descoordinada.
Otro aspecto preocupante es que la mal llamada autonomía, en realidad impulsa un modelo que abandona a su suerte, quitando toda responsabilidad al Estado por el bienestar de las regiones más pobres del país. Peor aún, coloca a los residentes a merced de las decisiones económicas, administrativas y de protección ambiental del cacique de turno.
Sobre la centralización
La fragmentación del modelo actual provoca una sangría de recursos que tiene el efecto de que las masas suframos enormes carencias y grandes limitaciones para acceder a los escasos servicios que se proveen. Aunque formalmente el Estado territorial se plantea como uno centralizado, la realidad es que se ha ido transformando en uno “regionalizado” donde se le han ido entregando funciones estatales a los municipios. Este modelo lo único que ha hecho es empeorar el funcionamiento gubernamental, incluyendo los servicios esenciales.
En cambio, los comunistas visualizamos la organización del futuro Estado obrero desde la perspectiva de la centralización de sus funciones. En ese sentido, la experiencia histórica nos provee abundantes ejemplos de que la descentralización de las funciones del Estado causa ingobernabilidad y fomenta la corrupción. Es decir, que planteamos una estructura centralizada dividida en regiones, las cuales concentren regionalmente los recursos necesarios para atender las necesidades de las masas. En vez de que en cada municipio haya una estructura paralela a la gubernamental, que se concentren en las regiones hospitales, universidades, etc. Mientras que en las comunidades se establezcan, subvencionadas por el Estado, instancias de atención inmediata como escuelas, clínicas entre otras.
Contrario al argumento oportunista planteado en los medios de prensa burgueses de que bajo cualquier reforma de reorganización territorial desaparecerían los municipios, planteamos que estos deben servir solo de instancias gubernamentales de servicio inmediato. Todas estas instancias administrativas deberán estar fundamentadas en la organización de consejos a nivel comunitario y de talleres de trabajo, los cuales contarán con representación municipal, regional y nacional.
La reorganización administrativa del país basadas en consejos, un sistema de democracia muy superior al sistema representativo burgués, será una tarea de primer orden una vez la clase obrera conquistemos el poder político.