Por Lidia López
En días recientes la columnista y activista independentista Wilda Rodríguez ha publicado una serie de artículos en los medios oficiales en que lanza un reto al independentismo puertorriqueño. Rodríguez parte de la premisa fundamental de que el independentismo puertorriqueño, a pesar de la gran variedad de las perspectivas de las organizaciones e individuos que lo componen, es una tendencia política progresista dentro de la sociedad. Sin embargo, aparentemente preocupada por la percepción popular de que el discurso independentista es poco atractivo o relevante al diario vivir, o hasta elitista, plantea la necesidad de, “una nueva estrategia de lucha por la independencia de Puerto Rico. Un nuevo discurso desde las necesidades de la gente…” Como tal, propone una estrategia basada en tres “consensos”:
- La formación de un congreso soberanista como precursor de una asamblea constituyente para la descolonización;
- Un proyecto económico planteado en términos de “arroz y habichuelas”, es decir, comprensible;
- Y la integración de la diáspora para empujar este proyecto hacia adelante juntos.
Acogemos con seriedad el reto lanzado por la Sra. Rodríguez pues entendemos como positiva cualquier oportunidad para discutir los grandes problemas políticos y sociales de la época y hacer públicas nuestras propuestas. En ese espíritu exponemos a continuación de manera concisa nuestros planteamientos respecto a los puntos que ella ha levantado.
Sistema de Consejos Obreros
Desde hace dos años, a raíz de la convocatoria de asambleas de trabajadores en el otoño de 2015 para responder al programa de austeridad impuesto por el gobierno, hemos propuesto a las masas obreras en Puerto Rico la formación de consejos obreros permanentes en todos los centros laborales y a nivel de barrio. Dichos órganos, muy al contrario de la propuesta de una Asamblea Constituyente, tienen un claro carácter de clase pues se compondrían de delegados de las masas obreras mismas además de sus representantes reconocidos. Un sistema de consejos obreros, que se extiende de cada local a los niveles regionales y nacional (Asamblea Nacional), representa una forma de democracia muy superior a la existente ya que los delegados que componen cada consejo son inmediatamente revocables por sus electores y cualquier remuneración que perciban sería igual al salario promedio de un trabajador común. En otras palabras, los delegados no sólo son sujetos a la voluntad democrática de la mayoría que los elige sino que también la composición social de estos órganos es la misma que el público que representan. Resaltamos que lo fundamental aquí no es la composición partidista de estos órganos, pues todas las tendencias políticas reconocidas como genuinamente representativas de la clase obrera tendrán voz y voto, sino el hecho de que son órganos participativos y populares. Las funciones de los consejos obreros serían a la vez legislativas y ejecutivas. Es decir, aparte de discutir y elaborar la política pública, lo cual representa el límite de su capacidad en las primeras fases de su desarrollo, en la medida en que cobren mayor fuerza tendrán que supervisar la implementación de medidas tanto políticas como económicas que se deciden. En este sentido lo que proponemos es una forma de democracia directa ejercida por la mayoría obrera.
Control obrero y la panificación económica racional
Muy contrario a lo que ocurre con las grandes empresas públicas y privadas que funcionan acorde con las leyes del mercado capitalista, nuestro programa económico se basa en el control democrático de las grandes y más importantes empresas además de los terrenos públicos por los obreros mismos. Tal control sólo puede ejercerse para elaborar y poner en marcha la planificación racional en que se prioricen las necesidades básicas tales como la seguridad alimentaria, la garantía de vivienda adecuada, educación y cuidado médico a todos, y un sistema racional de transportación. Tal concepción de la vida económica tiene como premisa el enorme desarrollo de la ciencia, la tecnología y el trabajo intelectual que hace posible una reorientación de todo el trabajo humano, del enriquecimiento de unos pocos al bienestar de la mayoría. Tal planificación racional para garantizar las necesidades básicas de la mayoría es incompatible con la desigualdad social, la destrucción ambiental o el saqueo financiero mediante deudas públicas impuestas a la ciudadanía. Mas bien, requiere el reconocimiento del carácter público de las grandes empresas además de la apropiación de la riqueza que éstas generan por la sociedad misma para así invertir en proyectos para el bien común y garantizar empleo digno a todos. Sólo bajo estas condiciones podremos realizar el principio: él que no trabaja, no come.
Internacionalismo proletario y revolución socialista
Nuestra perspectiva solidaria va mucho más allá de la diáspora puertorriqueña en EEUU o cualquier otra parte del mundo. Ésta se compone de las mismas clases sociales antagónicas que hay dentro de Puerto Rico. Como tal, nuestra perspectiva solidaria se fundamenta en la comprensión de que más allá de nacionalidad, identificación racial, género o cualquier otra categoría subjetiva que se usa para identificarse, los trabajadores de todo el mundo comparten unas condiciones y unos intereses comunes. Esto es porque el sistema que impone condiciones tales como el trabajo precario y el estancamiento si no la reducción de salarios reales es el mismo a través del mundo: el sistema capitalista. Consecuentemente, buscamos la solidaridad y la integración de la clase trabajadora a nivel internacional en una lucha por derrocar al sistema capitalista. Para ponerlo en términos sencillos: una trabajadora de la UTIER en Puerto Rico tiene más en común con un celador de línea en California o Ciudad de México que con una ejecutiva puertorriqueña residente de Ocean Park.
Pero si el capitalismo crea unas condiciones comunes para los trabajadores de todo el mundo también sienta las bases para una forma superior de organización económica. De hecho, la misma internacionalización de los procesos de producción y distribución de bienes, es decir, el desarrollo de un mercado capitalista mundial – cuya unidad básica es la corporación multinacional – no sólo obliga a los trabajadores a solidarizarse internacionalmente sino que hace ilusorio (¡y hasta reaccionario!) cualquier planteamiento de un proyecto de desarrollo económico “nacional”, sea por líneas capitalistas o socialistas.
Este último punto nos trae a la cuestión de la independencia de Puerto Rico. Sobre esta cuestión, no somos “independentistas” en el sentido tradicional de la palabra. Reconocemos que mientras Puerto Rico siga siendo un país colonizado por el imperialismo estadounidense, los puertorriqueños tenemos el derecho a luchar por la independencia. Sin embargo, los comunistas no apoyamos ningún proyecto que tiene como objetivo establecer otro estado capitalista independiente en que la clase trabajadora seguirá pisoteada. Defendemos el derecho de una colonia como Puerto Rico de separarse del país colonizador como principio democrático, entre muchos otros más, pero no como objetivo final. Comprendemos que la lucha de clases de los trabajadores en Puerto Rico puede intensificarse en cualquier momento hasta resultar en la demanda para la separación política de Puerto Rico de EEUU, un escenario desfavorable si no se logran avances también en la lucha por el socialismo en otros países, preferiblemente potencias mundiales como EEUU. Como tal, luchamos junto a nuestros camaradas comunistas en países como EEUU y a través del continente para fomentar la conciencia socialista entre los trabajadores. Sin importar dónde comienza una revolución socialista, entendemos que la victoria final de la clase trabajadora depende de la extensión del socialismo por todo el mundo. Esto implica la unión política entre países – tal como ya sucede todos los días en el ámbito económico – en la forma de una federación de estados obreros en la cual la independencia política, concebida en el sentido tradicional, es superada por nuevas formas de relaciones políticas y diplomáticas.