Por Ismael Castro
Los esfuerzos republicanos en el Senado para imponer su plan de recortes contributivos se estancaron temporalmente el jueves por la noche después que surgió una controversia sobre cómo compensar el déficit de más de un trillón de dólares que este plan provocaría. Un análisis hecho público el miércoles por la tarde por el Joint Committee on Taxation (Comité Conjunto sobre la Tributación o JCT por sus siglas en inglés), un grupo no partidista cuyos análisis los mismos republicanos han usado en el pasado para apoyar sus proyectos fiscales, alimentó la controversia al refutar el argumento que el crecimiento económico llenaría la brecha fiscal provocada por los recortes contributivos que se contemplan mediante una combinación de más ganancias y una ampliación de la base de recaudación contributiva. Según el informe del JCT, bajo el mejor escenario los recortes contributivos planteados por los republicanos resultarían en un crecimiento económico anual de 0,8%, muy por debajo de las proyecciones republicanas. De hecho varios análisis de los planes tributarios, tanto de la Cámara como el Senado, han refutado las afirmaciones republicanas de que los enormes recortes contributivos para las corporaciones e individuos ricos que han propuesto provocarán una expansión suficiente del crecimiento económico para compensar el anticipado déficit presupuestario.
En un intento de preservar su imagen de ‘conservadores fiscales’, algunos republicanos como Bob Corker de Tennessee exigieron que se estableciera un «gatillo automático» para aumentar los impuestos en caso de que no se realicen las proyecciones de crecimiento económico. Sin embargo, tal disposición fue rechazada a última hora por el parlamentario del Senado el jueves por la noche. Otros republicanos en el Senado han sugerido no eliminar el Impuesto Mínimo Alternativo (AMT) para algunas corporaciones e individuos ricos o el establecimiento de un aumento escalonado en la tasa de impuestos corporativos desde el 20% inicial que forma parte de los proyectos de ley en la Cámara y el Senado como medidas para compensar el proyectado déficit. Hasta el momento, ninguna de estas propuestas ha sido integrada a la pieza legislativa final. Las negociaciones tras bastidores seguirán este viernes (hoy) con una votación final anticipada para la semana que viene.
Al igual que la de la Cámara, la versión senatorial incluye una reducción drástica de la tasa corporativa de 35% a 20%, facilita la creación de una nueva casta hereditaria compuesta por el 0,2% más rico al debilitar aun más el impuesto al patrimonio (estate tax), y permite una deducción de 17,4% de los ingresos de individuos que son dueños de una empresa pass through. En una empresa pass through, las ganancias son consideradas ingresos individuales de sus dueños. Además, el proyecto senatorial afloja las reglas que permiten a las compañías deducir (expense) los gastos en nuevo equipo, otra disposición para reducir su carga tributaria.
Significativamente, la pieza senatorial cambia el sistema tributario estadounidense a uno territorial, una medida que beneficiaría a las corporaciones multinacionales con sede en EEUU. Al momento, EEUU impone impuestos sobre todas las ganancias mundiales de las corporaciones estadounidenses aunque, como bien se sabe, éstas los evaden mediante un sinnúmero de paraísos fiscales a través del mundo. Bajo un sistema tributario territorial, sólo las ganancias derivadas de operaciones dentro de territorio estadounidense serían sujetas a tributo. El proyecto senatorial incluye un impuesto de repatriación de una sola vez del 10% sobre el efectivo o su equivalente y 5% sobre las ganancias reinvertidas de las multinacionales estadounidenses. Hay otras disposiciones incluidas en el proyecto de ley del Senado que fomentan la transferencia de la llamada propiedad intelectual a las empresas matrices estadounidenses. En general, la tasa efectiva sobre la renta extranjera derivada de los activos intangibles sería del 12,5 por ciento.
Todas estas concesiones contributivas que se llevan a cabo están ocurriendo en momentos en que las ganancias corporativas llegan a niveles históricos récord, todos los principales índices bursátiles están por las nubes y se atestigua una inmensa concentración de riquezas en manos de cada vez menos personas. Mientras tanto, los republicanos del Senado, al igual que sus correligionarios en la Cámara, están eliminando varias deducciones populares entre la clase media y trabajadora como la que se aplica a los impuestos locales y estatales. De hecho, aun los economistas oficiales conceden que las grandes corporaciones y los individuos más ricos son los que beneficiarán de esta reforma tributaria mientras la carga se les caerá sobre los que menos tienen, particularmente las familias con ingresos anuales por debajo de $30 mil.
Tal como explicamos en nuestro análisis de la versión del proyecto contributivo recientemente aprobado en la Cámara, la llamada reforma contributiva federal no es más que la legalización de la práctica muy común de evasión contributiva llevada a cabo por los capitalistas. En este sentido, las pequeñas diferencias entre los proyectos de la Cámara y el Senado, que se resolverán en el proceso de reconciliación, no obscurecen el hecho de que ambos tienen dos objetivos sociales principales: redistribuir hacia los capitalistas, los ricos, aun más riqueza social y crear el pretexto para desmantelar aun más los programas sociales como el Medicaid, Seguro Social y otros más que benefician a la clase trabajadora y los pobres. Más allá de una reforma contributiva, lo que se está proponiendo en el Congreso es en realidad una política social para llevar a cabo una ofensiva capitalista en contra de las masas.
Ninguno de los lacayos políticos de la colonia, el llamado liderato político del país, ha levantado una voz de disidencia. De hecho, todos los esfuerzos de parte de esta camarilla, política y moralmente en bancarrota, se han centrado en lograr un acomodo que proteja las ganancias de las corporaciones multinacionales estadounidenses con importantes operaciones en Puerto Rico. Su mayor preocupación es el impacto en el costo de exportaciones a EEUU bajo un escenario en que Puerto Rico sigue siendo tratado como una jurisdicción extranjera (foránea) dentro del nuevo régimen tributario. El debate entre este grupo se limita a cabildear durante el proceso de reconciliación para lograr exenciones especiales para las corporaciones en Puerto Rico o convertir a la colonia en una jurisdicción doméstica para propósitos tributarios. Respecto a las implicaciones sociales de la reforma contributiva federal, estos lacayos no dicen ni jí.
La clase obrera debe entender estos esfuerzos como una declaración de guerra y organizarse como tal. La resistencia a las medidas contenidas en la reforma contributiva, que se está imponiendo de manera acelerada y en secreto, con la plena complicidad de los demócratas, requiere nuevas formas de organización obrera fuera de los partidos capitalistas. Lo que es más importante en este sentido es que se resistan los intentos de los capitalistas y sus representantes políticos para aplastar a los obreros oponiendo un grupo a otro en la lucha competitiva por recuperar los trabajos. Tal es el caso de la guerra de ofertas y la lista de concesiones laborales y fiscales de funcionarios políticos locales intentando a atraer a Amazon a sus comunidades para construir su nueva sede. La única alternativa que le queda a la clase obrera es desarrollar sus propios instrumentos de poder político y aceptar la tarea de tomar el control directo de la economía para implementar una planificación racional en interés de la mayoría obrera. Los obreros en Puerto Rico, lejos de quedar ajenos a esta reorganización y su tarea acompañante, deben formar una parte integral de ella junto con sus camaradas en EEUU.