Por Ismael Castro
En otra manifestación de su carácter ultra reaccionario, el senado colonial ha aprobado un proyecto de ley radicado originalmente en la Cámara el cual permite la discriminación siempre y cuando se justifica por religión. El proyecto cameral 1018, bajo la autoría de Johnny Méndez, María Charbonier y Guillermo Miranda, fue aprobado en el Senado con 17 votos a favor y 12 en contra el domingo pasado en un voto que tuvo lugar a altas hora de la noche. Dicha pieza legislativa exime a los individuos y los negocios de cargos por discriminación si levantan como defensa legal que un acto solicitado, tal como la prestación de un servicio, violenta su libre ejercicio de culto. Este proyecto de ley, basado en la fraudulenta lógica de libertad de culto, es otra maniobra cínica para socavar aun más los derechos democráticos.
Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado tanto el proceso como la aprobación misma de la medida que ahora pasa a Rosselló para su firma. Según José Rodríguez Irizarry, coordinador del Instituto del Género y Educación de Avanzada, “Todo el proceso, desde las vistas hasta su aprobación el domingo en la noche, mientras más de la mitad del país está a oscuras y sin acceso constante a información, es una afrenta al proceso democrático…” El portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), Osvaldo Burgos Pérez fue aun más enfático al señalar que el sector de religiosos ultraconservadores “no se resigna a la idea de que como sociedad hemos avanzado a favor de espacios de equidad y desarrollo para las mujeres, las personas LGBTTIQ y otras personas que no se amoldan a las ideas cristianas que por décadas han tratado de imponer al resto de la sociedad. Ahora en 2017, vuelven a la carga en su intento de obligar a que todas y todos piensen como ellos y encontraron eco en Carlos ‘Johnny’ Méndez, María M. Charbonier y Guillermo Miranda, autores del P. de la C. 1018. Peor aún, encontraron eco en una Cámara cómplice que aprobó el proyecto y en un Senado oportunista que el domingo lo aprobó también”.
El voto para aprobar este proyecto de ley se dio en momentos en que Tribunal Supremo de EEUU decide el caso del panadero Jack Phillips, de Colorado, que se negó a preparar un bizcocho de bodas para una pareja gay, David Mullins y Charlie Craig en 2012. Phillips se ha amparado bajo el argumento legal de que el matrimonio entre personas del mismo sexo va en contra de sus principios religiosos y como ‘artista culinario’ la elaboración de un bizcocho para una pareja gay implicaría su aval a tal unión en contra de su libertad de culto. El equipo legal que defiende a Phillips incluye a Noel Francisco, el ex abogado del bufete de Jones Day nombrado por Trump como Procurador General, quien acaba de litigar a favor del veto migratorio dirigido principalmente a inmigrantes musulmanes en las cortes federales. Se anticipa que el caso, que actualmente tiene al Tribunal Supremo dividido, sea decidido por el votos del juez Kennedy.
La alianza entre el sector religioso ultraconservador y los políticos reaccionarios no es casual. Forma parte de una estrategia deliberada no sólo para fomentar el oscurantismo sino también socavar los derechos democráticos básicos. La clase dominante exhibe una hostilidad hacia cualquier influencia del pensamiento científico o iluminado entre las masas. Bajo el capitalismo, la ciencia permanece siempre subordinada al afán de lucro capitalista y la preservación del dominio de clase. La derecha religiosa es movilizada como base social para la reacción política no sólo para darle la imagen de un atractivo ‘popular’ al discurso moralista que con suma hipocresía emplea la clase dominante sino también desviar de la lucha progresista para transformar el orden socioeconómico y político. Políticos como Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz en Puerto Rico, al igual que los Mike Pence en EEUU son diestros en la manipulación de los sectores religiosos para adelantar su agenda ultraderechista.
La aprobación del proyecto 1018 debe entenderse como parte del conjunto de otras medidas similares recientes como la intensificación del enfoque punitivo en el trato a los menores, particularmente de extracción pobre, y el abandono del principio de independencia judicial. Estas medidas, entre otras, resaltan el creciente autoritarismo que define la vida política bajo el dominio de la clase capitalista. Tales leyes sientan las bases ‘legales’ para la imposición de regímenes autoritarios. En palabras muy sencillas, los capitalistas y sus representantes políticos ya no creen en sus propios principios democráticos ni en la igualdad formal para todos.
Aunque el blanco inmediato de estas medidas antidemocráticas puede ser la comunidad LGBTTIQ o la juventud pobre y enajenada, sería absurdo creer que éstos serán los únicos en la mirilla. La clase dominante está muy consciente de que la verdadera ‘amenaza’ al orden social actual, caracterizado por la creciente desigual social, es la clase obrera, particularmente cuando ésta cobra consciencia de su fuerza y la necesidad de cambio. Y moviliza todo su aparato estatal, por ahora jurídico legal pero en el futuro los instrumentos de represión física también, para neutralizar esta amenaza.
La clase obrera es el único defensor genuino y consecuente de los derechos democráticos. Su defensa de los principios democráticos reconoce que la única manera de verdaderamente garantizar estos derechos es mediante la superación del capitalismo.