Por Rosa Rojas
Por las pasadas semanas ha sido noticia relevante a nivel internacional la nueva crisis política surgida en Honduras a raíz de acusaciones de fraude en las más recientes elecciones presidenciales. Según los resultados preliminares, colocaban al candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura (AOCD), Salvador Nasralla con una ventaja de cinco puntos sobre el actual presidente Juan Orlando Hernández del conservador Partido Nacional (PN).
Los reclamos de los líderes de la AOCD comenzaron a raíz de las irregularidades en el proceso de conteo de votos, cuando Hernández comenzó a cerrar la brecha frente a Nasralla, mientras que los números de los demás candidatos se mantenían iguales. Las movidas fraudulentas se le atribuyen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) entidad encargada del proceso de contabilidad de los votos luego de que en varias ocasiones se “cayeran los servidores”. Esos eventos han provocado manifestaciones de protesta a lo largo y ancho del país exigiendo se respete la voluntad de los electores, algunas de ellas duramente reprimidas por los cuerpos de represión estatal. Mientras tanto, la AOCD ha impugnado los resultados ofrecidos por el TSE, la inconstitucionalidad de la candidatura y reelección de Hernández, entre otras exigencias que incluyeron la continuación de las movilizaciones populares.
Los comunistas siempre luchamos por reivindicaciones democráticas que les permitan a las masas trabajadoras ganar espacios para ampliar su influencia, sobre todo en sociedades atrasadas y altamente represivas como la hondureña. Sin embargo, más allá de los gritos de los liberales “en defensa de la democracia” debemos analizar más detenidamente cuál debe ser la postura de la clase obrera ante estos hechos.
Sobre el golpe de Estado de 2009
La situación que se vive hoy en Honduras no es más que la continuación del golpe de estado perpetrado por los militares en 2009. Ese golpe estuvo enmarcado dentro de la política del imperialismo para contener el avance de los llamados “gobiernos progresistas y revolucionarios” que se desarrollaron en América Latina durante esa década en Venezuela, Brasil, y Argentina principalmente. Para 2006, el recién electo presidente de Honduras, Manuel Zelaya un empresario liberal (vinculado a la explotación de bosques y producción agropecuaria) que simpatizaba con las reformas que se estaban implementado en el continente, comenzó a ensayar tímidamente algunas de ellas ante las pésimas condiciones de las masas hondureñas.
Como parte de esas reformas, planteó limitar los gastos gubernamentales en contrataciones a empresas de poderosos empresarios como Miguel Facusse, estableció convenios de compra de medicamentos a Cuba, así como estableció lazos económicos más estrechos dentro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), organización que admitió a Honduras en 2007. El interés principal del sector burgués que representa Zelaya era esquivar la opresión que ejercían los oligopolios que controlaban las importaciones de petróleo y sus derivados, así como los medicamentos. En 2008, ante una enconada oposición de la oligarquía, logró la aprobación del congreso de la nación para el ingreso en Petrocaribe y estableció un alza en los salarios del 60%, aumentando de $170 a $270 mensuales. También plantearon revertir algunas privatizaciones, como la del aeropuerto de Palmerola, en poder de la empresa InterAirports propiedad de Fredy Nasser (yerno de Facusse) la cual albergaba una base militar estadounidense.
Además, para limitar el poder de la oligarquía y sus clientes, planteó la realización de un plebiscito para consulta popular sobre la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, es decir para redactar una nueva constitución. Esto, junto al aumento de los salarios, fueron las gotas que colmaron la copa para las familias que controlan Honduras: Ferrari, Flores Facusse, Canahuati, Facusse Barjum y Maduro. Estas, agrupadas en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), con el apoyo de la embajada de EEUU, comenzaron a planificar el derrocamiento de Zelaya. El golpe de Estado se perpetró el mismo día que se convocó la consulta, 28 de junio de 2009.
Aparte de la condena internacional, exceptuando a EEUU, se desarrolló un proceso de represión sistemática a los sectores populares bajo el mandato del títere Roberto Micheletti y luego bajo el presidente “electo” Porfirio Lobo, donde se llevaron a cabo asesinatos de periodistas, dirigentes campesinos y sindicales. Situación que fue denunciada por distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU y Amnistía Internacional. Ante ese panorama, los sectores más adelantados de la clase obrera, en alianza con otros sectores pequeñoburgueses organizaron el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) quienes lograron una organización incipiente a nivel nacional, con perspectivas favorables para el desarrollo de la lucha revolucionaria, que se tradujeron en movilizaciones masivas rechazando la situación del país. Sin embargo, cuando se dieron a la tarea de establecer un programa de lucha de carácter clasista, los sectores pequeñoburgueses comandados por los seguidores de Zelaya (que se encontraba asilado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa) comenzaron a torpedear el proyecto hacia uno de carácter electoralista.
Es dentro de ese contexto que se desarrollan los eventos recientes, donde llevan la voz cantante en la denuncia al fraude electoral los sectores agrupados en la AOCD, los mismos que troncharon los intentos de organización revolucionaria de las masas.
Lecciones para la clase obrera internacional
Si bien es cierto que esta acción de la oligarquía hondureña es condenable desde la perspectiva del deseo de reformas de las masas, la realidad es que esta es una nueva muestra para la clase obrera de que los liberales y progresistas no ofrecen ninguna alternativa que satisfaga nuestros intereses inmediatos. Salta a la vista las similitudes que encierra la situación entre Honduras y Venezuela con la mímica de los liberales burgueses hondureños al proceder del PSUV dentro del proceso bolivariano. A nivel económico, ambos países con economías rentistas basadas en la exportación de materias primas, en el caso de Honduras de productos agrícolas (50%) y metales preciosos (26%), con un sector industrial muy subdesarrollado, que tiene como consecuencia la importación de la mayoría de las mercancías e insumos.
Esta estructura económica ha tenido el efecto inmediato generar un proletariado agrícola numeroso frente a una clase obrera urbana numérica e ideológicamente débil que se ha materializado en el apoyo de sus sectores más conscientes y revolucionarios al proyecto reformista de Zelaya. Con ese apoyo nuevamente quedan subordinados los intereses de la clase obrera a los de la burguesía liberal hacia la lucha por la “legitimidad constitucional”, en vez de denunciar el oportunismo de la AOCD y construir oposición obrera. Ciertamente los retos de organización revolucionaria de la clase obrera en Honduras son inmensos, sin embargo, los obreros conscientes deben como primer paso, plantear la ruptura ideológica con estos sectores y construir oposición contra la oligarquía fascista, como contra los liberales burgueses.
La lucha de clases en Honduras muestra una vez más los intensos combates que debemos dar la clase obrera en el mundo por lograr nuestro fortalecimiento ideológico e independencia política de las clases explotadoras y sus aliados. Solo así podremos encaminar la lucha contra el oportunismo pequeñoburgués y constituirnos en fuerza política que dirija a la clase obrera hacia la toma del poder político y a la construcción del socialismo.
¡Trabajadores del mundo UNÍOS!