Por Ismael Castro
Detrás de todas las declaraciones sobre el supuesto compromiso de “levantar a Puerto Rico” hechas hasta la saciedad por los políticos del patio hay una irrefutable verdad: actúan motivados por el afán de lucro de sus patronos.
Así lo ha confirmado la reciente conducta del ex gobernador Luis Fortuño quien en su capacidad de socio del bufete de Steptoe & Johnson ha facilitado la firma de un acuerdo entre la empresa estadounidense SeaOne Holdings y la Administración de Terrenos (AT) en el que se le concede a dicha compañía derechos para usar terrenos públicos para su propuesto proyecto de gasificación. Como alertamos anteriormente, la empresa SeaOne, que se especializa en el transporte del gas natural comprimido desde la red de terminales de exportación por la costa del Golfo, ha propuesto construir en Guaynabo un centro de distribución que sirva para suministrar el gas licuado importado a través de Aguirre.
Según un informe que apareció en el Noticel, Fortuño hizo contacto directamente con funcionarios de la administración Rosselló, incluida la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) dirigida por Omar Marrero, justo un mes después del paso de María, el 20 de octubre, para acelerar el otorgamiento de un contrato que permita a SeaOne llevar adelante su proyecto de gasificación. En la misma comunicación, Fortuño parece haberle solicitado también la aprobación de un contrato para la empresa EnergyAnswers construir su controvertible incinerador en Arecibo.
El informe de Noticel también destaca que como integrante de la Comisión para la Igualdad recientemente creada por Rosselló, el ex gobernador “estaría protegido ante señalamientos sobre cualquier conflicto de interés mientras representa a SeaOne” gracias a una enmienda a la Ley 30 mediante la cual se creó dicho ente radicada por el presidente de la Cámara, Carlos Méndez. Tal es el nivel de contubernio que existe entre toda esta canallada politiquera.
Aun antes de la debacle de la AEE evidenciada desde María, hemos señalado la falacia descarada del argumento de que estos proyectos responden al problema del alto costo de energía en Puerto Rico. Como explicamos en julio del año en curso lo repetimos ahora:
“En los últimos años, la creciente explotación de recursos gasíferos y del petróleo bituminoso estadounidenses, la llamada ‘revolución de esquisto’, además de resultar en la mayor autosuficiencia energética de EEUU, ha alimentado la carrera para exportar combustibles fósiles. Los productores estadounidenses ya son competidores en el mercado internacional . . .
(L)a llamada ‘reforma energética’ impulsada por los politiqueros de ambas administraciones tiene como objetivo principal sustituir al petróleo más pesado brasileño del cual ha dependido la AEE con el gas natural estadounidense.”
El esquema de Alianzas Público Privadas promovido por Rosselló implica imponer a la ciudadanía el costo de la conversión de la actual infraestructura a través nuevas deudas públicas, además de la concesión de permisos para el uso de terrenos públicos, para que las empresas privadas estadounidenses puedan apoderarse por completo de la industria energética.
Fortuño, al igual que el actual residente de La Fortaleza y el resto de los compinches políticos que administran la colonia, no es más que un servidor de los capitalistas. Su función principal es defender sus intereses. Ha llegado el momento para la clase trabajadora defender los suyos.