Por Rogelio Acevedo
Mientras el país sigue sumido en el caos económico y administrativo, los agentes de Wall Street han continuado trabajando sigilosamente para adelantar los planes de los parásitos financieros para afianzar la explotación sobre las masas trabajadoras. La situación de crisis provocada por el huracán María en el territorio ha dado la excusa perfecta al Departamento de Educación (DE) para adelantar a pasos agigantados su plan de destrucción de la educación pública. Pese a toda la oposición que ha generado en las comunidades, la supersecretaria Julia Keleher ha continuado implementando el plan de cierre de escuelas, que proyecta 300 planteles para el presenta año académico. Aún con su estatus de “celebridad” entre los medios de prensa burgueses, y de su ropaje de “servidora pública”, esta cumple la función de representante de los sectores capitalistas que desvían fondos de la educación pública hacia esferas del capital especulativo.
Hoy se hizo público el “nuevo” plan que sustituye la infame No Child Left Behind (NCLB) por el sistema de agencias educativas locales (LEA por sus siglas en inglés). Este nuevo sistema plantea la total descentralización del DE de su actual modelo de 7 regiones educativas y 28 distritos con miras a “crear un sistema más ágil que provea las necesidades de los estudiantes” y sustituirlo por entidades autónomas que puedan recibir fondos federales directamente. Son notorios los innumerables problemas y trabas que enfrentan el magisterio y personal escolar a la hora de realizar compras y otras gestiones necesarias para la operación diaria de las escuelas. Así que se supone con la “descentralización” mejore el funcionamiento del sistema y se resuelvan los problemas de forma directa que no involucren capas de burocracia, ¿cierto? Sí Pepe.
¿En qué consiste las LEA?
Estas nuevas entidades autónomas funcionarán como corporaciones que administrarán directamente fondos federales, que serán otorgados bajo la condición de que no presenten objeciones a las escuelas chárter. Esos fondos serán dirigidos a la contratación de empresas privadas que operarán las escuelas convertidas en charter schools con estrechos lazos a fondos de cobertura. Con el alto nivel de pobreza que impera en el territorio, las LEA estarán conformadas en su mayoría por comunidades de escasos recursos que, con tal de evitar el cierre de sus escuelas y de recibir fondos para su sostenimiento, no opondrán resistencia a la implementación de las chárter.
A su vez, estas regiones estarán administradas por juntas compuestas de compañías privadas disfrazadas de entidades ‘sin fines de lucro’ y de ONG. Estas juntas se encargarán de elaborar presupuestos, contratar personal (transitorio por supuesto) y servicios, comprar materiales entre otras funciones que les serán delegadas del DE a partir de la nueva ley. El aspecto más importante es que ya las asignaciones presupuestarias no serán a través del DE, sino directamente a estas juntas atrincheradas en las regiones, eliminando la pobre fiscalización existente abriendo las puertas al saqueo.
Como parte del personal administrativo que supervisará esta nueva operación, el DE ha estado por los pasados meses celebrando talleres de formación en su Academia de Liderazgo. Bajo la nueva filosofía de “gerencia escolar” este personal irá conformando sus equipos de trabajo encargado de las nuevas instancias que se vayan creando. Aun así, con el surgimiento de estas nuevas instancias no se reducirá en nada la burocracia para los aspectos de resolución de problemas cotidianos de las escuelas, sino más bien se está sustituyendo una costra inamovible de burócratas gubernamentales, por una nueva cepa de gerentes de corporaciones educativas a nivel regional. Su función primaria es asegurar la eficiencia en el desvío de fondos públicos a empresas privadas. Todo ese sistema estará regido por la nueva ley federal Every Student Succeeds Act (ESSA).
¿En qué consiste ESSA?
Básicamente le da coherencia al plan de descentralización del sistema de educación pública otorgando autoridad a los Estados (y territorios) para establecer sus metas de aprovechamiento dentro de los parámetros establecidos por el gobierno federal. Uno de los aspectos sobresalientes es que, aunque mantiene la administración pruebas de aprovechamiento anuales, permite que los Estados usen otras pruebas además de las estatales. Esto abrirá la puerta a empresas privadas como Pearson continúen lucrándose con la venta de nuevas pruebas que midan el supuesto progreso que significarán las chárter. De hecho, en EEUU su implementación no ha evidenciado ningún avance en el aprovechamiento académico y solo ha representado un aumento en la segregación racial y de clase. De la misma forma, ESSA no provee para el ‘opt out’, u opción de los padres a que sus hijos no tomen las pruebas sin represalias del Estado. Aunque deja la puerta abierta a que los Estados aprueben sus propias leyes del ‘opt out’, reconociendo luchas en diferentes Estados de EEUU donde ya existen leyes de este tipo.
Contrario a la ley NCLB, no hace obligatorios los “Common Core Standards” (CCSS), los cuales creaban metas generales que todos los distritos debían cumplir y deja a discreción de los estados su creación.
También amplia los criterios para evaluar el progreso de las escuelas más allá de factores académicos incluidos en las pruebas (resultados en inglés matemáticas), entre ellos la preparación para la universidad, ambiente escolar, seguridad y ausentismo crónico. Además, no plantea penalidades a las escuelas que no cumplan con sus metas, sino que estas escuelas recibirán asignaciones adicionales para su mejoramiento. Aquí nuevamente vemos la píldora venenosa que tendrá el efecto de provocar un aceleramiento en la calidad de la educación ya que, en un modelo operado por empresas privadas, se fomentarán resultados pobres para aumentar las asignaciones de fondos.
En ninguna parte de la ley se especifica sobre cuál será el arreglo laboral con el magisterio y demás personal de la comunidad escolar, y que añadido a la visión de “gerencia escolar” del DE, solo demuestra que este se encamina a establecer nuevas relaciones contractuales y condiciones laborales características del sector privado. Es decir, reducciones significativas de beneficios como días de enfermedad y la eliminación de plazas permanentes sustituidas por contrataciones temporeras. Por lo demás, ya el magisterio sufre condiciones laborales altamente opresivas como jornadas de trabajo de más de 8 horas, instalaciones inadecuadas, grupos de más de 25 estudiantes, un sistema de pensiones saqueado.
Llama la atención la juntilla entre Keleher y la presidenta del “representante exclusivo”, Doña Aida Díaz, quien no ha dicho ni pío con esta indignante situación, que ciertamente pone en peligro el flujo de cuotas. Aún no está claro en qué consiste concretamente la complicidad de esta señora, pero tal parece que ya negoció esa disminución en cuotas a cambio de que le entreguen a la multimillonaria empresa llamada Asociación de Maestros, la administración de una región, o de al menos un par de escuelas para que sigan acumulando capital a costillas del magisterio. Ya veremos el desarrollo de estos eventos.
Este plan representa el refinamiento de los esquemas de saqueo de fondos públicos previos que tendrá repercusiones muy negativas sobre nuestra niñez y juventud, sobre las condiciones laborales del magisterio y principalmente en las comunidades donde se encuentran estas escuelas. El mismo está en sintonía con el plan de la administración Trump de deteriorar la calidad y hacer cada vez menos accesible la educación pública a las masas trabajadoras. Ya vimos la irresponsabilidad criminal de toda la cúpula que dirige el DE con los cierres forzados de planteles para crear una crisis artificial, sin considerar el papel que cumplen las escuelas en aliviar los cada vez más agudos efectos de la pobreza y marginación de nuestra niñez. De la misma manera, esa insensibilidad debe ser el detonante para todos los componentes de las comunidades escolares para prepararse para la lucha, ya que esa camarilla de corruptos ha demostrado que carecen de escrúpulo alguno y que se llevarán enreda’o a quien sea para implementar estos nefastos planes.
Como contraparte, esta crisis reafirmó, de forma muy limitada por su carácter espontáneo, la capacidad de las masas a tomar las riendas de los asuntos que le afectan y encaminarlos hacia soluciones que les beneficien. Imaginemos lo que podemos lograr la clase obrera con el apoyo de las masas si encaminamos nuestra lucha de forma organizada, las posibilidades son infinitas. Sin embargo, para lograr los cambios que satisfagan nuestras necesidades y aspiraciones solo se puede lograr con la organización política independiente para derrocar el poder burgués y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas.
¡Organicemos consejos obreros!
¡Control obrero!