Por Rogelio Acevedo
En las pasadas semanas hemos seguido con atención las movidas y posibles movimientos que los diferentes sectores de poder que controlan el territorio. En esos informes destacábamos la situación critica de la economía del territorio y que, en aquel momento, la falta de certeza en el rumbo que seguirían sus administradores para lograr encaminar la cacareada recuperación económica. Lo que sí destacábamos en aquel entonces, como ahora, es el oportunismo político y la crasa incapacidad de Ricky y su camarilla de encaminar un proceso que satisficiera incluso a sus socios capitalistas.
Sin embargo, el Whitefish affair ha provocado una batalla campal entre grupos rivales de capitalistas, unos apadrinados por el gobierno federal y otros por los administradores del territorio. Este asunto ha desviado parcialmente la atención de aspectos estructurales sobre cómo se reorganizará la economía del territorio. Lo que está claro es que la Junta de Wall Street (JWS) ha tomado efectivamente el poder y ha hecho añicos la pantomima de control que habían escenificado Ricky y su camarilla en las semanas previas.
El hecho más concreto fue tomar control de las contrataciones para todos los ámbitos gubernamentales, principalmente para la gallinita de los huevos de oro, la AEE. Pero para que no quedaran dudas exigió a la administración del territorio la elaboración de un nuevo Plan Fiscal (PF) que se ajuste a la nueva realidad económica y social. Este PF deberá estar basado en fondos legislados basados en los ingresos que están en caja. Es decir, sin préstamos ni asignaciones no recurrentes.
Este será un asunto complicado para Ricky y su pandilla ya que según estimados el gobierno solo está recaudando entre el 43% y el 53% del IVU. Además, Hacienda se está replanteando la abusiva reforma contributiva a raíz de la masiva pérdida de hogares y el aumento en el desempleo que sufren las masas. Esto sumado a la masiva emigración, ha causado una merma considerable de su base contributiva.
Encima, el bloqueo a la eliminación de las leyes de cabotaje y la negativa de funcionarios como Jennifer González a exigir al menos su suspensión, por estar en la nómina de poderosos grupos económicos como Crowley, hacen más costoso el transporte de mercancías y por tanto, el costo de vida. También el más reciente indicador de producción manufacturera (PMI por sus siglas en inglés) ha mostrado un desplome hasta los 33.1 puntos de un total de 50, por la falta de electricidad, telecomunicaciones y disponibilidad de personal. Este un aspecto significativo, ya que el sector de la manufactura es prácticamente el único sector productivo relevante en la economía.
Sobre ese “pedido” de la JWS, Gerardo Portela director de la AAFAF aseguró que el territorio necesita cerca de $5,100 millones para poder terminar el año. Lo que significa que los $4,700 millones que asignó recientemente el congreso no serán suficientes. Este planteamiento de Portela revela que lo que pretenden los compinches de Ricky es facturarle a FEMA por la orgía de millones que pretenden llevar a cabo.
Pero se han tropezado con un nuevo obstáculo: no han podido proveerle a FEMA con los estimados de daños que sufrieron las instalaciones del gobierno, como tampoco con el número de empleados con los que cuentan, a pesar de que se han pagado tres quincenas. Esa será la excusa perfecta para que FEMA no reembolse un solo centavo del despilfarro de dinero que estamos presenciando, aún cuando es un seguro que la clase trabajadora hemos pagado por años sin recibir compensación alguna.
Luego de estos meses tumultuosos, la JWS también se está planteando llegar a puntos de encuentro con los diferentes grupos de bonistas. Las principales agrupaciones de bonistas acreedoras del ELA: Bonistas del Patio, Bonistas de Cofina y el National Public Finance Guarantee (entidad aseguradora de bonos municipales en EEUU) se han mostrado complacidas con el ramo de olivo que le ha tendido la JWS. Esto complica aún más el panorama para las finanzas del territorio, ya que mínimamente los bonistas lograrán que se asigne una tajada mayor de asignaciones del PF al pago de la deuda. Más aún podría significar que se logre un reciclaje de la deuda acelerado con la excusa de la necesidad de financiamiento para infraestructura, etc. Esta última posibilidad está por verse ya que habrá que ver como el tribunal de quiebras atenderá estos pleitos.
Lo que está cada vez más claro para las masas es que tanto Ricky y su pandilla, así como los políticos estadounidenses están por ellos y sus socios capitalistas. Su conducta criminal en el tratamiento de esta crisis, con los suministros, condiciones hospitalarias, cierre deliberado de escuelas, entre otros, son hechos concretos que demuestran ese desprecio. Sin embargo, a medida que ellos mismos profundizan la crisis por las mismas leyes del capital, las cuales exigen su expansión constante, crearán las condiciones para el creciente cuestionamiento de su régimen. Es decir, las condiciones necesarias para la lucha revolucionaria.
¡Organicemos consejos obreros!
¡Control obrero!