Por Ismael Castro
La cámara estadounidense aprobó ayer por un margen de 227 a 205 votos su proyecto de reforma contributiva federal. La aprobación del proyecto tuvo lugar sin un solo voto demócrata y con 13 representantes republicanos en oposición. Los republicanos que se opusieron lo hicieron debido a que elimina las deducciones por impuestos estatales y locales. La eliminación de dichas deducciones tendrá un efecto negativo para los residentes de estados como Nueva York, New Jersey y California donde los impuestos son más altos. Por su parte, la llamada oposición demócrata falta toda credibilidad, ya que sus propuestas de reforma contributiva también incluyen recortes tributarios para las corporaciones aunque no tan grandes como aquellos que impulsan los republicanos.
Ahora, corresponde al senado federal llevar al voto y aprobar su propia versión de un proyecto de reforma contributiva. En términos generales, el proyecto senatorial no se distinguía mucho de la versión aprobada por la Cámara. Sin embargo, hace dos días se insertó al proyecto del senado una disposición para eliminar el mandato individual de Obamacare, una movida con el claro objetivo de desestabilizar los existentes mercados de salud la cual resultaría también en aun mayores aumentos en el costo de los planes médicos existentes y la consecuente pérdida de cubierta para aproximadamente 15 millones de personas. Significativamente, varios analistas han planteado que la eliminación del mandato individual ahorraría más de $300 mil millones del presupuesto federal durante los próximos 10 años. Los republicanos están aprovechando cínicamente este argumento para desviar del hecho de que la eliminación del mandato individual reduciría un poco el enorme déficit proyectado como resultado de los recortes contributivos para las corporaciones contenidos en ambos proyectos de ley. De esta manera, mientras se debilita aun más el sistema de cuidado médico y los capitalistas les pasan a las masas obreras aun más de los costos de la atención médica, se les concederá enormes beneficios tributarios a los más ricos para aforrar sus bolsillos ya inflados. Se anticipa que una ley final pasará por varias modificaciones durante el proceso de armonizar ambos proyectos.
En otra ocasión señalamos el carácter reaccionario de los planes de reforma contributiva que impulsan los republicanos. Entre los elementos más reaccionarios del plan republicano figuran la reducción de la tasa corporativa a 20%, el nivel más bajo desde los años 20, la eliminación del impuesto al patrimonio (estate tax) además del impuesto mínimo alternativo (AMT), y una reducción a los impuestos sobre la repatriación de las ganancias que las corporaciones multinacionales mantienen en el extranjero. Junto con estos beneficios para la clase capitalista, el plan republicano elimina una serie de impuestos que históricamente han beneficiado a las clases medias y las masas trabajadoras. Por ejemplo, se eliminarían las deducciones por intereses hipotecarios, préstamos estudiantiles, gastos médicos además de créditos para discapacitados, entre otras disposiciones existentes.
Queda claro que aunque el actual sistema tributario no trae ningún beneficio significativo para las masas trabajadoras, el plan republicano representa un enorme retroceso ya que, según varios estudios, transferiría 80% de los beneficios al 5% más rico de la población. Los masivos recortes contributivos para las corporaciones impulsados provocarán la pérdida anual de miles de millones de dólares a las arcas públicas que a su vez servirá de pretexto para desmantelar programas sociales como Medicaid, Medicare y Seguro Social. Como tal, esta reforma contributiva es en esencia un ataque más contra los trabajadores y las masas de pobres en EEUU. Basta con atestiguar los elogios de Trump una vez fue aprobado el proyecto de la Cámara para que el trabajador menos políticamente consciente en Puerto Rico se diera cuenta de la esencia anti obrera del plan.
Sin embargo, el anuncio de la aprobación de la reforma contributiva en la Cámara provocó la histeria inmediata de todo el establecimiento político en la colonia, desde Rosselló y el PNP hasta los populares, que ahora corren como locos en cabildeos para lograr disposiciones especiales. Esta politiquería puertorriqueña no se opone al plan republicano por su carácter anti obrero o la avaricia descarada de los capitalistas que refleja. Lo que le preocupa es que su colonia, siempre apuntalada por exenciones contributivas para las corporaciones estadounidense, pierda las exenciones tributarias con que han contado históricamente sus patronos. Tal como está, la reforma contributiva federal no tiene medidas para excluir a Puerto Rico – que para propósitos tributarios se considera una jurisdicción extranjera – de nuevos impuestos, particularmente sobre las importaciones de las corporaciones foráneas (CFCs) al mercado estadounidense. Ya los defensores del capitalismo en la colonia están buscando cómo compensar por lo que hasta el momento ha sido la derogación del arbitrio de ron y las insuficiencias de la Ley 154, la cual aplica un impuesto reducido de 4% a las CFC.
Sin embargo, la lógica detrás del plan impulsado por los republicanos es crear condiciones para la intensificación de la explotación de la clase trabajadora estadounidense. Durante años, los salarios reales de la fuerza laboral estadounidense se han quedado estancado a niveles de los años 70 y 80. Como tal, la reforma contributiva federal forma parte de los esfuerzos para crear una nueva plataforma de salarios bajo e impuestos bajos dentro de EEUU.
Desde la perspectiva de la politiquería puertorriqueña, todos los componentes que se han usado históricamente para promover la inversión capitalista en la colonia están siendo reproducidos en EEUU, lo cual elimina muchas de sus “ventajas comparativas”. Tal situación, que hemos descrito como una carrera hacia el fondo en que los trabajadores a través del mundo, en competencia unos contra otros, tendrán que someterse a condiciones laborales cada vez más explotadoras, impone a los administradores de la colonia la obligación de ofrecer aun más concesiones a las corporaciones para atraer o mantener la inversión. En otras palabras, la llamada reforma laboral que se impulsa en Puerto Rico tiene como objetivo asegurar que las condiciones de súper explotación en Puerto Rico compensen cualquier cambio desventajoso en el sistema tributario a nivel federal.
Todos los esfuerzos de cabildeo por Ricky y los populares van encaminados a ofrecerles a los capitalistas la garantía de que puedan imponerle las condiciones laborales exigidas sobre la clase trabajadora en Puerto Rico. Ya la Junta se ha expresado claramente sobre lo que requieren los capitalistas. Hemos destacado las implicaciones sociales de estos planes.
Ante esta ofensiva capitalista, la tarea inmediata de la clase trabajadora se resume en reorganizarse no sólo para oponerse a la embestida sino para tomar en sus manos las riendas del poder para transformar la sociedad. Nuestras consignas: ¡Consejos Obreros! ¡Control Obrero! siguen tan relevantes como nunca.