Por Rosa Rojas
Hoy se reanudaron los “diálogos ciudadanos” promocionados por la Junta de Wall Street (JWS) con miras a recoger recomendaciones de distintos sectores para la confección del nuevo Plan Fiscal (PF) que regirá las políticas fiscales del territorio. El nuevo PF, que la pandilla de Ricky deberá entregar para el 22 de diciembre, se enmarca dentro de la catástrofe del huracán María y los reajustes que tendrán que hacer para alinearse a los diseños de sus amos en Wall Street.
En ese particular, el director de AAFAF Gerardo Portela aseguró que ya se encuentra en negociaciones con el gobierno federal para el desembolso de la línea de crédito de $4,900 millones, que servirán para establecer los estimados del nuevo PF. Portela asegura que el gobierno territorial necesita $5,100 millones para poder correr la operación del gobierno y ofrecer los servicios esenciales. Aunque el más reciente informe de la AAFAF reporta que en la cuenta principal del Departamento de Hacienda (TSA por sus siglas en inglés) existe un balance de $1,800 millones, este aseguró que ese dinero está comprometido para el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales, el pago de suplidores, entre ellos $400 millones para los litigios de Promesa.
Aparte de todas las mentiras a las que nos tienen acostumbrados los cuates de Ricky y viendo la tendencia general de la administración Rosselló, con toda seguridad este nuevo PF no contemplará cambios demasiado drásticos en comparación con el anterior, en lo que respecta a recortes de servicios, principalmente en salud, educación e infraestructura.
Uno de los aspectos más importantes del nuevo PF es que se convertirá de uno decenal a uno quinquenal, es decir, reduce su alcance de 10 a 5 años. Esto plantea un abandono de la planificación a largo plazo anterior y la sustituye por el método clásico de saqueo por cuatrienio. Está por verse cómo en tan poco tiempo harán los ajustes necesarios para estimular la economía del territorio y crear las condiciones para relanzarlo al mercado de bonos municipales.
Sin embargo, basándonos en el PF anterior tenemos algunas pistas de lo que nos espera a la clase obrera. Por ejemplo, se mantendrán los recortes en educación, salud e infraestructura. Las operaciones de estas agencias se le irán entregando a empresas privadas y a suplidores bajo el modelo de las APP. En otros casos, como en salud, el gobierno venderá decenas de instalaciones a esas empresas.
Todo esto se plantea como ahorros en los gastos del gobierno, incluyendo nómina, pero cuando vemos los gastos gubernamentales en pago de suplidores, es decir, en pago a empresas privadas, se evidencia que tal reducción es falsa. Contrario a lo que se plantea, muchos de esos costos, particularmente en educación y salud, mostraron aumentos en gastos por contrataciones y un marcado deterioro en la calidad de los servicios.
Dentro de todo el desbarajuste que tienen, tendrán que sacar de la ecuación el 4% que pagan las CFC (bajo la ley 154-2010), las cuales representaron en el año fiscal 2016 más de $1,800 millones. El PF tendrá que considerar la pérdida de este ingreso al Fondo General, como resultado de la reforma contributiva federal y porque ya el IRS estableció una vigencia del estatuto hasta finales de este año.
Además, el informe muestra como se mantiene sobre los hombros de la clase trabajadora el mayor peso contributivo. Cuando comparamos las aportaciones de los individuos con las corporaciones domésticas vemos que para noviembre de este año los primeros aportamos $38 millones frente a $17 millones de las segundas. Mientras que las CFC aportaron $63 millones. Las proyecciones de recaudos para el año que viene nos colocan a los trabajadores aportando $668 millones, $442 millones las corporaciones domésticas y $566 millones las CFC. Es notable la dramática reducción de $1,300 millones en las aportaciones de las CFC, que representan cerca del 40% de los ingresos del FG.
Aparte de ponernos a pagar los platos rotos, recortes y privatizaciones a granel, la ganga de Ricky no tiene otro plan que no sea aumentar la dependencia de fondos federales. Esto lo demuestran las expresiones de Portela, que dijo esperarán a saber con certeza cuánto nos tocará del paquete federal de $44 mil millones que tendremos que dividirnos con Texas y las Islas Vírgenes, para delinear el PF. Habrá que ver cómo esto contraviene, si algo, los planes de la JWS. Esta se encuentra bajo la intensa presión de sectores del gobierno federal, así como de múltiples agrupaciones de capitalistas, de servicios y financieros, para poner a correr los proyectos necesarios para que arranque la economía del territorio.
Todo este ataque concertado esta complementado por la reducción acelerada del valor del trabajo como condición indispensable para la rentabilidad y poder atraer a inversionistas al territorio.
Si algo ha quedado claro con María es que la conducta criminal de la pandilla de Ricky no tendrá absolutamente ningún escrúpulo es llevar adelante los planes propios y de sus amos capitalistas. De eso pueden dar fe las más de 900 personas fallecidas, que confirman objetivamente de lo que son capaces.
Por lo pronto las masas trabajadoras no debemos tener fe que los estragos del huracán suavizarán el golpe que se avecina. En ese sentido el nuevo PF será más de lo mismo: muerte, pobreza y marginación.