Millonarios contratos acrecientan corrupción gubernamental

Por Rogelio Acevedo

Es de conocimiento general la corrupción rampante que ha predominado desde siempre en todas las instancias del gobierno del territorio de Puerto Rico. Una de las formas más visibles y repugnantes de corrupción se manifiesta en el otorgamiento de contratos millonarios, particularmente en ámbitos donde el gobierno previamente proveía esos servicios a menor costo. Esto se ha hecho más visible en los últimos años en los que se ha agudizado el proceso de privatización, en especial en los ámbitos que ofrecen mayores posibilidades de rendimiento: energía eléctrica, salud, educación.

Sin embargo, con la declaración del estado de emergencia durante el periodo entre el paso de los huracanes Irma y María arrancó el festín de contratos cuando el propio representante del gobierno ante la Junta de Wall Street (JWS) Christian Sobrino anunció que se habían firmado 1,600 contratos, aunque sin informar la cuantía ni para qué servicios. De la misma forma, Ricky y su ganga utilizaron la declaración de estado de emergencia para reafirmar la congelación de todos los convenios colectivos, que algunos incluían cláusulas que prohíben la contratación privada de labores de los sindicatos. Esta situación que antecedía los huracanes, era muy visible en la AEE y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

En la CFSE, desde mucho antes del estado de emergencia, la gerencia llevaba a cabo numerosas movidas para ir privatizando servicios y otorgando contratos onerosos a aseguradoras privadas como Cosvi y Universal por $700 mil a cada una. El despilfarro de contratos en la AEE está bien documentado, desde tiempos del pistolero Eduardo Bathia, acusaba a los trabajadores de la UTIER de que por sus salarios eran los culpables de la crisis fiscal que sufría la corporación, mientras guardaba silencio sobre los millones de dólares gastados en contrataciones.

No obstante, como habíamos señalado, esta coyuntura de crisis sería aprovechada por los capitalistas para llenar sus bolsillos con dinero público. Eso es precisamente lo que hemos visto durante las pasadas semanas, aun con todas las corruptelas y movidas oportunistas de los administradores del territorio para esconder los hechos, la verdad siempre sale a la superficie. Esa verdad parcial, porque no la conocemos en su totalidad, ha mostrado que nuestras denuncias de despilfarro y corrupción se han quedado cortas. Con la excusa de que el gobierno está paralizado por el huracán y por eso “la necesidad de contratar proveedores”, estamos presenciando un verdadero saqueo de fondos públicos a todos los niveles.

Estas numerosas contrataciones se concentran en ámbitos relacionado a construcción y reparación de estructuras, rehabilitación del sistema eléctrico, inspección de escuelas, relaciones públicas y recogido de escombros en municipios. La suma global de estos contratos reseñados alcanza la escandalosa suma de $826,624,400 millones. A continuación, desglosamos los contratos por renglón:

Este listado es solo una pequeña muestra de la corrupción que ahoga a las masas trabajadoras dentro de esta sociedad putrefacta. El saqueo es tan descarado, que incluso sectores de la burguesía defensores de la privatización, se pronuncian escandalizados por “no seguir los procedimientos de subasta reglamentarios”. Sin embargo, lo verdaderamente escandaloso de estos hechos es la enorme cantidad de dinero y recursos despilfarrados mientras se le niegan derechos laborales a la clase trabajadora con leyes antiobreras, con la congelación de convenios colectivos bajo excusas de fomentar ahorros. En vez de invertir en el mejoramiento de la infraestructura pública y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, públicos y privados, contratan a sus propias empresas para servicios de agencias que dirigen como es el caso del capo Omar Marrero.

De la misma forma que María expuso la miseria, ha salido a la superficie la putrefacción que caracteriza la corrupta estructura de poder del territorio, montada sobre la más descarada explotación que sufrimos las masas. Al parecer los amos coloniales, y su JWS no podrán parar la sangría de contratos, al menos por el momento, tras la decisión de la jueza Swain, denegando el nombramiento de Zamot a la AEE y reafirmando la capacidad del gobierno del territorio a escoger sus funcionarios. Mientras que se nos venden estas contrataciones como solución a los profundos problemas que sufre la sociedad, las masas seguimos sufriendo la carencia de servicios básicos, pobreza, marginación, a la vez que se nos restriega toda la opulencia de las riquezas que se nos roban.

Este estado de descomposición de la sociedad que nos venden los capitalistas como “nuestra” es una muestra más para reafirmarnos en la necesidad de la superación revolucionaria del capitalismo y la construcción socialista con la clase obrera en el poder.

¡Organicemos consejos obreros!