Por Carlos Borrero
Ha surgido otro aspecto particularmente nefasto del plan de reforma contributiva que se impulsa en el congreso. En días recientes se ha hablado cada vez más de una disposición del proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara federal la cual incluiría como ingresos la matrícula eximida de universitarios graduados. Tal movida aumentaría los ingresos por los que estos estudiantes graduados serían tributados, carga que impactará la capacidad de muchos para seguir sus estudios. La disposición representa un esfuerzo descarado para imponer sobre las masas obreras la carga de los enormes reducciones contributivas que se les conceden a las corporaciones y los individuos más ricos.
Como bien se sabe, los estudiantes graduados constituyen una parte importante de la fuerza laboral de la universidad, particularmente en las áreas de la enseñanza directa, como profesores adjuntos y asistentes a profesores permanentes, y la investigación. Los estudiantes de posgrado son notoriamente mal pagados. Bajo el sistema actual, este salario bajo es muchas veces «compensado» por exenciones de matrícula que les permiten continuar sus estudios de doctorado, los cuales normalmente toman cinco años para completarse. En las palabras recientes de Jill Richardson, una asistente de enseñanza de la Universidad de Wisconsin-Madison:
“Ir a la escuela de posgrado me hubiera quedado completamente fuera de alcance si tuviera que pagar una matrícula completa por mi educación. Obtener un doctorado requiere al menos cinco años y, a menudo, más. No tengo cónyuge, fondo fiduciario ni padres para cubrir mi costo de vida o mi matrícula. Si tuviera que pagar mi propia educación, hubiera sido simplemente imposible. Esto es muy común. ¿Cuántos adultos conoces que pueden renunciar a cinco años o más de ingresos mientras simultáneamente pagan miles de dólares en matrículas universitarias cada año? Dado que la respuesta a esa pregunta es ‘no muchos’, las universidades emplean a estudiantes graduados como mano de obra mal remunerada a cambio de una educación, un seguro médico y un salario muy bajo.”
Esta disposición tiene que entenderse como parte de los ataques más amplios contra la educación que está llevando a cabo la clase capitalista. A nivel universitario, esto incluye un plan para eliminar el programa para “perdonar” los préstamos estudiantiles a individuos que se dedican al servicio público, el cual impacta a las personas que trabajan en campos como la educación y la salud, además de recortes drásticos ($700 millones) al programa federal de préstamos Perkins. La administración de Trump también está buscando eliminar la muy popular deducción fiscal para los intereses de los préstamos estudiantiles, así como muchas protecciones para los estudiantes que sacan préstamos para pagar los costos exorbitantes de su educación universitaria. Incluso esta semana, el director de la Oficina de Presupuesto, Mick Mulvaney, propuso un plan para reducir en casi $4 mil millones el programa federal de ayuda a los estudiantes universitarios como condición para otorgar fondos para la recuperación después de los huracanes de Irma y Harvey.
A los niveles primario y secundario, los ataques contra la educación que se están llevando a cabo bajo la derechista Betsy DeVos incluyen recortes severos al Departamento de Educación federal para sangrar a las escuelas públicas del necesario financiamiento mientras se promueve abiertamente las escuelas chárter y religiosas bajo el fraudulento pretexto de «elección parental» (parent choice) y esquemas que asignan los fondos públicos al niño, sin importar a qué tipo de escuela asiste, en vez de la escuela pública del distrito. Tanto Trump como DeVos reflejan la bancarrota moral e intelectual de la clase capitalista en EEUU además del intento sistemático de negarles a las masas obreras y de pobres los elementos básicos de la cultura.
Ilustrativamente, ninguno de los degenerados políticos que administran la colonia, desde el ex “investigador académico” Rosselló y Jenniffer González para abajo, ha alzado la voz para oponerse a estas medidas. Todos los esfuerzos de esa pandilla criminal de politiqueros para “presionar” al congreso federal se centran en obtener exenciones contributivas para asegurarles las ganancias de los grandes capitalistas que operan en Puerto Rico. El papel de esa politiquería colonial como defensores de los intereses capitalistas ya no lo duda nadie.
En Puerto Rico, donde estos ataques contra la educación pública han alcanzado niveles sin precedentes, los rasgos fundamentales de la campaña capitalista para negarles a las masas obreras y de pobres los elementos básicos de la cultura incluyen el cierre de escuelas públicas y los esfuerzos para privatizar la UPR. Primero, bajo el pretexto de la deuda y ahora con la excusa del éxodo masivo, que ha sido acelerado debido a su negligencia criminal durante y después del paso de María, la administración colonial demuestra todo el desdén hacia las masas que siente la clase dominante. Queda claro que la lucha a favor del acceso a la educación, tanto a nivel primario como universitario, no puede ser separada de la lucha de las masas obreras y de pobres en general. A los padres y los estudiantes que defienden el derecho a una educación pública asequible no les queda más alternativa que la de vincular sus esfuerzos a la lucha por el socialismo.