Por Abayarde Rojo
Los capitalistas y sus apologistas pequeño burgueses han presentado sus propuestas de recuperación. Ahora les toca a los obreros políticamente conscientes presentar las suyas.
- Control obrero sobre las principales industrias del país, particularmente la industria energética y de acueductos y alcantarillado, mediante la inmediata formación de comités de obreros. Dichos comités, compuestos por los obreros más responsables, democráticamente elegidos y revocables en todo momento por sus compañeros electores, deben hacerse cargo de todas las funciones operacionales y administrativas de las industrias bajo su control. Entre sus prioridades inmediatas, los comités deben:
- Destituir la actual gerencia de las corporaciones públicas compuesta por elementos como Ricardo Ramos y Elí Díaz Atienza y radicar cargos en su contra;
- Anular todos los contratos firmados entre los ejecutivos de estas corporaciones y empresas privadas, particularmente los firmados durante el último año, y “abrir todos los libros” para hacer públicas y comprensibles todas las finanzas relacionadas a estas entidades;
- Reinstalar todos los trabajadores despedidos bajo las leyes anti obreras impuestas bajo las últimas dos administraciones coloniales para formar las brigadas necesarias para la restauración energética;
- Hacerse cargo de inmediato de todas las contrataciones y despidos de empleados además de la determinación de la escala de paga para todos los empleados;
- Gestionar con peritos de las principales instituciones docentes y científicas del país, o del exterior, para elaborar un plan para la modernización y/o rehabilitación de la infraestructura actual y la transición a recursos renovables.
- La ampliación y consolidación de los cuerpos populares auto organizados, ej. ejércitos de voluntarios para repartir suministros, brigadas de vecinos para atender los vulnerables y rehabilitar las comunidades, brigadas de trabajadores en todos los ámbitos, etc. en órganos permanentes dentro de cada comunidad y centro laboral. Todos los fondos públicos actualmente destinados a la contratación de “asesores” de gobierno y para apuntalar esa fosa de corrupción, despilfarro e incompetencia que se llama legislatura colonial deben confiscarse para financiar el trabajo de estos cuerpos de ciudadanos.
- La inmediata cancelación del IVU y la inmediata imposición de un impuesto sobre las empresas capitalistas privadas cuyo porciento será determinado por referendo popular.
- La requisición de todas las habitaciones hoteleras que se están usando actualmente para alojar a militares y otros oficiales de las agencias federales para que las ocupen las familias que se han quedado sin techo.
- Un llamado a la clase obrera internacional a que colaboren en la reconstrucción del país en todas las áreas donde pueda aportar.