Por: MAO
Mientras las masas trabajadoras vamos sintiendo los efectos del catastrófico huracán María, los capitalistas buscan hacer más efectiva la entrada de mercancías a la Puerto Rico y reviven el tema de la ley de cabotaje. Esta ley impulsada en una coyuntura histórica específica mediante la Ley Jones en 1920, fue una estrategia importante para el desarrollo del capital estadounidense. Desde su implementación se buscaba contribuir a la expansión de las grandes corporaciones privadas estadounidenses por medio de los monopolios que contaban con las embarcaciones y todo el aparato de infraestructura que le aseguraba a Estados Unidos una posición económica y política predominante.
Las determinaciones legales de las leyes de cabotaje comprometía a la colonia a comprar todo producto fabricado en las empresas estadounidenses en un momento en que el capital productivo era importante para la acumulación de riquezas en Estados Unidos. Le aseguraba también una gran parte de la porción en los impuestos recaudados en las transacciones del trasporte marítimo. Lo que facilita la viabilidad para poner en marcha las continuas fluctuaciones en las inversiones de capital.
En la etapa actual de la sociedad capitalista el abundante mundo de las mercancías pone a la burguesía a replantearse tales trabas políticas en la colonia boricua. El nuevo mundo capitalista ha hecho que los Estados Unidos entiendan que sus capitales son más rentables y generan ganancias en tiempo record en el sector financiero. Esto ha provocado que gran parte del sector productivo se encuentre en el abandono. El ejemplo de la poca inversión en las naviera con las más deterioradas en la colonia, demuestra que este sector del trasporte fue destinado a sociedades que en este momento se les hace más rentable invertir su capital en áreas de producción.
Es decir, esto implica que las leyes como las del cabotaje, no tienen el mismo torso de fuerza política para viabilizar la economía capitalista estadounidense. Son un elemento de orden político que es obsoleto, que hace frenar el avance del capitalismo en el aspecto de limitar su competencia en la esfera internacional.
Ante este panorama es que tocamos las interesantes perspectivas liberales y conservadoras que han dado seguimiento a la discusión del problema de las leyes de cabotaje desde que Donald Trump en las pasadas semanas diera la orden de una dispensa de 10 días sin este tipo de regulación.
La posición de los políticos liberales, aquellos que creen en el principio capitalista de liberalizar más el mercado, como Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez, Acevedo Vila, Carmen Yulin u otros, consiste en solicitar dispensas que puedan trabajar con la ley de cabotaje y eventualmente eliminarla por completo. Este grupo de lacayos coloniales plantean que las leyes de cabotaje son un impedimento para la entrada de suministros al país. Tienen razón en términos de la lógica capitalista. Sin embargo, son estos mismos grupos los que promueven las ataduras coloniales bajo un acuerdo con el imperialismo en una libre asociación con acuerdos que pretenden lograr flexibilizar mayores capitales para la reducción de costos de producción para la burguesía nacional y trasnacional. Esto implica una desvalorización en el salario obrero si logramos no separarnos del propio principio del capitalismo, la competencia.
Los representantes políticos que llevan la voz cantante bajo la premisa de liberalizar más el mercado con acuerdos que hagan de la isla una más soberana para aumentar la capacidad de inversión, son los que están en la mejor disposición de servir a la burguesía nacional y extranjera que no sea necesariamente la de Estados Unidos. Experto en esto es el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila quien lleva tiempo cabildeado para capitalistas de la oligarquía criolla como es González Freyres (propietario de arroz rico y la importadora de insumos agrícolas Panamerican Grain). Este señor fue entrevistado por el Nuevo Día y se mostró a favor de extender la eliminación de las leyes de cabotaje en esta crisis. Precisamente por capitalistas como Freyres González es que escasea la comida en este país en esta gran catástrofe por la que atravesamos. Mediante su monopolio privado en la agricultura, controla la producción agrícola y se beneficia de la rentabilidad de la importación, exportación y distribución de alimentos en Puerto Rico.
Tenemos que tener presente que este grupo no se aleja de la visión burguesa independentista. La cual busca robustecer una economía nacional bajo las mismas relaciones de producción capitalistas. Esto no es otra cosa, como se escucha decir algunos independentistas: “para que te explote un extranjero, mejor que te explote uno de aquí”. En su momento estas dos líneas se cruzarán en alianza y los trabajadores seremos testigos.
Por otro lado la administración de turno liderada por Rosselló y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, vinculan más su línea política a la de los republicanos como Donald Trump. Aún con las diferencias con senadores como John McCain, predomina entre los republicanos y demócratas salvaguardar ese gran mercado naviero estadounidense. Sus planteamientos consisten en proteger las navieras de Estados Unidos como una necesidad de seguridad nacional. A parte, este sector patriótico que sueña con revivir la producción industrial gringa, es uno muy poderoso económicamente que controla a los sindicatos de estibadores de la envejecida industria de astilleros y navieros.
Sus poderes económicos reflejan el dominio de la metrópolis sobre el territorio mediante las regulaciones impuestas por las leyes de cabotaje, las que también rinden subvenciones de alrededor de $500 millones de dólares anuales en la encerrona de tener que usar su arcaico sistema naviero. En realidad son posturas retrogradas que no nos favorecen, basadas en el romanticismo del dominio del capital productivo nacional de los Estados Unidos. No obstante, tanto los liberales como los conservadores, se alinean con lo que le conviene y necesita el sistema capitalista para el que gobiernan y al que no pueden fallarle.
La distinción que puede existir entre los representantes del capital, divididos en demócratas y republicanos en Estados Unidos y en el caso de acá, sus lacayos en los partidos PNP y PPD, se fundamenta solamente en la lucha por la representación política de la burguesía. Al fin y al cabo todos responderán a los intereses imperialistas del capitalismo. Y bajo ese fenómeno del mercado capitalista es que se impondrá el control de lo que entra y lo que sale de los países.
No existe garantía en que logremos adquirir bienes de consumo en un país soberano e independiente si se mantienen las relaciones de producción capitalistas. El beneficio del comercio marítimo será para la burguesía y no para las masas trabajadoras, las que bajo este sistema estarán subordinadas a las fluctuaciones del trabajo asalariado y de allí depende únicamente los medios que adquiramos para la sobrevivencia diaria.
Los comunistas nos diferenciamos de los clichés de la pequeña burguesía independentista en oponerse a las leyes de cabotaje solo para eliminarlas del yugo de los yankis.
Para los comunistas el derrocamiento de este tipo de regulaciones debe ser impulsando hacia la necesidad de un proceso de socialización de la producción, basado en la administración de los productos que la sociedad determine como necesario para que entren y salgan del país. La regulación de las mercancías que entra y sale del país, debe estar bajo el control de la clase trabajadora y enmarcada bajo las necesidades de las mayorías que producimos.
En definitiva, debemos impulsar acuerdos comerciales en la realidad capitalista, pero redoblaremos esfuerzos para crear lazos con el proletariado a nivel internacional tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo, con el objetivo de impulsar un mercado equitativo en la distribución de bienes materiales. De otra forma, las leyes de cabotaje pueden ser reencarnadas en otras regulaciones que reproduzcan la apropiación de las riquezas por parte de los monopolios de las naciones más ricas del mundo.
Los/as trabajadores/as tenemos que tomar en serio la organización política de nuestra clase trabajadora, para así tomar control absoluto de la administración de la producción y distribución de bienes. En ese sentido, podríamos redirigir las ganancias colectivas hacia la adquisición de grandes medios de producción como barcazas, contenedores, grúas, entre otros, que puedan garantizarnos verdaderamente un desarrollo productivo en el país, en el que tengamos el poder político para planificar la producción equitativa de bienes, según las necesidades de toda la población y no bajo las necesidades de ganancias privadas de los parásitos capitalistas.
De manera que primero se satisfagan las necesidades de toda la sociedad y luego, cuando ya la población esta abastecida en abundancia de sus recursos primarios, se decide que llevaremos al mercado internacional. Para esto necesitamos una sociedad más productiva. El capitalismo por su necesidad de obtener ganancias en el menor tiempo posible no tendrá la capacidad de poder darnos esa sociedad. Resulta más que necesario en esta coyuntura, organizar a los trabajadores de los puertos y toda la clase trabajadora en consejos obreros que impulsen el derrocamiento de las leyes de cabotaje y su sistema capitalista que nos restringe ante el mundo con la privación de los recursos más básicos.